La aerolínea LAN recurrió ayer ante la justicia argentina la orden de desalojo de un hangar en un aeropuerto de Buenos Aires dictada por el Gobierno de Cristina Fernández, mientras que sindicatos aeronáuticos anunciaron una huelga si se confirma la expulsión.
"Sin el hangar la actividad de la compañía es inviable operativamente", justificó el director de Asuntos Corporativos de LAN Argentina, Agustín Agraz, al presentar el recurso de amparo ante un juzgado federal de Buenos Aires.
Según Agraz, la orden de expulsión del hangar del Aeroparque Jorge Newbery, destinado a vuelos nacionales y regionales, es el "más grave de una serie de embates" contra LAN en Argentina, entre los que citó la prohibición de llevar aviones, el cierre de rutas o la discriminación de pasajeros.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) comunicó la semana pasada a la aerolínea que tenía 10 días para abandonar el hangar que ocupa en el segundo aeropuerto porteño, desde el que LAN opera 14 vuelos domésticos.
El ORSNA, dependiente de la Secretaría de Transporte argentina, argumenta que la medida, anunciada en noviembre, afecta también a otras compañías y tiene como objetivo reorganizar el espacio aeroportuario.
LAN confía en que la justicia argentina dicte antes del jueves una medida cautelar que frene la expulsión, tras el precedente favorable logrado por las empresas de taxis aéreos Mac Air y Tango el pasado viernes.
Un juez federal dejó en suspenso el desalojo de ambas empresas hasta que haya un fallo sobre sus recursos de amparo contra la expulsión.
Agraz no dio más detalles de la presentación judicial.
anuncio de huelga
A la espera de una resolución en los tribunales, los trabajadores de LAN Argentina protestaron en el aeropuerto y cortaron algunas calles adyacentes al Aeroparque en defensa de los 3.000 puestos de trabajo de la compañía.
Los sindicatos de personal técnico aeronáutico (APTA) y de tripulantes de cabina (ATCPEA) se pronunciaron a favor del mantenimiento de LAN en el hangar aeroportuario y anunciaron que, de confirmarse la expulsión, realizarán "un paro total de actividades desde el momento en que se inicie el desalojo".
El secretario general de APTA, Ricardo Cirielli, señaló en conferencia de prensa hoy en rueda de prensa que "se solidarizan con los trabajadores de la compañía chilena", que a su juicio, han sido "injusta, innecesaria y abusivamente amenazados por las máximas autoridades" de Argentina.
no discriminación
El ministro de Economía, Félix de Vicente, reconoció que el tema "preocupa" y pidió que se garantice la no discriminación de las inversiones, donde empresas nacionales como extranjeras tengan derechos y deberes similares. "Lo que hacemos nosotros, como país es mantener una regla igual para todos los actores de la economía. Creemos que esto es un principio fundamental para el crecimiento de los países e igualdad de oportunidades tanto para empresas nacionales como extranjera", señaló el secretario de Estado.
