Bono marzo a migrante tensa relación Gobierno- Oposición
BENEFICIO. La Cámara aprobó el aporte sin ser necesario solicitar el requisito de residencia. Parlamentarios reaccionaron a la medida.
La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados ayer discutió el proyecto que moderniza la Ley de Migraciones, con énfasis en el beneficio social del bono marzo, tema que dividió al Gobierno y los parlamentarios de oposición, ya que el Ejecutivo pretendía establecer un tiempo de estadía como mínimo, mientras que los diputados de izquierda defendieron la entrega universal, ganando finalmente esta propuesta.
La comisión parlamentaria, presidida por Daniella Cicardini (PS), acordó no considerar la indicación de La Moneda sobre la entrega de beneficios de seguridad social con cargo fiscal, entre ellos, el Aporte Familiar Permanente conocido como el bono marzo, donde establecía una residencia mínima de dos años en el país.
"Nuevamente se da una decisión desfavorable respecto a la política migratoria del Gobierno. Nosotros consideramos que existen ciertas restricciones iniciales que debieran tener los extranjeros que tiene que ver con su condición de arraigo. Si la persona no está en condición regular o si la persona está con una visa temporal, nosotros creemos que no deben tener acceso a los beneficios sociales tales como el bono marzo", señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Este cuestionamiento va en línea con los formulados el martes a la misma comisión, que aprobó el requisito de dos años de estadía para acceder a vivienda y gratuidad en la educación superior, junto con, en jornadas anteriores, dar visto bueno al artículo que impide expulsar a los extranjeros.
"Creemos que aquí hay un grupo de parlamentarios que no entiende. Hemos dicho en todos los tonos que queremos que los extranjeros vengan a contribuir. Sí, estamos todos de acuerdo: queremos también un arraigo. Nos damos cuenta que hay un grupo de parlamentarios de oposición que cree en la inmigración como un derecho a todo evento, y también con acceso a beneficios sociales. Nosotros no creemos eso, creemos que tiene que cumplir ciertas condiciones y si no las cumple creemos que el Estado tiene el deber y el derecho a expulsarlo", destacó Ubilla.
Cicardini, por su parte, afirmó que "cuando él señala que los parlamentarios no entendemos, que hemos generado trabas en la tramitación o que no queremos llegar a acuerdos, es totalmente falso. (...) No es justo que hoy un migrante regular, el cual tiene un contrato de trabajo, no pueda acceder a una licencia médica, por ejemplo".