Daniela Munizaga
Un alza en la cantidad de víctimas de delitos económicos y tributarios hubo en la Región de Atacama durante el primer semestre de este año, en comparación al mismo periodo del 2018. De acuerdo a la información estadística del Ministerio Público, las personas afectadas por este tipo de ilícitos pasaron de 712 a 1.422, respectivamente.
De igual forma, destaca el aumento de imputados que ingresaron por delitos económicos, pero resalta el número de imputados desconocidos que ingresaron este año (Ver recuadro). Esto quiere decir, que no hay indicios o antecedentes que permitan establecer la identidad del o las personas que pueden haber participado en el delito.
En relación a los hechos que incorporan este tipo de ilícitos, el fiscal adjunto de Copiapó de la especialidad de Delitos Económicos, Luis Miranda, detalló que se trata principalmente de ilícitos relacionados a estafas, apropiaciones indebidas, abusos de firma en blanco, contratos simulados, uso de instrumento privado y administración desleal. En el caso de la Región de Atacama, los delitos más recurrentes están asociados a estafas en sus diversas modalidades.
Análisis y trabajo
Frente al alza en las víctimas por delitos económicos, el fiscal de la especialidad señaló que es importante el análisis de las cifras "porque de alguna manera demuestra que la comunidad está denunciando los hechos constitutivos de delitos en materia económica. Los cuales se distribuyen en un amplio abanico de ilícitos, los que son investigados por la Fiscalía de Atacama de acuerdo a las herramientas que la Ley otorga, además del trabajo de la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI que son quienes llevan a cabo las órdenes de investigar en estos casos junto con la colaboración del Servicio de Impuestos Internos (SII) que han accionado a fin de hacer posible la judicialización de los casos tributarios".
Dentro del trabajo que realiza la Fiscalía, Miranda indicó que están en permanente coordinación con la Bridec de la PDI, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y SII, además de las unidades de delitos económicos que tiene el Ministerio Público a nivel central, con el objetivo de mantener actualizadas las herramientas y técnicas de investigación, además de los procesos de trabajo en materia indagatoria.
Agregó que "considerando que muchas de las diligencias dicen relación con estudios contables y análisis de documentos tributarios que no resultan del todo sencillo de realizar e involucra, en ocasiones, tiempo considerable para su desarrollo junto con el Lacrim".
Consultado sobre qué pasa con los casos en que figura un imputado desconocido, el fiscal comentó que la Fiscalía encarga órdenes de investigar a las policías con el fin de reunir antecedentes que lleven a obtener esta información. Las acciones pueden considerar empadronamientos a personas cercanas del lugar donde ocurrió el delito, además de los propios afectados.
"Junto con ello, existe la posibilidad de realizar diligencias científicas cuyos fines, en este tipo de casos, también pueden ser reunir información de personas autoras de delitos", acotó el persecutor.
Aunque, de igual forma, Miranda indicó que dentro de las posibilidades de una investigación penal "está aquella que dice relación con que a pesar del amplio trabajo investigativo que dirija la Fiscalía no se consiga obtener antecedentes que lleven a imputar cargos en contra de una persona. Ocasiones en que de acuerdo a las facultades con que cuenta el Ministerio Público, podría archivar de manera temporal una investigación".
710 personas más figuran como víctimas de estos delitos el 2019.