S in duda la generación de energía es fundamental para asegurar la ejecución de los proyectos mineros que están en carpeta para la región de Atacama. Autoridades regionales y comunales han coincidido que el desarrollo de la economía de la zona depende de la energía y es por esto que se ha puesto énfasis en la generación de proyectos energéticos alternativos y también las cuestionadas termoeléctricas.

El seremi de Energía de Atacama, José Ignacio Alliende, sostuvo que el panorama energético, a largo plazo, se vislumbra auspicioso para la región de Atacama.

Además destacó que "de concretarse la central termoeléctrica Punta Alcalde, permitirá disponer de energía a precios competitivos y ayudará a descomprimir algunos proyectos mineros que se encuentran trabados en la región por falta de suministro ".

Asimismo, precisó que la aprobación de proyectos de energías renovables, en especial los de generación fotovoltaica por 743 MW, "ayudarán a diversificar la matriz eléctrica, aunque se debe considerar que pese a la gran cantidad de iniciativas aprobadas ambientalmente, existen restricciones en la capacidad de transmisión, lo cual hoy no hace posible la conexión de todos ellos a la red. Esta situación se irá disipando en el mediano plazo, con las inversiones ya comprometidas en este segmento, y que entrarán en operaciones en los años 2017 y 2018".

La región de Atacama concentra inversiones por más de 7.518 millones de dólares en generación de energía solar, al mantener 16 iniciativas con aprobación ambiental para su construcción en el mediano plazo, y otras 23 en evaluación, lo cual confirma sus posibilidades de diversificar su matriz eléctrica en el Sistema Interconectado Central (SIC).

Desde 2010 a la fecha los proyectos aprobados (que sobre los 3 MW deben someterse a evaluación) suman una potencia instalada de 853 MW, el equivalente al consumo de más de 800 mil casas.

En el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) actualmente se tramitan otros 23 proyectos fotovoltaicos. De ese total, 16 se presentaron en diciembre de 2013. Mientras que el resto lo hicieron entre junio y noviembre. Las inversiones se materializarían en las comunas de Chañaral, Diego de Almagro, Copiapó, Tierra Amarilla y Vallenar, con la ventaja de estar cercanos a los puntos de conexión para entregar energía renovable al SIC.

Entre todos suman una capacidad de 2.662 MW y una inversión de 5.577 millones de dólares. Una gran mayoría de ellos pretende ubicarse en terrenos que suman una superficie de 7.753 hectáreas.

Durante el 2010, Guacolda con la expansión de la unidad 4 completó un período de crecimiento en el que duplicó su capacidad instalada a un total de 608 MW. En ese periodo se consolidó como una de las generadoras más relevantes del país, lo que le permitía abastecer el 100% de la demanda máxima de las regiones de Atacama y Coquimbo, situación que hoy es distinta dado la alta demanda de los sectores.

Uno de los proyectos que se espera que ayude con la reserva eléctrica en la zona es el cuestionado Punta Alcalde. La Central contempla la construcción y operación de dos unidades generadoras, sumando una capacidad instalada total de 740 MW. La energía total que es capaz de producir la central equivaldrá a lo que consumen en promedio 890 mil casas al año.

Para producir electricidad, Punta Alcalde utilizará como combustible carbón, de un tipo denominado bituminoso o sub-bituminoso. Este combustible es viable y eficiente para su empleo con las nuevas tecnologías de generación eléctrica en a base de carbón. Este carbón contiene un máximo de 1,8% de azufre, a diferencia de otros combustibles como el petcoke, que puede llegar a tener hasta 6%, lo que permite asegurar un óptimo funcionamiento del sistema desulfurizador para no exceder los límites de emisión exigidos para SO2. El proyecto contempla la construcción de un muelle mecanizado para descargar el carbón, la habilitación de canchas de acopio de dicho mineral y la habilitación de un vertedero para la disposición de cenizas y escorias resultantes del proceso. La construcción del proyecto contempla una duración de 9 años, ya que las dos unidades generadoras se instalan en etapas, una a continuación de la otra. Además ya se prepara el plan de transmisión de 44 kilómetros .

El rechazado proyecto Castilla incluía una inversión de US$ 4.500 millones para la construcción de una central termoeléctrica que funcionaría con carbón y petróleo, y que inyectaría 2.100 MW al Sistema Interconetado Central (SIC)

La empresa Barrick por su proyecto Pascua Lama es acreedora de la mayor multa ambiental cursada por un organismo de la administración chilena. Según lo publicado por el Diario de circulación nacional, La Segunda, la empresa fue sancionada con 16 millones de dólares por infracciones en su proyecto binacional ( Chile- Argentina).

Cabe destacar que la multa cancelada por Barrick tuvo un descuento de 25% por pagarla antes de cinco días hábiles de firmada la sanción. Por eso la minera terminó depositando $5.801 millones, unos 1,8 millones de dólares, en la cuenta de la Tesorería General de la República.

Las empresas mineras encabezan ranking de procesos sancionatorios de la superintendencia de Medio Ambiental. Para el balance, las compañías del sector suman multas por US$22,8 millones, pero en su mayoría han sido apeladas en los tribunales ambientales.

Si bien esta multa ya fue pagada, no se considera ejecutoriada ya que contrarios al proyecto recurrieron a tribunales ambientales para pedir que la sanción sea más elevada.

La segunda mayor sanción dictada por la superintendencia fue impuesta a la también minera canadiense Kinross por incumplimientos en su proyecto de oro Maricunga. La SMA multó con US$4,5 millones a la compañía.

Según el informe de División de Desarrollo Estratégico y Estudios (octubre 2013) de la Superintendencia de Medio Ambiente, Barrick presentaba una multa de 16.000 UTA por infracciones en el artículo 35 en la LO SMA. En esto destaca el incumplimiento de condiciones, normas y medidas establecidas en la RCA, incumplimientos de normas e instrucciones generales de la SMA, incumplimiento de los requerimientos de información que la Superintendencia dirija a los sujetos fiscalizados e incumplimientos de obligaciones derivadas de medidas provisionales previstas en el artículo 48 de la LO SMA.

En la distribución regional de sectores, se identifico en la zona norte que el sector productivo minero el más fiscalizado: en la zona centro, predomina la fiscalización de los proyectos de Saneamiento Ambiental y por último, en la zona sur las actividades de fiscalización se concentran en mayor medida en proyectos de Pesca y Acuicultura.