El Gobierno tilda de "infundadas" las acusaciones por contratos
El Gobierno descalificó las denuncias de parlamentarios opositores sobre contratos con que la actual administración estaría beneficiando a ex candidatos oficialistas, mientras la oposición anunció que oficiará a la Contraloría para que investigue al menos 15 de estos acuerdos por asesorías y se pronuncie sobre 500 concursos de contratación de personal.
A través del ministro secretario general de Gobierno (S), Mauricio Lob, La Moneda desestimó las acusaciones hechas por personeros de la Democracia Cristiana sobre contratos entre la actual administración y ex candidatos parlamentarios. "Son infundadas y poco serias", dijo el ministro (S).
El vocero (S) dijo que "es perfectamente normal que personas que cumplieron como funcionarios públicos y que dejaron sus labores para competir en una carrera electoral, una vez que dejen esa contienda, se reintegren a esas funciones o a otras que sean requeridas en la medida que cumplan con esa labor".
Lob recordó que en la página de Transparencia se puede apreciar lo ocurrido entre 2009 y 2010 "para darse cuenta de que varios correligionarios del señor (Gabriel) Silber y del diputado (Fuad) Chaín, y miembros de la Concertación fueron recontratados por el Gobierno de Bachelet, en ese minuto".
Ayer, el presidente (S) de la DC, Fuad Chaín, anunció que recurrirá a la Contraloría para que revise los contratos de al menos 15 ex postulantes al Congreso y de unos 500 concursos públicos, que calificó de "amarre", efectuados por la actual administración.
A propósito de los funcionarios contratados en las postrimerías de las administraciones de los ex Presidentes Lagos y Bachelet, Lob recalcó que "la futura Presidenta dio una "Beca Michelle Bachelet" a esos funcionarios y el ex Presidente Ricardo Lagos lo habría hecho en 2005 con cerca de 35 funcionarios, según consta en estudios publicados por ex integrantes de la propia Secretaria General de la Presidencia del Gobierno de Bachelet".
De acuerdo al vocero (S) de La Moneda, "da la impresión de que hay un intento evidente por montar una cortina de humo y disparar la bandada para de esa forma tapar los propios errores que está viviendo la Nueva Mayoría", haciendo referencia a la polémica por las designaciones de las futuras autoridades del Gobierno y que desde la Alianza, advierten, se buscan dejar en segundo plano con las acusaciones al Ejecutivo.
"Creo que están subiendo el volumen para tapar el silencio de sus propias autoridades respecto de los errores que están cometiendo con las designaciones de las futuras autoridades", indicó Lob, haciendo un símil entre las denuncias opositoras por supuesto intervencionismo electoral en la elección presidencial pasada y la actual. "Otra vez son denuncias poco serias e infundadas", comentó.
En la misma línea, el senador (RN) Francisco Chahuán dijo a CNN Chile que la ofensiva opositora es una "cortina de humo" para tapar los problemas del pacto opositor con la designación de sus futuras autoridades.
"Las denuncias son al voleo y las cortinas de humo no son válidas. Luego de una elección las personas no pierden sus capacidades profesionales", agregó el senador. El parlamentario añadió que el parece bien que exista un pronunciamiento de la Contraloría la respecto.
Los diputados de la Democracia Cristiana Fuad Chahín y Gabriel Silber dijeron que van a presentar ante la Contraloría antecedentes de al menos 15 personas que tras perder en las pasadas elecciones parlamentarias de noviembre pasado, aparecieron contratadas en diversas instituciones públicas para realizar asesorías.
El caso comenzó a ganar notoriedad el pasado fin de semana cuando se conoció que el ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, fue contratado por el Ministerio de Salud para realizar una asesoría por dos meses, por un sueldo mensual cercano a los dos millones de pesos.
"No es ni ético ni estético. Vamos a solicitar un informe pormenorizado de cada una de las actividades que han realizado estos candidatos derrotados. Tenemos que ser extremadamente celosos de los recursos públicos, y estos no pueden servir de premio de consuelo", dijo Chahín.
El parlamentario rechazó que busque "entrar en una caza de brujas". "Lo que queremos es dar pie a una investigación, y no descartamos constituir una comisión que así lo haga a partir de marzo", agregó.
El subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo, defendió las contrataciones de candidatos al Parlamento que perdieron en las pasadas elecciones del 17 de noviembre para realizar asesorías, entre quienes se cuenta -entre otros- al ex alcalde de Pablo Zalaquett y la ex seremi de Salud, Rosa Oyarce.
Según la autoridad, todos los contratados son personas calificadas para estas labores. "Todos ellos están trabajando activamente, en forma lícita, con un alto estándar, con plena satisfacción nuestra, por la calidad del trabajo que realizan, de manera que del punto de vista laboral, ético, clínico, tienen más que nuestro respaldo porque hacen un trabajo de alto estándar", indicó.
La polémica surgida por este tipo de contratos fue calificada como "una vergüenza" por la presidenta (S) de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), Nury Benítez. "Las instituciones públicas el premio de consuelo a perdedores. Han usado al Estado a su amaño, esto es una vergüenza", dijo. La dirigente agregó que "no es posible que el Gobierno contrate con esos salarios "que se lo quisieran los funcionarios de carrera, a contrata y a honorarios".