Redacción

El Juzgado de Garantía de Copiapó declaró admisible una querella criminal interpuesta por el Sindicato de Supervisores y Profesionales de la División Salvador por el delito de falsificación de instrumento público.

Según la querella, patrocinada por los exfiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, el 23 de agosto de 2017 se realizó una reunión con la directiva sindical y los supervisores de División Salvador en Hotel Camino del Inca, en El Salvador. En la oportunidad, según el documento, el presidente ejecutivo de Codelco Nelson Pizarro, emitió un discurso que para ellos fue constitutivo de prácticas antisindicales.

Con los audios como prueba, los trabajadores el 27 de septiembre hicieron la primera denuncia dirigida al director regional del Trabajo. Sin embargo, no se obtuvo respuesta a la denuncia y por ello con fecha 1 de noviembre vía correo electrónico se envió una segunda denuncia al director nacional del Trabajo.

El 7 de diciembre ingresó ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago una demanda interpuesta por el sindicato en contra de Codelco, representada por Nelson Pizarro.

Según la acción judicial, el 11 del mismo mes una fiscalizadora de la inspección del trabajo efectuó labores de fiscalización respecto a la denuncias efectuadas por el sindicato. Sin embargo en una audiencia preparatoria de juicio, la magistrado solicitó mediante un oficio la denuncia presentada por el sindicato, así como el expediente.

La Dirección Regional del Trabajo de Atacama respondió que "con respecto a esta denuncia no se generó informe ni expediente administrativo alguno, ello por cuanto el Sindicato denunció los mismos hechos judicialmente, razón por la cual este Servicio se vio en la obligación de inhibirse de investigar, ello en virtud de lo dispuesto en el D.F.L. N°2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social".

El presidente del Sindicato de Supervisores de División Salvador, Rodrigo González no comparte las palabras de la autoridad. "No se ajusta a la realidad, por cuanto se hicieron dos denuncias: una de ellas dirigida al director nacional del Trabajo, a fines de octubre del 2017. Además, tenemos otros antecedentes como por ejemplo la concurrencia de una fiscalizadora para investigar los hechos denunciados, por lo que necesariamente se debió formar un expediente administrativo", declaró González.

"Es posible que la conducta que haya desplegado el funcionario público que emitió el documento, sea constitutiva de un delito, que es el de falsificación de instrumento público, dado que en el caso de todo instrumento público, el funcionario que lo emite debe decir la verdad. Si no lo hace, puede caer en una infracción que está prevista en el código penal", declaró Pablo Norambuena, abogado patrocinante.

Con la acción judicial se busca que se investigue penalmente y se incaute la correspondencia electrónica que existió por este tema al interior de la Dirección del Trabajo.

Seremi del trabajo

Consultados por el tema, el seremi del Trabajo, Carlos Leal, manifestó que "recabaremos todos los antecedentes del caso y estaremos atentos a los requerimientos que realice el Ministerio Público en su etapa investigativa".

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI Copiapó, lograron la detención de dos ciudadanos por el delito de Infracción a la Ordenanza de Aduanas e Infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Lo anterior se gestó mientras los oficiales realizaron una fiscalización a un inmueble que funcionaba como hospedaje de forma ilegal en Copiapó, junto a funcionarios de la Gobernación de esta ciudad. En el lugar se encontraron 136 cartones de cigarrillos importados y distintas prendas de vestir con logotipos y marcas registradas, todo avaluado en $2.820.000 pesos, por lo que se detuvo ambas personas por su presunta responsabilidad en los hechos.

Ambas personas no registran antecedentes policiales anteriores y quedaron en libertad a la espera de citación por parte de la Fiscalía.

Jeyson Cordero Ríos, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal por el crimen del "calambrito", un menor de 16 años que murió en Tierra Amarilla. Por ello, fue declarado culpable de los delitos de homicidio simple y porte ilegal de arma hechiza.

El fiscal Luis Miranda Flores, logró acreditar que el 11 de septiembre del mencionado año, la víctima sostuvo una discusión con Jeyson Cordero Ríos, quien portaba un arma artesanal con la cual disparó a corta distancia en contra del afectado, quien de acuerdo a los peritajes realizados por el Servicio Médico Legal, sufrió un traumatismo abdominal que le causó la muerte en el pasaje Esperanza de la población Luis Uribe de la mencionada comuna."La prueba rendida por la Fiscalía durante los tres días que se extendió este juicio oral resultó contundente, hablamos de más de 50 fotografías del sitio del suceso y peritajes, prueba material y testimonial, dieciocho testigos de este hecho, además de la declaración de los funcionarios policiales que participaron de la investigación; que dieron cuenta lo sostenido en la acusación respecto de la participación directa del condenado", dijo el fiscal.

Cordero Ríos fue sentenciado a cumplir la pena de 10 años y un día por su responsabilidad en el delito de homicidio simple, y tres años y un día por ser autor del ilícito de porte de arma de fuego artesanal. Sanción a la que no se otorgaron beneficios alternativos, por lo que deberá permanecer privado de libertad en la cárcel de Copiapó.