Mabel González

El Gobierno informó que el 31 de marzo próximo enviará al Congreso el proyecto de reforma tributaria, una de las prioridades de la nueva administración, con lo que, a juicio del ministro vocero, Alvaro Elizalde, se da "una clara y nítida señal de cumplimiento del programa".

"El compromiso que existe del Gobierno es realizar el mejor esfuerzo, cumplir íntegramente el programa suscrito y presentado a la ciudadanía en la pasada elección presidencial", afirmó Elizalde tras participar del primer comité político de la Presidenta Bachelet.

Elizalde explicó que el proyecto de reforma tributaria permitirá recaudar los recursos necesarios para "financiar la reforma educacional y satisfacer otras necesidad sociales".

Consultado por los alcances del proyecto de ley, Elizalde indicó que éstos se darán a conocer en el momento de la presentación. Sin embargo, remarcó que "hace realidad el principio de equidad tributaria, es decir, que los que tienen más contribuyan más".

El ministro señaló que, de esta forma, la Jefa de Estado ha estado avanzado en la concreción de las 50 medidas para los primeros 100 días de gestión, habiendo enviado al Congreso la semana pasada el proyecto del Bono Marzo permanente y ahora al ponerle fecha al ingreso de la reforma tributaria.

Sobre esta última resaltó, que "es adicionalmente una de las medidas estructurales concebidas para enfrentar con decisión la desigualdad y garantizar que los frutos del progreso lleguen a todos".

El coordinador de la Nueva Mayoría, Jaime Quintana (PPD), valoró que el Ejecutivo esté avanzando con prontitud en algunos proyectos, y aseguró que "en muchos de estos proyectos, incluida la reforma tributaria, va a seguirse el estilo que siguió la Presidenta durante la campaña, un estilo participativo donde se va a escuchar a la gente y será válido para otras reformas".

Elizalde también anunció que el Ejecutivo dará "suma urgencia" a la iniciativa que busca establecer el Acuerdo de Vida en Pareja (AVP), que no logró terminar su tramitación durante el mandato del ex Presidente Sebastián Piñera. "Es un proyecto que se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado, debiera ser votado en los próximos días", detalló Elizalde, y declaró que "nos interesa dar una clara señal política del Gobierno de la Presidenta Bachelet" respecto de la no discriminación.

Los parlamentarios del movimiento Amplitud Lily Pérez, Karla Rubilar y Joaquín Godoy manifestaron su disposición a respaldar los proyectos de AVP y de reforma tributaria. "Para Amplitud, este proyecto (AVP) es muy importante, fue uno de los proyectos emblemáticos del Presidente Piñera, y sabemos que le hubiese gustado a él promulgar esta iniciativa. No se pudo, en particular por reticencias de nuestro sector y lo reconocemos", dijo Rubilar.

"Este es un proyecto que nace del anterior gobierno del Presidente Piñera y estamos muy contentos y contentas en Amplitud que el nuevo Gobierno de la Presidenta Bachelet lo haya acogido, lo haga suyo, y por supuesto que va a contar con los votos totales de Amplitud", afirmó la senadora Pérez.

Tras esto, la parlamentaria fue tajante: "Hoy Amplitud tiene tres votos en la Cámara y uno en el Senado, que son decidores. Nosotros estamos por aprobarlo y le pedimos efectivamente a la Presidenta que mantenga la suma urgencia que sea necesaria y ojalá lo despache no más allá del primer trimestre de su Gobierno".

Junto con afirmar que "con los votos de Amplitud es suficiente", Godoy aseveró que el AVP "es algo de toda justicia. No puede haber diferencia entre personas que se aman, por eso creemos que el AVP es algo que da reconocimiento al amor y da reconocimiento a parejas que muchas veces están en la indefensión, no solamente homosexuales, sino que también heterosexuales".

El diputado Joaquín Godoy aseveró que "en Amplitud estamos abiertos al diálogo" para discutir el proyecto tributario del Gobierno. Agregó que la posición del movimiento será evaluar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, y que a partir del estudio que hagan del proyecto de reforma tributaria, presentarán "una contrapuesta que permita mejorar" la actual moción. "Sentimos que quizás el mejor paliativo para una recesión en el mundo no es el subir los impuestos indefinidamente, por eso tenemos que cuidar a las pymes", dijo.

Reforma tributaria Busca bajar el impuesto a las personas, incrementar el de primera categoría y eliminar el Fondo de Utilidades Tributables (FUT).

AVP Es un contrato entre dos personas, del mismo o distinto sexo, para regular los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común.

El coordinador de la Nueva Mayoría, senador Jaime Quintana (PPD), informó ayer que se retirarán en el Congreso algunos proyectos de ley impulsados por el Gobierno de Sebastián Piñera que no son parte de las reformas estructurales a las que apunta el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet. Con ello se busca poner el foco en las transformaciones que busca generar la administración.

Durante la primera reunión de comité político, donde participaron los presidentes de ambas cámaras del Congreso, junto a los líderes de los partidos de la Nueva Mayoría, el timonel del PPD valoró el encuentro que analizó temas legislativos y la instalación del Gobierno de la Nueva Mayoría.

"Una gran parte de esos proyectos van a ser retirados al interior de las comisiones para viabilizar que se despliegue efectivamente una agenda de transformaciones en los distintos ámbitos que la Presidenta Bachelet está impulsado", aseguró el vocero del bloque.

El timonel PPD recalcó que "la reforma tributaria es el barco donde va a navegar el programa de Gobierno y el que va a viabilizar gran parte de las reformas que la inmensa mayoría de los chilenos ha respaldado", agregando que "se trata de incorporar a las arcas fiscales recursos que son permanentes y necesarios para el financiamiento de los principales programas sociales".

El senador también enfatizó que "hemos constatado, los presidentes de los partidos, que aquí ha habido un Gobierno madrugador, activo, eficiente y muy presente en todos los ámbitos con un sentido de urgencia muy claro (…) Este sentido de urgencia no sólo tiene que ver con un conjunto de medidas, de reformas para los primeros 100 días, sino una reforma central para el gobierno, como es la reforma tributaria".

Respecto de la modalidad que tendrán las coordinaciones del bloque, afirmó que "hay mucho consenso, hay bastante unidad al interior de la Nueva Mayoría (...) estas discusiones tienen lugar en el Parlamento, es allí donde se van a discutir los proyectos".

Sobre los cuestionamientos a la nominación de algunos gobernadores, Quintana puntualizó que "hay un proceso de instalación del Gobierno que está en marcha, que aún no ha concluido, se han nominado más de 600 personas para cargos importantes en la administración".

El ministro secretario general de Gobierno, Alvaro Elizalde, anunció ayer que el Ejecutivo derogará el Decreto Ley 153, emitido por el Ministerio de Economía en diciembre de 2013, más conocido como el reglamento de "consentimiento expreso" en contratos bancarios.

"Vamos a derogar el Decreto Ley 153 del Ministerio de Economía sobre manifestación de consentimiento expreso por parte de clientes en contratos financieros", informó el vocero de La Moneda.

El reglamento buscaba zanjar el marco legal en el que quedan las modificaciones a los contratos financieros, en especial las comisiones, luego de que hace poco menos de un año la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) derogó oficialmente las normativas que regían estos aspectos.

Desde entonces, la banca mantiene congeladas las comisiones, ya que según la Ley del Consumidor, cualquier cambio a éstas debe tener el consentimiento explícitamente declarado de los clientes.

El nuevo reglamento permitía a los bancos terminar su relación con los clientes que no aceptaran cambios a sus comisiones -y por ende, exigir el pago inmediato de toda su deuda- en un plazo de entre 60 y 90 días. Este punto fue criticado por asociaciones de consumidores, que recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnarlo, debido a que consideraban que la nueva normativa generaba una especie de consentimiento forzado a los clientes.

La derogación del decreto fue oficializada posteriormente por el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, quien hizo hincapié en que la norma contravenía lo establecido en la ley del consumidor.

"Un compromiso fundamental de la Presidenta Michelle Bachelet es avanzar en el fortalecimiento de la protección de los consumidores. Un Chile de todos supone mercados que funcionen sin letra chica, sin abusos y donde todos los participantes sienten que son tratados de manera justa", dijo el titular de Economía.

En este contexto, apuntó que "hemos tomado esta decisión pues la actual reglamentación contraviene lo establecido en la ley de protección de los derechos de los consumidores, puesto que permite a los proveedores de servicios financieros terminar un contrato vigente si el consumidor no acepta los cambios en el contrato sin tener que establecer ninguna razón objetiva para la modificación de dicho contrato".

Céspedes anunció la elaboración de un reglamento nuevo "que proteja adecuadamente los derechos de los consumidores, habiendo previamente recogido la opinión de los actores relevantes", el que será enviado "a la brevedad".

Señaló que, tal como está comprometido en las medidas de los 100 primeros días, enviarán al Congreso un proyecto de fortalecimiento del Sernac que otorgue a este servicio las atribuciones reales y efectivas que le permitan fiscalizar, normar y sancionar las infracciones a la ley de los consumidores.

"Debemos seguir avanzando en establecer un mercado financiero desarrollado", aseveró el ministro de Economía.

La Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) calificó como una medida "necesaria" la derogación del decreto. "Era necesario hacerlo por el impacto que podía tener para los consumidores un reglamento que transgredía la Ley del consumidor", afirmó el presidente de la Conadecus, Hernán Calderón, quien sin embargo, afirmó que "hay que establecer un procedimiento que sea validado tanto por los consumidores como por las empresas". En ese sentido, dijo, "creemos que sería mejor establecerlo por ley".

Frente a la derogación del decreto, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) hizo un llamado a "establecer, de una vez por todas, reglas claras y estables para la contratación masiva, buscando el equilibrio entre la protección a los consumidores y los intereses de los emisores de crédito". El secretario general del gremio, Cristián García-Huidobro, recalcó que en ese sentido "hemos dicho que es preferible contar con una ley y creemos posible aprobarla en breve, pero mientras ello no ocurra es necesaria la existencia de una norma regulatoria".