La Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile decretó ayer una alerta sanitaria y ordenó el retiro del mercado de un dispositivo médico oftalmológico llamado Perfluoroctano, con el que se realizaron cirugías oculares a ocho pacientes en el país, de los que al menos uno perdió la vista.

La entidad precisó que recibió información de siete eventos adversos relacionados con el artículo en pacientes en que se realizó cirugía de desprendimiento de retina en el Hospital del Salvador, Hospital Regional de Rancagua y el Hospital Regional de Antofagasta.

Ayer se confirmó un nuevo caso, el que se registró en la Región de O"Higgins. El ISP ordenó la devolución de todos los lotes del dispositivo, y la suspensión indefinida de internación, comercialización y distribución del producto.

La Anamed informó que detectó también que el líquido fue adquirido por los hospitales San Juan de Dios (Santiago), el Base de Osorno, de Base de Talcahuano y el Regional de Magallanes.

El Perfluoractano es distribuido desde hace 15 meses por Laboratorios Falc Chile. Su gerente general, Freddy Alcaraz, aseguró que están colaborando con la investigación del ISP entregando todos los antecedentes solicitados.

"Entendemos que nosotros no hemos cometido ningún error en los procedimientos", dijo Alcaraz, seún consignó radio Cooperativa. "Es el ISP el que tiene que determinar cuál es la causa de la reacción. Nosotros, de manera preventiva, decidimos retirar los productos del mercado, antes de que el ISP nos lo pidiera", agregó.

El subsecretario de Salud Pública, Jorge Díaz, aseguró que la partida estará retenida hasta que esté "totalmente garantizada la inocuidad del producto".

El secretario de la Sociedad Chilena de Oftalomología, Rodrigo Vidal, pidió en CNN Chile aclarar pronto lo sucedido, pues el medicamento es necesario para los tratamientos.

La comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado llegó a un acuerdo ayer y despachó el proyecto de ley que le daría a los chilenos que viven en el exterior el derecho a votar en las elecciones nacionales.

El acuerdo implicará que la iniciativa estaría en condiciones de ser votada en la sala antes del 18 de septiembre, lo que según sus promotores sería simbólico. La senadora y creadora del proyecto, Soledad Alvear (DC) dijo que lamentablemente la carencia de una ley orgánica que debe ser presentada por el Ejecutivo impediría que los chilenos voten en las elecciones de noviembre. El senador RN Carlos Larraín planteó su rechazo a que este derecho rija para plebiscitos, que a su juicio tiene otro cariz. "No hubo acuerdo pero al menos quedó constancia de que hay un riesgo", afirmó.

Tras cerca de ocho horas de audiencia, el Ministerio Público formalizó ayer por presuntos abusos sexuales reiterados contra dos niñas al sacerdote y guía de la congregación Legionarios de Cristo, John O"Reilly, aunque la magistrada del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, cuestionó duramente las pruebas presentadas por la fiscalía y puso en duda su objetividad para llevar el caso.

La jueza rechazó además la prisión preventiva que solicitaba la parte querellante, por lo que quedó con ninguna medida cautelar. La investigación se prolongará por 120 días.

"Hay que seguir adelante. (Probar la inocencia) es el camino correcto", dijo el sacerdote, que temprano había dicho que estaba "absolutísimamente seguro" de su inocencia.

"Yo quiero ir al juicio oral para demostrar su total inocencia", agregó su abogado, Luis Hermosilla.

La fiscalía acusa que O"Reilly supuestamente se aprovechó de su condición de "líder espiritual" de dos hermanas y alumnas del Colegio Cumbres a partir del 2007, que a la sazón tenían 6 y 10 años.

Su madre denunciaba que el cura les efectuaba presuntamente tocaciones tanto por sobre como por debajo de la ropa a las menores en la administración del establecimiento.

La jueza criticó los argumentos del Ministerio Público y los querellantes. Dijo que las pruebas eran insuficientes para acreditar la responsabilidad del sacerdote en los delitos imputados y puso en duda la objetividad de la fiscalía, asegurando que omitió párrafos relevantes del informe en la presentación al tribunal.

Durante la audiencia, Díaz-Muñoz había reprendido al abogado querellante José Escobar, quien pretendía que se considerara como "presión indebida" un inserto publicado en diarios nacionales el fin de semana firmada por cerca de mil personas que acreditaban la supuesta inocencia de O"Reilly.

La magistrada afirmó además que los relatos de las niñas, dados a conocer por medio de videos, no fueron espontáneos y, a su juicio, no evidenciarían temor al imputado, sino una eventual estima.

La jueza agregó que también habrían contradicciones entre los informes de las sicólogas que diagnosticaron los presuntos abusos.

La defensa del cura siempre acusó que las denuncias eran instigadas por la familia. Ayer insistió en esa postura.

"Lamentamos todo esto por la familia y particularmente por las niñas", dijo O"Reilly.

Sobre los testigos de los querellantes, afirmó que "todo el mundo tiene derecho a dar su opinión (...) Nadie miente. Son visiones de los hechos".

"Este es un muy buen momento para el padre O"Reilly, que lo ha pasado muy mal (...) Se está arrastrando a dos menores a un juicio oral, que les va a causar un tremendo daño. Se me aprieta el corazón en pensar en las niñas", agregó Hermosilla.

La parte querellante anunció que apelará al rechazo a la prisión. "No las compartimos", dijo Escobar sobre las críticas.

Numeroso respaldo en audiencia

Unas cincuenta personas, entre apoderados y amigos, llegaron al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago para apoyar al padre John O"Reilly en la formalización. El grupo incluyó al cura Raúl Hasbún, que recordó que trabajó con él en la instalación de los Legionarios de Cristo. "Su ministerio sacerdotal ha sido tan fecundo para la Iglesia y la sociedad nacional. No por nada se le otorgó la nacionalidad por gracia (...) Por lo que lo conozco, creo profundamente en su inocencia", afirmó. A la salida, O"Reilly dijo que estaba "muy agradecido y contento" por el apoyo.

El ministerio de Salud inició la vacunación a todos los estudiantes de 8º básico del país contra el coqueluche o tos convulsiva, enfermedad provocada por la bacteria que ataca el sistema respiratorio, especialmente en los niños más pequeños, e incluso puede ser mortal. Desde ahora la inoculación a esa edad será parte del Programa Nacional de Inmunizaciones, como un refuerzo extra a las dosis que se aplican a niños a los 2, 4, 6 y 18 meses, y en primero básico. "Vamos a mantener inmunes a estos jóvenes hasta los 22 o 23 años, y eso significa que ellos van a evitar a evitar portar la bacteria en sus gargantas y así también van a evitar contagiar a sus hermanos menores. O si son padres a los 22 o 23 años, van a estar protegidos como para no transmitir la bacteria a sus hijos", informó el subsecretario de Salud Jorge Díaz.