El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, confirmó ayer que en la reunión de hoy del pleno discutirá la petición de la Asociación de Magistrados de Chile, que hizo un mea culpa gremial por la forma en que fallaron los jueces durante el régimen militar, entre 1973 y 1990, y que llamó a la máxima instancia del poder judicial a hacer lo mismo. Agrupaciones de derechos humanos y dirigentes políticos de diversos sectores denuncian que su constante rechazo a los recursos de amparo favoreció los atropellos en la dictadura.
"Ellos pueden hacer peticiones. Es una petición contenida en un documento de su asociación, así que bueno, está en la Constitución Política el derecho a petición, o como vulgarmente se dice, el derecho a pataleo", comentó el máximo representante del poder judicial la solicitud que hizo el miércoles la asociación.
Junto con pedir perdón por la actuación de los jueces, el gremio dijo en un comunicado que la Corte Suprema debería realizar "también la necesaria reflexión crítica en relación con sus propias actuaciones y omisiones del pasado", pues, a su juicio, durante esos 17 años "no dispensó a los perseguidos ni a las víctimas la protección jurisdiccional que tanto y reiteradamente le fue reclamada".
La semana pasada el senador UDI Hernán Larraín hizo una petición pública de perdón por sus eventuales omisiones en el régimen militar al que él apoyó.
El vocero del poder judicial, Hugo Dolmetsch, ironizó con estas peticiones. "Yo no siento como persona que tenga que pedir perdón. No he notado eso. No sé qué pasa en estos tiempos. Serán los 40 años, dicen que la crisis de los 40 años, que todo el mundo pide perdón, no sé", dijo a tono personal.
Ballesteros insistió que esa era la postura personal del ministro, pero que el pleno tendría hoy una visión común sobre la materia.
La vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistrados, María Francisca Zapata, dijo ayer que la petición gremial "no era una interpelación, sino una invitación".
"Consideramos que tenemos alguna responsabilidad en tanto no fuimos capaces de orientar, interpelar y motivar a la asociación gremial y sus miembros en orden de no insistir en la ejecución de sus deberes más elementales", agregó a radio Agricultura.
La magistrada reconoció que ninguno de los que firmó la declaración era juez durante el régimen, por lo que a su juicio no corresponde asumir responsabilidades individuales, pero sí institucionales.
"El perdón mira hacia el futuro, y eso es lo relevante que contiene esta declaración, porque el sentido que tiene es cómo se asume un compromiso respecto del rol que está llamado a cumplir el juez, y en esa comprensión del rol hay una garantía de no repetición", agregó.
pedido de información
El Presidente Sebastián Piñera insistió ayer en la responsabilidad de la Corte Suprema al rechazar los recursos de amparo que presentaban familiares de víctimas de los derechos humanos. Esas constantes negativas impedían investigar, hallar detenidos e identificar a responsables.
"El poder judicial no estuvo a la altura de sus obligaciones y desafíos y pudo haber hecho mucho más, porque por mandato constitucional le corresponde cautelar y proteger los derechos de las personas", dijo a corresponsales extranjeros.
El mandatario reconoció que "todavía falta verdad y falta justicia. Falta verdad, por ejemplo, en conocer las circunstancias en que murieron y los lugares dónde están enterradas las personas que siguen siendo detenidos desaparecidos, porque eso va a traer un alivio no solamente a sus familiares sino también a la sociedad entera", comentó
Y llamó a "todo el que pueda colaborar a que tengamos más verdad", a que colabore "entregando información si la tiene".
"El poder judicial no estuvo a la altura (...) Por mandato constitucional le corresponde cautelar y proteger los derechos".
Sebastián Piñera
Presidente de la República
"El perdón mira hacia el futuro, y eso es lo relevante que contiene esta declaración (...) Hay una garantía de no repetición".
María Francisca Zapata
Viceptdta. Asoc. de Magistrados
Jara: demandan a ex oficial en EE.UU
La familia del cantautor Víctor Jara presentó en Estados Unidos una demanda civil en contra del teniente (r) del Ejército Pedro Barrientos Núñez, quien fue procesado en diciembre por ordenar a sus soldados torturar al artista, imputación que él niega. El equipo legal informó que Barrientos fue notificado personalmente el miércoles cuando abrió la puerta de su hogar en Deltona, Florida, donde vive como ciudadano estadounidense. La demanda invoca la Ley de Protección a Víctimas de la Tortura y el Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros, que dan a los tribunales federales de EE.UU. jurisdicción para juzgar denuncias de violaciones a DD.HH. en otros países.
