Secciones

AFP estatal irá al Congreso en 100 primeros días

E-mail Compartir

La futura ministra del Trabajo, Javiera Blanco, dijo ayer que la creación de una AFP estatal, la reforma previsional y la eliminación del multirut estarán entre los primeros objetivos de su labor a cargo de esa cartera.

"El plazo está establecido dentro de los primeros 100 días. Si uno saca la cuenta más o menos cae por el 10 de junio", dijo respecto de una iniciativa que abra el camino al ingreso del Estado a la industria de las AFP.

Blanco destacó también que entre los desafíos para los primeros 100 días de gobierno se encuentra el programa de capacitación para 300 mil mujeres y el envío de una indicación sustitutiva para acabar con el multirut. "Esperamos la mayor parte de estos esfuerzos y estos compromisos hacerlo lo antes posible, pero la ventana que nos hemos dado es los primeros 100 días", comentó.

La próxima ministra del Trabajo sostuvo ayer un encuentro con la futura Mandataria esta mañana y que se desarrolló por cerca de casi dos horas, en la sede ubicada en la comuna de Providencia.

"Tenemos una agenda intensiva, completa, ambiciosa. Estas reuniones se enmarcan en la normalidad de un gobierno", dijo Blanco.

CSAV asume el pago de US$ 8,9 millones por causa monopólica

E-mail Compartir

La Compañía SudAmericana de Vapores (CSAV) se declaró culpable de conspirar para fijar precios en el mercado naviero y pagará una multa de US$ 8,9 millones al Gobierno de Estados Unidos. Según el Departamento de Justicia estadounidense.

Los fiscales del Departamento de Justicia dijeron en un comunicado que la empresa había conspirado para eliminar competencia en el mercado internacional de transporte marítimo de carga como autos y camiones desde y hacia Estados Unidos.

Luego de oficializarse la sanción, la CSAV envió un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) para explicar que el directorio de la empresa instruyó "brindar la máxima colaboración en relación con cualquier investigación que tenga por objeto determinar la existencia de ilícitos anticompetitivos, relacionados con acuerdos de cooperación en materia de precios y reparto de clientes entre compañías navieras, en el transporte de vehículos (car carrier)".

La firma reconoció que firmó un acuerdo (denominado Plea Agreement), con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, por el cual aceptó pagar US$ 8,9 millones.

De acuerdo a la empresa, "esta multa no tiene efecto en los resultados de CSAV, dado que la provisión ya efectuada por la compañía al 31 de marzo de 2013 cubre ese monto".

Según la demanda presentada en una corte en el distrito de Maryland (Baltimore), la CSAV aspiraba a suprimir y eliminar la competencia asignando rutas y clientes, manipulando licitaciones y fijando precios para la venta de servicios de carga marítima internacional. La empresa habría participado en la conspiración entre enero del 2000 y septiembre del 2012. La compañía habría accedido a colaborar con la investigación, según una publicación del sitio Maritime-executive.com.

La CSAV, controlada por la familia Luksic, ha enfrentado pérdidas causadas por bajas tarifas de fletes y altos precios del combustible.

En septiembre de 2012, la empresa informó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que recibió requerimientos de información de parte de autoridades del Gobierno de Estados Unidos y de la Oficina de Competencia de Canadá.

La compañía explicó a través de comunicados en ese entonces que "de acuerdo a la información recabada, dichas investigaciones tienen por objeto indagar la existencia de ilícitos anticompetitivos relacionados con acuerdos de cooperación en materia de precios y reparto de clientes entre compañías navieras en el transporte marítimo de vehículos".

Durante las últimas semanas salió a la palestra la confirmación por parte de la naviera alemana Hapag-Lloyd de las negociaciones con la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV). Entre las opciones que se evalúan está la posible fusión de las actividades entre ambas compañías, dijo la naviera alemana.

El 2009, la división Lan Cargo de la actual Latam Airlines inició tratativas que derivaron en un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y pagar US$ 88 millones, tras la investigación en ese país por infracciones a la normativa de libre competencia. El caso se refería a la fijación del precio de combustible y otros cobros, que involucraba a más de 30 aerolíneas internacionales.