Detectan faltas de cobro de terrenos fiscales por más de $1.000 millones
BIENES NACIONALES. También se detectó que funcionarios públicos no han pagado arriendos de viviendas estatales. Autoridad adelantó que se realizan los sumarios por los hechos expuestos.
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Fallas de cobranza de "alta complejidad" arrojó la fiscalización que realizó Contraloría a la Seremi de Bienes Nacionales en la Región de Atacama. Uno de los hechos más graves fue que hay deudas por más de mil millones de pesos por arriendos de terrenos fiscales y donde se detectaron "irregularidades".
La fiscalización tuvo por finalidad evaluar el sistema de control interno y practicar una auditoría en la Seremi de Bienes Nacionales a los ingresos percibidos por concepto de concesión y enajenación de bienes. Esto en el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre del año 2017.
Hallazgos
Contraloría logró comprobar que en la Seremi de Bienes Nacionales no se efectuaba una adecuada gestión de cobranza, dado que a la fecha mantenía deudas por $1.170.452.405, por concepto de arriendos de terrenos fiscales. Además detectó irregularidades como: gestiones de cobro únicamente de primera instancia, arrendatarios con deuda que no se reflejaban dentro de la lista de "cobranza", deudores con contratos que no se encontraban vigentes a la fecha, casos en los que no existían gestiones de cobranza a pesar de presentar mora, arrendatarios que suscribieron convenios de pago y volvieron a incurrir en mora.
Bienes Nacionales tiene un plazo no superior a 60 días hábiles desde la emisión del presente informe, las medidas abordadas al respecto, lo que será validado por la Unidad de Apoyo al Cumplimiento. De la misma forma, lo objetado deberá ser incorporado al sumario administrativo que llevará a cabo la seremi, enviando el acto administrativo que así lo disponga a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de este Organismo de Control, en un plazo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del presente informe.
A lo anterior se suma que no se ha efectuado el cobro correspondiente por la renta concesional de la empresa Central Solar Desierto I SPA, la que asciende a un monto de $11.897.288. También se suma que Bienes Nacionales ha incurrido en diversos incumplimientos relacionados con las cauciones de las ventas, arriendo y concesiones de bienes.
Contraloría informó el vencimiento de la póliza de seguro por la suma de $286.578.573, extendida por la empresa Central Solar Desierto I SPA; falta de renovación oportuna de garantía de seriedad de la oferta; concesiones sin boletas de garantía; boletas de garantía de cumplimiento de contrato vencidas y concesiones sin boletas de garantía. A lo plazos de 60 días para regularizar se suma que sin perjuicio de aquello, deberá instruir un procedimiento disciplinario a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la materia en análisis.
Vivienda Fiscales
El organismo examinador identificó en base a las visitas inspectivas, que 10 funcionarios no evidencian pagos en la cuenta corriente denominada "Arriendo Funcionario Gobierno Regional de Atacama". Funcionarios de la Dirección del Trabajo, Instituto Nacional de Deportes, Municipalidad de Copiapó, Municipalidad de Diego de Almagro, Municipalidad de Vallenar, Ejército de Chile, Prefectura de Carabineros y el Instituto Previsión Social presentan deudas, detalló el informe.
El Gobierno Regional deberá acreditar las aclaraciones y/o el integro de los pagos por los cánones de arriendos pendientes, en un plazo no superior a 60 días hábiles. Además deberá instruir un procedimiento disciplinario a fin de establecer las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en la materia en análisis.
La fiscalización también dejó al descubierto que un funcionario de la Superintendencia de Educación, se desempeña en la comuna de Copiapó, pero mantiene asignado un departamento en la localidad de Vallenar, el que es utilizado por la hija del funcionario.
A lo anterior se suma que dos ex funcionarios públicos, continúan haciendo uso del beneficio funcionario de vivienda fiscal, quienes se encuentran jubilados al momento de las visitas inspectivas y que no se ajusta a la ley.
Autoridad
La seremi de Bienes Nacionales, Carla Guaita, puntualizó que la auditoría fue realizada a los procesos efectuados durante los cuatro años anteriores, y que se encargó por ellos mismos.
Respecto a los cobros, la autoridad puntualizó que "producto de las catástrofes acontecidas en los últimos años en la región, y debido a la baja de la actividad económica, la mayoría de los arrendatarios incurrieron en mora, retrasándose en sus pagos aumentando en forma exponencial la cartera de morosos, todo lo cual ha obligado a la actual administración, a cumplir con la normativa vigente efectuando las cobranzas extrajudiciales, y en algunos casos, incluso remitiendo los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para el inicio de las acciones judiciales".
Sobre los arriendos a funcionarios públicos, Guaita explicó que la repartición otorga los inmuebles, objeto de arriendo funcionario, a las respectivas entidades públicas que lo requieren, a través de concesión o destinación, y son estas últimas, las cuales deben celebrar un contrato de arriendo con el respectivo funcionario beneficiario, responsabilizándose del cuidado y mantención del inmueble, así como del pago de las rentas que son percibidas por el Gobierno Regional, quien además efectúa las cobranzas de los respectivos cánones de arriendo.
La seremi dijo que "el Ministerio de Bienes Nacionales, ha ordenado instruir un sumario a fin de investigar y establecer posibles responsabilidades administrativas de funcionarios de continuidad de esta repartición, en los hechos auditados por el órgano contralor".