El Gobierno argentino anunció ayer que enviará un millar de agentes federales para reforzar la seguridad en la provincia de Córdoba (centro) ante el riesgo de nuevos motines policiales, como los que a principios de diciembre derivaron en una ola de violentos saqueos.

Por instrucción de la Presidenta Cristina Fernández, la Secretaría de Seguridad dispuso el envío de mil agentes federales "en materia de seguridad preventiva, frente a eventuales acciones por parte de la policía de Córdoba", explicó el jefe del Gabinete de ministros, Jorge Capitanich. "La seguridad pública es competencia de las provincias. En este sentido, el gobernador (cordobés) José Manuel de la Sota ha hecho un requerimiento formal para la actuación por parte de las fuerzas de seguridad federales", aclaró Capitanich.

"En consecuencia, se establece un mecanismo de prevención, pero lo que tiene que quedar claro es que nadie que porte armas en resguardo de la seguridad ciudadana puede extorsionar a los gobiernos", añadió el ministro.

Capitanich destacó que la intención del Gobierno es mostrar un apoyo "contundente" para evitar cualquier medida de "carácter extorsivo" y hacer valer el orden institucional frente a las amenazas de nuevas huelgas policiales. Recordó que el Tribunal de Conducta policial de Córdoba sancionó el miércoles a cuatro agentes por promover acuartelamientos. Los policías cordobeses iniciaron una huelga el pasado 3 de diciembre en reclamo de aumentos salariales y mejores condiciones de trabajo.

Ante la ausencia de agentes en las calles, una oleada de saqueos se extendió sobre la capital y dejó dos muertos y doscientos heridos.

El fiscal Rául Garzón, uno de los persecutores que investiga las causas iniciadas por los saqueos ocurridos en Córdoba en diciembre pasado, ordenó la detención de 16 policías por presuntos delitos cometidos durante el autoacuartelamiento, que derivó en un caos social en la provincia y generó un efecto réplica en otros puntos del país. Según destacó el diario "Clarín", los efectivos fueron imputados por los delitos de "desobediencia a la autoridad" e "instigación a cometer delitos".