Carolina Collins/Agencias
El nuevo Presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez (46), prometió ayer su cargo ante el rey de España Felipe VI, en un breve acto de toma de posesión del séptimo Mandatario de la democracia de ese país.
En la ceremonia estuvo presente su antecesor, el conservador Mariano Rajoy, quien fue desbancado del cargo tras un histórico apoyo de la mayoría absoluta del Congreso a la moción de censura que forzó la salida del poder del líder del Partido Popular (PP).
La moción, presentada hace una semana por los socialistas tras conocerse la sentencia de la Justicia española que condenaba al PP por beneficiarse de una trama de corrupción, fue aprobada por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención.
Sánchez contó con el apoyo del Partido Socialista, de la coalición de izquierda Unidos Podemos y de los grupos nacionalistas e independentistas del País Vasco y Cataluña.
Sin símbolos religiosos
Sánchez prometió su cargo, en lugar de jurarlo y sin presencia de la Biblia y del crucifijo, rompiendo por primera vez en la historia con la costumbre tradicional por la que habían optado todos los jefes de Gobierno de la democracia en España, retomada en 1977.
El nuevo Presidente del Ejecutivo, que se define como ateo, se acogió a esta opción que fue acordada por la Casa del Rey en 2014, poco después de la proclamación de Felipe VI, para dar la opción a los altos cargos de jurar o prometer ante la Biblia y la cruz o sin ellas delante.
"Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros", leyó.
Tras el acto, celebrado en el Palacio de la Zarzuela, sede de la jefatura del Estado español, Sánchez se dirigió al Palacio de la Moncloa, residencia oficial de los presidentes del Gobierno de España, donde se instalará junto a su familia hasta que acabe su mandato, en junio de 2020.
La inédita forma en que se produjo la llegada de Sánchez al poder, lo pone en una situación en la que deberá enfrentar varios desafíos. El primero de ellos será nombrar a sus ministros, ya que tras asumir ayer gobierna con los ministros en funciones del gabinete de Mariano Rajoy quien, según publicó la versión digital del diario español "El País", tuvo en 2011 un mes para el traspaso de poderes. Esta vez se espera que el nuevo Gobierno sea presentado entre el miércoles y el jueves de esta semana.
El reto independentista
La situación política en Cataluña ante el desafío independentista es el principal reto que el nuevo Presidente del Gobierno español tiene por delante, aunque también deberá concretar el nuevo modelo de financiamiento regional, alcanzar un pacto educativo y afrontar los presupuestos para el próximo año.
Respecto a la futura relación entre el Ejecutivo central con el de Cataluña, Sánchez se encontrará un escenario distinto, luego de que el Gobierno regional catalán retomara ayer el control de las instituciones autonómicas siete meses después de que fueran intervenidas por el Estado español tras la ilegal declaración unilateral de independencia.
Durante el debate de la moción de censura, Sánchez se mostró abierto a dialogar con las nuevas autoridades catalanas para tratar de suavizar las relaciones. Algo que le sirvió para obtener los votos que necesitaba de los legisladores pro independencia catalana.
La herencia del PP
El nuevo Ejecutivo socialista deberá afrontar en el Congreso, donde tiene 84 escaños de un total de 350, leyes promovidas por el anterior partido en el Gobierno, el Partido Popular, como la ley Hipotecaria y gestionar otras normas que actualmente se tramitan como la Renta Mínima o la modificación del Estatuto de los Trabajadores.
Sánchez se comprometió también a cumplir con los Presupuestos de 2018, aprobados hace poco más de una semana por el Ejecutivo de Rajoy y pendientes de su tramitación en el Senado, con el fin de mantener la estabilidad, y aseguró que no es la intención de un gobierno "eventual" derogar en ese contexto reformas, como la de las pensiones
