Derogan decreto de consentimiento explícito en los contratos
Mabel González
El ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, anunció ayer que el Ejecutivo derogará el Decreto Ley 153, emitido por el Ministerio de Economía en diciembre de 2013, más conocido como el reglamento de "consentimiento expreso" en contratos bancarios.
"Vamos a derogar el Decreto Ley 153 del Ministerio de Economía sobre manifestación de consentimiento expreso por parte de clientes en contratos financieros", informó el vocero de La Moneda.
El reglamento buscaba zanjar el marco legal en el que quedan las modificaciones a los contratos financieros, en especial las comisiones, luego de que hace poco menos de un año la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) derogó oficialmente las normativas que regían estos aspectos.
Desde entonces, la banca mantiene congeladas las comisiones, ya que según la Ley del Consumidor, cualquier cambio a éstas debe tener el consentimiento explícitamente declarado de los clientes.
El nuevo reglamento permitía a los bancos terminar su relación con los clientes que no aceptaran cambios a sus comisiones -y por ende, exigir el pago inmediato de toda su deuda- en un plazo de entre 60 y 90 días. Este punto fue criticado por asociaciones de consumidores, que recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnarlo, debido a que consideraban que la nueva normativa generaba una especie de consentimiento forzado a los clientes.
La derogación del decreto fue oficializada posteriormente por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien hizo hincapié en que la norma contravenía lo establecido en la ley del consumidor.
"Un compromiso fundamental de la Presidenta Michelle Bachelet es avanzar en el fortalecimiento de la protección de los consumidores. Un Chile de todos supone mercados que funcionen sin letra chica, sin abusos y donde todos los participantes sienten que son tratados de manera justa", dijo el titular de Economía.
En este contexto, apuntó que "hemos tomado esta decisión pues la actual reglamentación contraviene lo establecido en la ley de protección de los derechos de los consumidores, puesto que permite a los proveedores de servicios financieros terminar un contrato vigente si el consumidor no acepta los cambios en el contrato sin tener que establecer ninguna razón objetiva para la modificación de dicho contrato".
Céspedes anunció la elaboración de un reglamento nuevo "que proteja adecuadamente los derechos de los consumidores, habiendo previamente recogido la opinión de los actores relevantes", el que será enviado "a la brevedad".
Señaló que, tal como está comprometido en las medidas de los 100 primeros días, enviarán al Congreso un proyecto de fortalecimiento del Sernac que otorgue a este servicio las atribuciones reales y efectivas que le permitan fiscalizar, normar y sancionar las infracciones a la ley de los consumidores.
"Debemos seguir avanzando en establecer un mercado financiero desarrollado", aseveró el ministro de Economía.
La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) calificó como una medida "necesaria" la derogación del decreto. "Era necesario hacerlo por el impacto que podía tener para los consumidores un reglamento que transgredía la Ley del consumidor", afirmó el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, quien sin embargo, afirmó que "hay que establecer un procedimiento que sea validado tanto por los consumidores como por las empresas". En ese sentido, dijo, "creemos que sería mejor establecerlo por ley".
Frente a la derogación del decreto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hizo un llamado a "establecer, de una vez por todas, reglas claras y estables para la contratación masiva, buscando el equilibrio entre la protección a los consumidores y los intereses de los emisores de crédito". El secretario general del gremio, Cristián García-Huidobro, recalcó que en ese sentido "hemos dicho que es preferible contar con una ley y creemos posible aprobarla en breve, pero mientras ello no ocurra es necesaria la existencia de una norma regulatoria".