Hasta 23 millones de pesos podría costarle a una escuela o liceo expulsar a un estudiante sin haber aplicado el debido proceso establecido por la Ley 20.845, conocida como la Ley de Inclusión.
Vigente desde marzo de 2016, el cuerpo legal establece una cadena de acciones evidenciables que deben asegurar un mecanismo informado, justo y racional frente a una sanción que es extraordinaria y que limita la continuidad de estudios, en especial, cuando se presentan problemas que exceden el accionar de un establecimiento educacional.
Si se mira desde la escuela, la expulsión tal vez termine con un elemento generador de dificultades, pero si se mira desde afuera puede que un estudiante sin una red de apoyo efectiva se transforme en un problema social más preocupante.
En el 80% de los casos, los infractores de ley juvenil son desertores escolares al momento de cometer un ilícito, son adolescentes que presentaron conductas que muchas veces son incompatibles con un proceso escolar regular, pero que deben ser atendidas, con mayor razón en una edad en la que aún no son adultos.
Y es verdad, tal vez la normativa existente es sobrepasada con los problemas que se experimentan, pero la violencia y el comportamiento crítico de los estudiantes también responde a modelos familiares disfuncionales, problemas socioeconómicos, de salud mental no abordados, a contextos inseguros y a situaciones de estrés que afectan a todos por igual.
Aula Segura, como proyecto, podría establecer instancias que acompañen el proceso de expulsión con intervenciones externas transitorias o permanentes que promuevan sistemas formativos acordes a la complejidad de lo que se experimenta.
Hoy, desde el Mineduc, no existen alternativas con financiamiento regular para abordar vías de inserción escolar alternativas que proporcionen oportunidades de aprendizaje focalizadas, con menos estudiantes, con prestaciones articuladas y especializadas, con énfasis en problemas de salud mental infantil y adolescente.
Las normas son eficaces no sólo cuando castigan, sino cuando contemplan mecanismos para colaborar en el cambio de conducta que se requiere modificar. Porque siempre hay razones detrás de la ira y las incivilidades, con mayor razón en estudiantes que cometieron un error pero que tienen una edad ideal para intentar cambiar, educarse y avanzar.
