El senador Camilo Escalona (PS) se querelló ayer contra el ex director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Francisco Labbé, por el supuesto delito de fraude al Fisco a raíz del fallido Censo del año pasado.

La acción judicial fue interpuso por el abogado Luis Correa Bluas en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago contra Labbé y contra quienes resulten responsables. El recurso apunta a que el costo del Censo 2012 le significó al Estado sobre $ 30.000 millones, según lo establecido en el Presupuesto Nacional.

"El objetivo de la querella es que no haya impunidad. Hay muchas familias que no tienen Pensión Básica Solidaria. No hay ficha que esté utilizándose en los municipios y a lo largo y ancho del país. Se esta preparando el Presupuesto del próximo año y no sabemos sobre qué bases", dijo el senador socialista a la agencia UPI.

Escalona aclaró que, en el fondo, acá lo que hay es un golpe muy severo y muy profundo a las políticas sociales de carácter público que se han implementado durante los últimos 20 años".

El legislador opositor agregó que "en consecuencia, hay centenares de miles de personas que han sido dañadas, además que ha sido dañado directamente el patrimonio del Fisco y eso la Fiscalía lo debe dilucidar".

nueva citación

El presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que investiga el Censo 2012, Juan Carlos Latorre (DC), anunció ayer que citarán nuevamente al actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, para que explique por qué descartó realizar una nueva medición.

"Volveremos a citar al actual director del INE, Juan Eduardo Coeymans, para que nos explique qué elementos nuevos consideró para concluir que no considera necesario repetir el Censo", señaló el diputado opositor.

Un grupo de militares (r) peruano quiere acudir a la ONU para intentar obtener las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. Según la Radio Uno de Tacna, el grupo elaboró un proyecto para presentar ante la ONU para "recuperar" la zona del norte de Chile, perdidas tras la Guerra del pacífico. El presidente de la Asociación Patriótica por la Recuperación de Arica y Tarapacá, Eloy Villacrez, señaló que Perú debe exigir esos territorios debido a que, el tratado de Ancón (1983) y el de Lima de 1929 serían inválidos "por haber sido firmados en condiciones desfavorables".

Un grupo de parlamentarias de oposición cuestionaron el proyecto que universaliza el acceso a salas cuna, al que acusaron de tener "letra chica" por, supuestamente, discriminar a trabajadores.

Las senadoras Isabel Allende (PS) y Ximena Rincón (DC), junto a las diputadas Carolina Goic (DC), Denise Pascal (PS), Cristina Girardi, Ximena Vidal y María Antonieta Saa del PPD, dijeron que la iniciativa no es universal, ya que beneficia a quienes tienen 12 meses de cotización.

La senadora DC Ximena Rincón dijo que el proyecto anunciado por el Gobierno "pierde la esencia" de una legislación presentada hace un año por parlamentarias opositoras, y del que requirieron, en su oportunidad, apoyo oficial.

Rincón agregó que el proyecto "no establece un financiamiento solidario entre el empleador y el Estado, si no que lo deja de cargo finalmente del propio trabajador, al sacar parte de sus cotizaciones de seguro de desempleo para destinarlas a la cobertura de sala cunas y además usándolas para un tema distinto para el cuál fue concebido"

La senadora (PS) Isabel Allende dijo que la propuesta "implica claramente un retroceso". "Queremos universalidad y no diferenciaciones entre los hijos de trabajadores o trabajadoras ni tampoco queremos diferenciaciones entre hijos de trabajadores que tienen cotizaciones 15 a 18 meses, trabajadoras que recién se van a incorporar o la mujer temporera que a lo menos tiene que tener 8 meses". Allende recalcó que "tampoco queremos que se siga anunciando que se va a ir restando el fondo de cesantía para financiar uno u otro proyecto".

La iniciativa en cuestionamiento

El proyecto establece un seguro de salas cuna y educación parvularia para niños de hasta 3 años, a través de un fondo de cotización mensual equivalente al 1% de remuneración bruta imponible de cada trabajador contratado con contrato regido por el Código del Trabajo.

El senador Hernán Larraín (UDI), quien el lunes abrió reabrió el debate por pedir perdón al no haber colaborado de modo suficiente con la reconciliación luego del golpe de Estado, afirmó ayer que "nadie debe eximirse de responsabilidades por lo ocurrido en esa época", independiente de su edad.

En una alusión directa a la candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, quien manifestó que "tenía 20 años cuando ocurrió el golpe, y no tengo nada por qué pedir perdón", el senador Larraín dijo a radio Cooperativa que "aquí nadie está en condiciones de eximirse de responsabilidad de las generaciones que tuvimos, aunque fuéramos jóvenes, participación en ese tiempo".

El parlamentario aclaró además que "no estoy reclamando de alguien en particular que se pronuncie o haga un gesto. Estoy abriendo que esto sea hecho por todos, de cualquier partido, de Gobierno u oposición".

"Espero que éste sea un motivo para buscar a través de gestos, éstos u otros, nuestro compromiso con la paz y la unidad", afirmó Larraín.

En declaraciones al programa El Informante (TVN), el ex Presidente Ricardo Lagos destacó la petición de perdón del senador Hernán Larraín (UDI) y apuntó al rechazo a este tipo de gestos de parte de Matthei en función de su edad.

El ex Mandatario dijo que existen "temas pendientes" en el mundo civil que respaldó al gobierno militar. "Creo que lo que está pendiente es el mundo civil, como lo hizo Hernán Larraín. Aplausos para él. Tiene todo el respeto nuestro", comentó.

El ex Mandatario criticó a la candidata Evelyn Matthei, quien apuntó a su juventud en aquella época. "Ella tiene razón cuando dijo que tenía 20 años. Pero en el caso de Javiera Parada (hija de uno de las víctimas del caso degollados, 1985) tenía un poco más", afirmó.

Los ministros Andrés Chadwick y Rodrigo Hinzpeter valoraron ayer las declaraciones de perdón del senador (UDI) Hernán Larraín, respecto de sus "omisiones" en el proceso de reconciliación, pero evitaron profundizar en quienes deberían seguir adelante con ese tipo de gestos.

Chadwick reiteró ayer su arrepentimiento por haber apoyado el gobierno de Augusto Pinochet. "El año pasado ya hice mi declaración, lo que yo sentía, lo que yo creía. Vuelvo a reiterarlo en los mismos términos que lo señalé la vez anterior", dijo el jefe de gabinete a radio Cooperativa.

Respecto del gesto de Larraín, Chadwick dijo "respetarlo mucho". "Creo que es como él lo señaló, que quiere partir por una decisión personal que cree que puede ser más útil para caminar hacia una mayor reconciliación", comentó.

El ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, dijo que el gesto del senador Larraín "agregan valor" a la unión del país, pero rechazó que el gesto sea exigible a todos. "No me parece razonable que los perdones se estén tironeando en los puntos de prensa", comentó el titular de Defensa.

El lunes, en el lanzamiento del libro "Las voces de la reconciliación", el senador Hernán Larraín pidió "por no haber colaborado de modo suficiente a la reconciliación".

los gestos pro reconciliación

Comisión Rettig Al hacer público el Informe Rettig, el ex Presidente Patricio Aylwin pidió perdón a las víctimas en marzo de 1991.

Documento En noviembre de 2004, Juan Emilio Cheyre, reconoce responsabilidad institucional en violaciones a los DD.HH.

Carta póstuma "De repetirse la experiencia hubiere deseado mayor sabiduría", dijo Pinochet en una carta publicada a su muerte.

UDI Esta semana, el senador Hernán Larraín pidió perdón por su "falta de colaboración" para al reconciliación.