Bienes Nacionales deberá hacer un nuevo catastro en el borde costero
ANÁLISIS. El uso de un dron no fue suficiente y según la Contraloría General de la República debe hacerse otro levantamiento de información que individualice a los ocupantes ilegales. Se descartó que proceso retrase el proceso de venta de macrolotes que está en etapa de piloto en tres sectores.
Un nuevo catastro deberá efectuar Bienes Nacionales en el borde costero de Atacama, ya que el proceso efectuado por un dron solo aportó datos generales.
Así queda reflejado en un informe de Contraloría General de la República que efectuó un levantamiento de antecedentes respecto a las ocupaciones ilegales emplazadas ilegalmente y que son usadas en el mayoría de los casos como segunda vivienda. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, se calcula que la aeronave no tripulada sobrevoló un total de 2.225 hectáreas. El resultado permitió identificar 19 sectores que formarán parte del Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de la Región de Atacama, identificando un número de ocupaciones aproximadas ascendente a 7.319.
Sin embargo, el catastro de ocupaciones ilegales de terrenos fiscales no está actualizado ni individualizado, por ello se deberá hacer un nuevo catastro, ya que los drones hicieron un mapeo general y falta información importante, como individualización de los ocupantes. Esto fue reconocido por el organismo que informó a la Contraloría que "con el fin de resolver la problemática histórica de ocupaciones ilegales en borde costero, se hizo un levantamiento de información mediante un catastro aerofotogramétrico, en junio 2018", sin embargo, este arroja una estimación de resultados, y no datos exactos.
La Seremi indicó debido a ello "las fiscalizaciones en muchos casos no poseen los datos individuales de cada ocupante, y esto se da por el tipo de ocupación registrada, la cual se asocia a usos estivales y temporales, lo que no asegura encontrar moradores en los sectores visitados al momento de ser ejecutadas las inspecciones en terreno".
Ante los datos arrojados, que no son suficientes para el organismo fiscalizar, la entidad "ha resuelto solicitar a la jefa de División de Bienes Nacionales del Ministerio del ramo los recursos necesarios, tanto humanos como monetarios, para llevar a cabo un catastro en terreno e individualizado, para realizarlo en el periodo de enero a marzo de 2020, por la presencia efectiva de los ocupantes ilegales en el Borde Costero".
No hay acciones penales
Respecto a los asentamientos ilegales, el informe señala que Bienes Nacionales no ha iniciado "ningún tipo de acción penal o posesoria, ni que haya perseguido el pago de una indemnización por el tiempo de la ocupación ilegal".
La Seremi informó que el Ministerio de Bienes Nacionales aprobó el Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de Atacama, sin embargo esto ocurrió en mayo de 2019. "No consta que ese servicio haya adoptado acciones con anterioridad a esa fecha, pese a la constancia de ocupaciones ilegales en el borde costero, tal como lo indica el catastro realizado por ésa misma entidad".
El organismo fiscalizador solicitó a la Seremi que "en lo sucesivo -atendido la existencia del Plan de Regularización informado-, inicie las acciones judiciales sobre aquellas ocupaciones instaladas en fecha posterior al catastro, o sobre aquellas ocupaciones que no cumplan con las características mínimas para ser consideradas dentro del plan".
Funcionarios públicos
Respecto a la lista de integrantes de las agrupaciones con personalidad jurídica que maneja la Municipalidad de Chañaral y que agruparían a ocupantes ilegales de terrenos fiscales en el borde costero, "se detectó que 14 corresponden a funcionarios y personal a honorarios de diversas reparticiones públicas".
La misma situación se detectó en Caldera con siete personas que integraban el listado de los integrantes de agrupaciones jurídicas.
En el caso de Chañaral, algunos de los trabajadores informaron que "poseen ocupaciones, en otros que son parientes de los ocupantes, algunos manifestaron que forman parte de un comité con personalidad jurídica, y finalmente para otras ocupaciones no se recibieron respuestas".
Esto contraviene el principio de probidad administrativa que debieran tener los funcionarios públicos. "No sólo constituye un sinónimo de honestidad, sino que alcanza a todas las actividades que un funcionario público realiza en el ejercicio de su cargo, teniendo, incluso, por aplicación de tal principio, el deber de observar una vida privada acorde con la dignidad de la función".
Asimismo, el documento apunta a que "no se advierte que con las medidas adoptadas se haya evitado la instalación de ocupaciones ilegales en el borde costero de la región". Se requirió que la Intendencia, Secretarías Regionales Ministeriales de Bienes Nacionales, de Salud y de Vivienda y Urbanismo, todas de la región de Atacama; Gobernaciones provinciales de Chañaral, Copiapó y Huasco; Gobernación Marítima de Caldera y Municipalidades de Chañaral, Caldera, Huasco y Freirina, fijen un cronograma de actividades y un plan de trabajo tendientes a erradicar en forma definitiva las ocupaciones ilegales y/o concretar las acciones de regularización de las mismas, en los casos que sea procedente", señaló el documento.
Bienes nacionales
Desde la Seremi de Bienes Nacionales se informó respecto al "Plan de Normalización y Gestión del Borde Costero de la Región de Atacama" que "en términos generales, se encuentra orientado a normalizar las ocupaciones ilegales existente en 19 sectores de nuestro borde costero, mediante venta por macrolotes, como asimismo, constituir una oferta de terrenos fiscales para ser licitados públicamente, con el objetivo de desarrollar proyectos inmobiliario-turísticos en nuestra región, y por cierto, no tolerar nuevas ocupaciones ilegales posteriores al Catastro Drone efectuado durante junio del año 2018. A la fecha nos encontramos trabajando mediante de venta directa por macrolotes con 3 sectores pilotos, a saber Rodillo, Flamenco y Barranquilla. A su vez, hemos requerido a los gobernadores competentes, el desalojo de ocupaciones posteriores al 25 de junio de 2018".
En este sentido, B. Nacionales descartó que el nuevo catastro afecte los procedimientos de venta por macrolotes. "Se tramitan en cuerdas separadas", declaró.
Respecto al catastro que según el informe no está actualizado, desde el organismo se señaló que "sin perjuicio de la contabilización efectuada en las administraciones pasadas, y del vuelo aerofotogramétrico (Drone) efectuado por esta repartición durante el año 2018, el órgano Contralor exige una actualización del catastro de ocupaciones ilegales de Borde Costero con el objeto de tener un conocimiento de la cantidad real de ocupaciones ilegales, así como de la individualización de las personas que ocupan los inmuebles fiscales".
Catastro estimativo
El catastro entregó información general, a pesar de ello la evaluación de Bienes Nacionales es positiva. "La evaluación del Catastro Drone implicó en primer término un gran esfuerzo de recursos financieros y profesionales, con un óptimo y muy satisfactorio resultado, toda vez que en corto plazo, permitió al Ministerio de Bienes Nacionales tener un diagnóstico de la situación actual del Borde Costero, determinando los 19 sectores que formarían parte del Plan de Normalización, los sectores a licitar y las ocupaciones a desalojar".
Se informó que "en el marco de la Comisión de Organización y Coordinación en materia de Ocupaciones Ilegales y/o irregulares en el Borde Costero de la Región de Atacama, creada con el objeto de tener una actuación coordinada entre todos los órganos con competencia en materia de Borde Costero, nos encontramos evaluando la posibilidad de efectuar un levantamiento de datos en terreno de conformidad a los recursos presupuestarios disponibles para estos efectos".
Desde Bienes Nacionales se informó que "hemos solicitado, y lo seguiremos haciendo, la realización de desalojos respecto de aquellas ocupaciones que se han asentado con posterioridad al catastro Drone, las cuales, pese a las reiteradas advertencias de las autoridades, han insistido en efectuar la ocupación ilegal del bien fiscal. Lo anterior, ha sido encargado a las Gobernaciones correspondientes, en el entendido que este es un atributo inherente a dichas instituciones. Pese a lo anterior, la institución a cargo de representar los intereses del Estado de Chile y sus organismos es el Consejo de Defensa del Estado, por lo que en resguardo del interés fiscal, en algunos casos puntuales de ocupaciones posteriores al catastro Drone, estamos solicitando al CDE tomar conocimiento, para el inicio de las acciones legales que en la materia procedan",
14 funcionarios públicos de distintas reparticiones públicas de Chañaral forman parte de agrupaciones de personalidad jurídica que agruparían a ocupantes ilegales de terrenos fiscales.
3 sectores pilotos de venta de macrolotes son los que se están trabajando en Atacama, Rodillo, Flamenco y Barranquilla, según informó Bienes Nacionales.