Un cuaderno de anotaciones se transformará en una pieza fundamental para aclarar el millonario robo de concentrado de cobre perpetrado por una banda de más de 20 personas.

No hay un cálculo exacto de las pérdidas, pero si datos que contribuirán a conocer cómo la banda pudo efectuar un robo millonario sin mayores inconvenientes durante dos años. "El cálculo se hace en base a anotaciones que mantenía el líder de la banda en un cuaderno y de eso se hizo una proyección mensual por dos años. Él mantenía información del 2011. Aparecen detalles de los pagos. Todavía continúa la investigación. Está todo establecido mediante fechas. Hay documentación que acredita la entrega", explicó el subprefecto de la PDI, Rolando Garay, jefe de la Bicrim de Chañaral.

También hay antecedentes de cómo operaría la banda. "El cabecilla tenía su padrón para vender material en Enami, porque tenía dos o tres pertenencias mineras, más una procesadora de material a base de eso blanqueaba el material y lo vendía a Enami".

No sólo el cuaderno será una pieza clave en el puzzle para determinar el monto del robo, también los balances de las empresas. "Tenemos información que nos puede dar un indicativo, pero personal de contabilidad de Codelco Chile está haciendo los balances respectivos. Debemos hacer el cotejo de información con la entrada de material robado a Enami Copiapó, se va a hacer todo un cruce de información y vamos a estar cercanos al avalúo total. Está sujeto a análisis contable por parte de Codelco, la gente de Escondida y se tiene que hacer un cruce de información con el material adquirido por Enami".

En tanto, ayer personal de la PDI logró la detención de cuatro personas que estarían implicadas en el ilícito, entre ellos Erik Larraguibel, padre de Faloon Larraguibel, la conocida ex chica Yingo. "El personal de la PDI de Chañaral y el Ministerio Público de Diego de Almagro estaba desarrollando una investigación relacionada con la sustracción sistemática de concentrado de cobre desde la empresa Minera Escondida con destino a la Fundición Potrerillos dependiente de Codelco Salvador. En esta investigación, por el delito de robo en Bienes Nacionales de uso público y asociación ilícita, la PDI hasta el minuto ha puesto a disposición de la Fiscalía a 22 personas. Están involucrados diferentes actores, entre ellos transportistas de una empresa, particulares y personal de una empresa prestadora de servicios en la División Coldelco Salvador", explicó.

El subprefecto explicó con mayor detalle la forma de operar. "Salía el material en camiones desde la empresa Escondida en Antofagasta, en el camino había una coordinación entre los diferentes actores de la organización. Se igualaba el material o la carga por una de muy mala calidad, la cual era presentada posteriormente en la fundición, engañando y perjudicando la producción de Codelco Chile División Salvador".

El subprefecto explicó que hasta el momento se ha podido establecer que los presuntos implicados recibían una remuneración por cada uno de los ilícitos cometidos, se calcula que algunos ganarían cerca de 2 millones 500 mil pesos por cada viaje. A su vez el personal prestador de servicios de Codelco estarían coludidos para la recepción y no ser detectados, porque al poco andar ellos hacían el trasvasije y mezclaban material de buena calidad entregado por otras empresas de transportes y de esa forma disimulaban la situación.

Luego de ello, el material era entregado directamente en dependencias de Enami Copiapó para ser reducido. Una carga de un camión con concentrado de cobre está calculado en $60 millones, por lo tanto, el avalúo es millonario.

La investigación comenzó a desarrollarse luego que se tuvo conocimiento del robo de material minero desde los camiones pertenecientes a una empresa de la Región de Antofagasta, vehículos que tenían la tarea de realizar el traslado hasta la fundición de Potrerillos en El Salvador.

Respecto del caso el fiscal (s) de Diego de Almagro, Pablo Silva, indicó que se logró determinar que los vehículos eran detenidos en un lugar solitario de la ruta para luego realizar el trasvasije de la carga con maquinaria especialmente habilitada para cumplir con esta tarea. "Una vez que se concretaba el cambio del material el camión era cargado nuevamente con concentrado de cobre, pero de menor ley que el sustraído para luego continuar con su trayecto original", indicó.

Mediante un comunicado de prensa, Codelco informó que "la Fiscalía de Diego de Almagro está investigando una organización criminal dedicada a robar concentrados de cobre pertenecientes a una empresa minera privada de la Segunda Región durante su traslado a la fundición Potrerillos. Este traslado se realizaba por camiones contratados por la compañía dueña del mineral y el robo ocurría antes de llegar a las dependencias de la División".

La empresa está dispuesta a contribuir en el esclarecimiento del hecho. "División Salvador está colaborando plenamente con la investigación de la Fiscalía para aclarar los hechos y para que todos los involucrados sean llevados a la justicia. Además, iniciará todas las acciones necesarias para obtener las compensaciones por los perjuicios que este fraude generó en sus intereses. De esta manera, la División cumple con su obligación de cuidar los recursos que pertenecen a todos los chilenos", continúa el comunicado de la estatal.

En tanto, Enami informó respecto al proceso de "la compra de minerales y productos mineros que efectúa Enami se rige por las disposiciones contenidas en el Reglamento de Compra, que establece las condiciones de la transacción en lo referente a leyes, pesaje, muestreo y pago, entre otras materias y que es sancionado por el directorio de la empresa. Previamente se debe empadronar la faena, proceso en el cual se verifica que se cuenta con derecho o título suficiente para enajenar los minerales o productos objeto del negocio".

Entre las exigencias, se debe acreditar que la faena se encuentra vigente en términos legales, que cuenta con autorización para su funcionamiento por parte del Sernageomin y no tiene deudas vencidas con Enami.

Respecto al ilícito la empresa señaló que no tiene responsabilidad. "Nos enteramos por la prensa. Colaboraremos en la medida que el Ministerio Público lo requiera", concluyen.

Cinco fueron los delitos que la Fiscalía de Atacama imputó al detenido que aparece como responsable de la muerte de un poblador copiapino, quien perdió la vida el pasado 12 de enero luego de recibir un impacto de bala mientras caminaba por un pasaje de la población Jotabeche. Causando además lesiones de bala en otras dos personas.

Fue personal de la PDI la que logró su detención y tras las primeras diligencias se estableció que tenía en su poder un revolver marca Taurus, calibre 32 milímetros, con dos cartuchos en su cilindro, cinco cartuchos nueve milímetros y seis gramos de cocaína base.

Respecto del caso el fiscal jefe de Copiapó, Gabriel Meza, indicó que desde la noche misma en que ocurrieron los hechos las diligencias ordenadas por la Fiscalía y las primeras declaraciones recabadas en el sitio del suceso permitieron conocer el apodo del imputado, por lo que desde ese momento las tareas investigativas estuvieron dirigidas a dar con su paradero.

"Fue así como se obtuvieron antecedentes respecto de la ubicación del imputado, quien fue individualizado como V.A.G.S. (21), quien permanecía en un domicilio del sector alto de Copiapó. Hasta el lugar concurrió personal policial quien luego de ser autorizados hicieron ingreso al lugar consiguiendo la aprehensión de esta persona", dijo el fiscal.

Gabriel Meza agregó que en el lugar se logró incautar además un arma de fuego, municiones de distinto calibre y droga, antecedentes que fueron agregados a la carpeta investigativa de este caso. En la audiencia desarrollada este viernes la Fiscalía formalizó al imputado por los delitos de homicidio simple en grado de consumado, homicidio simple en grado de frustrado, lesiones graves, porte de arma de fuego y municiones y microtráfico. Pidiendo la Fiscalía la medida cautelar de prisión preventiva en contra del detenido, solicitud a la que accedió el juez de turno determinando además un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación.

Respecto a los motivos que el detenido habría tenido para cometer estos delitos, el fiscal Meza indicó que el agresor mantenía problemas personales con la víctima situación que originó el ataque que finamente acabó con la vida de Jorge Lagunas Aguirre.