El 98,1% de los votantes egipcios aprobó una nueva constitución, respaldada por los militares. Así informó ayer la comisión electoral de Egipto, en lo que constituyó la primera votación realizada en el país desde el golpe que derrocó al ex presidente islamista Mohammed Morsi.

El referendo de dos días era considerado clave para legitimar al actual gobierno interno, comandado por los militares, y el resultado no fue una sorpresa porque las autoridades lo promocionaron ampliamente. Pero la participación de los votantes, apenas un poco mayor que en una votación realizada el año pasado con el apoyo del gobierno del destituido Morsi, sugiere que Egipto sigue profundamente dividido.

La Suprema Comisión Electoral de Egipto informó también que 38,6% de los más de 53 millones de ciudadanos con capacidad de voto en la nación participó en la consulta de dos días, el miércoles y jueves. El juez Nabil Salib, presidente de la comisión, dijo que esto equivale a 20,6 millones de personas que depositaron su voto y a 20,3 millones de sufragios contados después de eliminar los anulados.

Por otro lado, activistas y grupos observadores han manifestado su preocupación por la atmósfera que rodeó la votación. El grupo estadounidense Democracy Internacional dijo que hubo "arrestos y detención de voces disidentes" antes de la votación. "Una transición democrática debe caracterizarse por una expansión de las libertades, pero los egipcios están viendo sustanciales restricciones al ejercicio de sus derechos democráticos", dijo Eric Bjornlund, presidente de Democracy International y jefe de la misión de observación.

Cabe destacar que antes de la votación, la policía arrestó a los que hacían campaña a favor del "no" en el referendo, dejando poco espacio para cuestionar el documento.

Lord McAlpine, que fue vicepresidente del Partido Conservador británico en la década de 1980 y tesorero de la ex primera ministra Margaret Thatcher, ha fallecido a los 71 años en Italia.

Alistair McAlpine, que volvió a la actualidad recientemente por demandar por difamación a miles de tuiteros por acusarle falsamente de pederastia, "murió anoche en paz en su casa de Italia", indicó ayer la familia en un escueto comunicado.

Antiguo miembro de la Cámara de los Lores, estaba retirado desde hacía años de la política activa, después de desempeñar cargos relevantes en los años 80 y 90, especialmente como tesorero de Margaret Thatcher (1979-1990) y vicepresidente del Partido Conservador desde 1979 hasta 1983.

Por otro lado, el primer ministro británico, David Cameron, lamentó ayer la muerte de su destacado correligionario, al que calificó como "un dedicado defensor de Margaret Thatcher y del Partido Conservador". Desde hace unos años, ya apartado de la política, residía en Puglia (Italia).

Este viernes el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló en el Departamento de Justicia que limitará la forma en que los funcionarios de inteligencia, específicamente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), tienen acceso a los registros telefónicos de cientos de millones de personas en su país y que más adelante sacará la recolección de esta información de manos del gobierno.

En ese sentido, su promesa de poner fin a que el gobierno almacene la información sobre las llamadas telefónicas de los ciudadanos del país, y la exigencia de una revisión judicial para estudiar esa información, fue recibida con escepticismo por defensores de la privacidad y algunos legisladores.

Precisamente a los integrantes del Congreso estadounidense, fue el llamado que hicieron los demócratas el día de ayer, para discutir y aprobar la iniciativa impulsada por Obama.

"Alentamos a la Casa Blanca a que envíe al Congreso proyectos de ley con los cambios propuestos por el presidente para debatirlos debidamente", dijo la senadora Dianne Feinstein, demócrata por California.

"Es hora de que el Congreso dé el siguiente paso aprobando una ley que limite debidamente estos programas", señaló también el representante Bobby Scott, demócrata por Virginia y miembro de la Comisión Judicial de la Cámara.

Por otro lado, el presidente Obama reconoció que estaba indeciso entre cómo proteger el derecho a la privacidad y cómo proteger a Estados Unidos de ataques terroristas, que según los funcionarios es el principal propósito de los programas de espionaje. "El reto es afinar bien los detalles, y eso no es sencillo", admitió el viernes, Obama.

El presidente norteamericano además señaló que sus propuestas "deben dar al pueblo estadounidense una mayor confianza en que sus derechos están protegidos mientras las organizaciones de inteligencia y policiales cuentan con las herramientas que necesitan para protegernos".

Finalmente, Obama reconoció que queda más por hacer, pero dejó los detalles de los cambio en manos del Congreso estadounidense.

Cabe señalar que el programa actual, autorizado a tenor con la Sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, permite al gobierno federal leer o escuchar los mensajes y conversaciones telefónicas en el extranjero mientras que no sean de ciudadanos estadounidenses.

El discurso de Obama se había anticipado desde que Edward Snowden, ex analista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) se llevó unos 1,7 millones de documentos relacionados con la vigilancia y otras operaciones de la NSA y se los entregó a varios periodistas del globo. Las revelaciones provocaron un debate sobre si los ciudadanos están dispuestos a entregar su privacidad a cambio de la recopilación de información de inteligencia sobre sospechosos de terrorismo.