Conaf identificó 42 zonas de riesgo de incendios forestales a lo largo de Chile, el estudio fue elaborado por el Departamento de Prevención de la Gerencia de manejo del fuego, clasificando los sectores con riesgo crítico, alto y medio entre los cuales se encuentran zonas que abarcan desde la región de Atacama hasta Magallanes.

De acuerdo con el estudio las comunas de Tierra Amarilla y Vallenar se consideran de riesgo medio para la ocurrencia de estos siniestros, luego de la información histórica recopilada por Conaf.

Atacama no es ajena a la ocurrencia de estos eventos, es así que según el catastro de Conaf, existen más de tres mil hectáreas de bosque nativo, los cuales se concentran en su mayoría en la provincia del Huasco y presentan alguna categoría de riesgo para la ocurrencia de incendios.

Al respecto el director regional de Conaf Diego Morales señaló que "si bien en nuestra región la ocurrencia de estos siniestros es menor, de todas formas se reúnen una serie de condiciones de riesgo que pueden gatillarlos, una permanente escasez hídrica, presencia de combustible vegetal, una alta temperatura y un aumento de la población regional, elementos que nos hacen reforzar las acciones de prevención.

En Chile los incendios forestales tienen su origen, casi en su totalidad, en el ser humano y sus actividades. La mayoría es ocasionado por descuidos o irresponsabilidad en la manipulación de fuentes de calor en presencia de vegetación combustible, por una escasa cultura ambiental o por intencionalidad originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva.

El director regional de Conaf afirma que "en el 99.9% de ocurrencia de incendios forestales, está la mano del ser humano, en forma negligente por ejemplo a través de la quema de basura, por fogatas mal apagadas o por lanzar colillas de cigarro desde un vehículo en movimiento, así como también en forma intencional, simplemente con el afán de causar daño al medio ambiente y a la propiedad pública y privada. Las personas que provocan los incendios forestales no dimensionan el enorme daño ecológico, social y económico que sus acciones generan al país y a nuestro medio ambiente".

La actual legislación permite perseguir estos ilícitos a través del código penal y de algunos tipos penales incorporados en febrero del 2013 en la Ley de Bosques con lo cual los infractores arriesgan penas que van desde 61 días a 5 años de presidio, y en caso de comprobarse delito doloso esta puede llegar a 20 años. La fiscalización es responsabilidad de Carabineros.

En el caso de uso del fuego contraviniendo la ley y el reglamento y que genere incendio forestal, la pena fluctúa entre 541 días y tres años y una multa que oscila entre 50 y 150 Unidades Tributarias Mensuales.

Durante el periodo ocurrieron incendios forestales de alto impacto regional, el 22 de junio del 2012 el fuego arrasó con más de 30 hectáreas de matorrales, pastizales y bosques en el sector de Piedra Colgada. 20% correspondió a chañares, algarrobos pimientos que fueron quemados casi en su totalidad.

El 7 de diciembre del 2012 un incendio de pastizales en Freirína quemó una superficie de 15,8 hectáreas y afectó a 3,3% de bosque nativo, 14,1% de plantaciones de eucaliptus, 29,6% de matorrales y 53% de área compuesta de pastizales.

El año 2013 no estuvo exento de estos episodios, durante noviembre un incendio en la localidad de Los Loros afectó a 44 hectáreas de terreno agrícola, parronales y árboles nativos.

Tras los hechos ocurridos y bajo esta premisa, la región de Atacama resolvió reimpulsar el Programa de Manejo del Fuego (PMF), adoptado en septiembre de 2012. En años anteriores, se contaba con programas de manejo del fuego en forma discontinua e irregular y funcionando con escasos recursos y medios.

El director de Conaf mencionó que "en Atacama frente a los incendios forestales que han acontecido, hemos contado con la colaboración de personal de Conaf Coquimbo, sin embargo el control de estos es abordado principalmente por Bomberos, los cuales cumplen un rol notable y que valoramos enormemente. El año pasado se implementó un moderno Sistema de Avisos de Quema (SAQ), se instalaron oficinas receptoras en Carabineros, se capacito a funcionarios del municipio de Alto del Carmen en técnicas de combate. Nuestra principal meta es lograr consolidar en la región un Programa de prevención de incendios forestales y fortalecer las acciones conjuntas con ONEMI, Bomberos, Carabineros y Ejercito de Chile".

La Senadora de Atacama, Isabel Allende, reiteró su preocupación por la situación de incertidumbre que atraviesan los trabajadores de Codelco que se verán afectados con el cierre de la línea de óxidos de la estatal.

Al respecto señaló que "así como expresé hace un par de días mi valoración por el proyecto Rajo Inca, hoy quiero manifestar mi pesar por el anuncio de Codelco sobre el cierre de su línea de óxidos. Esto dejará a muchas personas en una situación laboral incierta, y por este motivo, he solicitado a la empresa que detalle los motivos técnicos y económicos que propiciaron esta decisión".

La parlamentaria agregó que "también es importante saber qué hará la empresa para mitigar el efecto negativo que pueda generarse en la comunidad, ya que la responsabilidad con el territorio que tiene Codelco es aún mayor por tratarse de una empresa estatal. Estoy segura que la ciudadanía local espera que sea consecuente con su rol social y haya proyectado medidas de mitigación frente al cierre de su línea de óxido".

La cuprífera estatal anunció el pasado 26 de diciembre el término del proceso de Línea de Óxido de la Fundición Potrerillos, aludiendo a la supuesta escasez de óxido; mineral que permite desarrollar dicha faena.

En ese sentido, la CTC y sindicatos de Codelco División El Salvador instaron a las autoridades nacionales, tanto legislativas como judiciales, a investigar y frenar dicho cierre, ya que los hechos son amenazantes y podría afectar a 800 familias de la zona, según induicaron.

A su vez la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) y sindicatos de la División El Salvador de Codelco, se manifestaron contra la medida de cierre.

De concretarse el despido de los 800 trabajadores -en su mayoría contratistas-, el proceso iniciaría enero de 2014 para en abril detener la producción -según anunció Codelco- aunque todavía no lo hace oficial para con las empresas cuyos contratos siguen vigentes.

Es por ese motivo que los sindicatos de trabajadores rechazaron categóricamente el cierre de lo operación y exigió transparencia a la gestión administrativa de la División Salvador.

A su vez el pasado 06 de enero le enviaron una misiva al diputado Carlos Vilches (UDI), en tanto presidente de la Comisión de Minería y Energía de la cámara.