La Corte de Apelaciones aumentó ayer las condenas de los autores del secuestro con posterior homicidio del ex químico de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Eugenio Berríos, y a quienes conformaron una asociación ilícita con el fin de asesinarlo, en 1992, en Uruguay. La resolución ocurrió un día después de que se revelara la destrucción de armas químicas del régimen militar en el Instituto de Salud Pública (ISP).

En fallo dividido, los ministros de la Quinta Sala del tribunal de alzada Carlos Cerda, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Teresa Álvarez confirmaron, en el aspecto de penal, la sentencia del ministro Alejandro Madrid, y aumentaron los periodos de presidio.

Así, el mayor (r) Arturo Silva Valdés fue condenado a una pena efectiva de 15 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro con homicidio, y cinco años y un día por asociación ilícita.

El ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE) general (r) Hernán Ramírez Rurange recibió una pena efectiva de 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de secuestro; 10 años y un día por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia.

Mientras que el ex auditor general del Ejército Fernando Torres Silva fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Por este caso fueron extraditados tres militares uruguayos que también fueron condenados ayer: Tomás Casella (10 años y un día por secuestro y cinco años por asociación ilícita), Eduardo Ravelli (10 años y un día y 800 días) y Wellington Sarli (cinco años y un día y 60 días).

En el aspecto civil, la sala revocó la resolución que había acogido la demanda de indemnizaciones a favor de Fabiola Letelier del Solar -hermana del ex canciller chileno asesinado Orlando Letelier- y Gladys Schmeisser -ex mujer de Berríos-, pero mantuvo el pago de $ 20 millones para la sucesión representada por el querellante Gonzalo Berríos Sagredo, hermano del químico.

La resolución de la Corte de Apelaciones ocurrió al día siguiente de la revelación de que, en 2008, el ISP descubrió e incineró unas cajas con armas químicas que estuvieron en poder del régimen militar en la década del 80.

Según contó a la agencia DPA la ex directora del ISP Ingrid Heitmann, el fallecido general Augusto Pinochet dispuso de toxinas botulínicas capaces de eliminar a miles de personas dentro y fuera de Chile.

Los químicos, provenientes del Instituto Butantan de Sao Paulo, estuvieron en poder del régimen en la década de 1980, cuando éste enfrentaba precarias relaciones con Argentina, Perú y Bolivia, además de protestas sociales por la crisis económica.

Heitmann relató que un hombre clave en la producción y aplicación de estos venenos fue Eugenio Berríos.

"Hay testimonios, entre los funcionarios más antiguos, de que Berríos se paseaba por el ISP como si fuera su casa", afirmó la ex titular del ISP.

Berríos, buscado en los años 90 por la justicia, apareció muerto en Uruguay en 1995, luego de estar bajo secuestro de militares de ese país, como acreditaron los tribunales chilenos.

Resolución del tribunal

Arturo Silva Valdés Pena efectiva de 15 años y un día por el delito de secuestro con homicidio, y cinco años y un día por asociación ilícita.

Hernán Ramírez Rurange Pena efectiva de 10 años por secuestro; 10 años por asociación ilícita, y absuelto de obstrucción a la justicia.

Fernando Torres Silva Fue condenado a 10 años y un día por su responsabilidad como autor del delito de asociación ilícita.

Indemnización La sala mantuvo el pago de $ 20 millones para Gonzalo Berríos Sagredo, hermano de Eugenio Berríos.

El secretario general del PS, Francisco Díaz, presentó ayer un escrito ante la Contraloría General de la República para pedir al organismo que se pronuncie sobre la condición de ministro de Estado que habría tenido Luciano Cruz-Coke durante su gestión en el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. El partido busca demostrar que Cruz-Coke estaría inhabilitado para ser candidato al Senado por Antofagasta e impugnar con ello su postulación.

"Solicitamos un dictamen que declare el ámbito de aplicación del artículo 57 número 1 de la Constitución y que establece, como sabemos, una inhabilidad para presentarse como candidato a senador o la Cámara para los ministros de Estado que no han renunciado al cargo con anterioridad a un año del día de la elección", explicó Díaz. "Creemos en este caso que el ministro Luciano Cruz-Coke cae en esta inhabilidad y es el ámbito que estamos solicitando que el contralor así declare", agregó el dirigente.

Una evidencia concreta que demostrarían que Cruz-Coke ejerció como ministro de Estado, es por ejemplo, su juramento como tal ante el Congreso en marzo de 2010.