Un nuevo revés sufrió el plan de normalización del borde costero, impulsado por el Gobierno y que fue rechazado por los habitantes de Flamenco, balneario de la comuna de Chañaral. Esta vez fueron los diputados de la Nueva Mayoría los que lanzaron críticas contra las autoridades regionales impulsoras de este programa, que actualmente se encuentra judiciacilizado; y quienes pidieron que se volviera a abrir el diálogo con la comunidad.
Esto luego de que la Seremi de Bienes Nacionales de Atacama entregara los antecedentes de los habitantes que no quisieron adscribir al plan y al contrato, que permitía la regularización de los terrenos, para que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querellara. En total son 111 personas las que se encuentran en esta situación.
Ayer en la mañana, cuando un grupo de dirigentes de las juntas de adelanto de Flamenco, además de otros representantes de Rodillo y Barranquilla; llegaron hasta el frontis del edificio del Gobierno regional, el diputado comunista, Lautaro Carmona, se refirió a la instancia alcanzada ante el CDE, indicando que él no lo habría hecho.
"Yo hubiera agotado (...) todos los espacios de diálogo hasta que esto tuviera la posibilidad de cuajar en un camino en que las partes concuerden", dijo el parlamentario. Asimismo, Carmona criticó el trabajo realizado por la intendenta de Atacama, Alexandra Núñez y por la seremi de Bienes Nacionales, Marcela Cepeda; como también la falta de diálogo de las autoridades con los vecinos del sector hoy en conflicto.
En tanto, la diputada demócrata cristiana, Yasna Provoste, junto a la diputada socialista, Daniella Cicardini; pidieron al Gobierno un pronunciamiento político para destrabar el conflicto. Además de exigir que se retome el diálogo con los vecinos que hoy se encuentran enfrentados con Bienes Nacionales.
"Queremos hacer hincapié en lo que ocurre en Flamenco, dado que en nuestra opinión, esto no puede ser incorporado como una situación similar a lo que ocurre en otros sectores costeros de la región de Atacama, y debe formar parte del programa de reparación que el Estado debe hacer con la comunidad de Chañaral, El Salado, Diego de Almagro y El Salvador", argumentó la parlamentaria DC. Agregó que esto tendría el origen "producto de la contaminación de las aguas por parte de Codelco que el propio Estado autorizó en un momento determinado, los habitantes de esa provincia quedaron sub playas donde poder realizar actividades recreativas".
Por su parte la diputada socialista, Daniella Cicardini, criticó la falta de disposición del Gobierno.
"Así como hoy día el Estado puede vender a privados para proyectos de inversión, los que muchas veces significan un gran aporte, pero otras han servido para la instalación de empresas que dañan el medioambiente y a comunidades enteras como ha sido el caso de la costa de Chañaral; yo esperaría que también tengamos la disposición y las facultades para darle solución a problemáticas como las que hoy enfrentan a los vecinos de flamenco".
Las acciones
Los parlamentarios de la zona no solo se quedaron en comentarios y críticas, sino que escalaron hasta autoridades nacionales a quienes les manifestaron o manifestarán su parecer sobre la situación.
De hecho las diputadas Cicardini y Provoste en conjunto, ya hicieron llegar su parecer a la ministra de la cartera, Nivia Palma. En tanto el diputado Carmona aseguró que "haré las gestiones que correspondan ante las autoridades del caso para reponer un espacio de trabajo que rompa el impasse actual en que las cosas están un poquito atrincheradas desde una posición A, inamovible que pudiera tener alguna comunidad; y de una posición B inamovible, que pudiera tener la autoridad del Estado y ese no es diálogo".
Flamenco
A 32 kilómetros de Chañaral, Flamenco es el asentamiento urbano que agrupa a más de 800 casas, las que para este proceso fueron divididas en 17 macrolotes. Solo uno firmó el contrato promovido por el Gobierno, aunque el cierre de ese acuerdo se trataría por condiciones específicas que no poseen los otros macrolotes.
La presidenta de la junta territorial de Flamenco, Nilsa Guzmán, reveló que "es un macrolote que tienen concesión marítima en un 90% y es un macrolote muy pequeño". Según lo indicado, se trataría de nueve casas que estarían ubicadas en su mayoría en territorio de concesión marítima.
"El arriendo que firmó con Bienes Nacionales es una pequeña cantidad de su terreno", comentó la secretaria de la junta, Sandra Jofré.
Respecto de la demanda, tanto la presidenta como la secretaria de la junta de Flamenco, indicaron que hay nueve macrolotes demandados. También aclararon, que al contrario de lo que indicó el Gobierno, "no firmamos, no porque alguien nos haya dicho que no firmemos, es porque nosotros vimos y pedimos asesoría jurídica y nos dimos cuenta de que eso era imposible de firmar", dijo Sandra Jofré.
El caso de Barranquilla
Otro asentamiento ilegal es Barranquilla. El presidente de la Unión Comunal de ese sector, Eric García, explicó que el proceso de normalización que ellos tienen acordado con el Gobierno no incluye este contrato de arrendamiento; sino que se trata de un acuerdo previo con las autoridades regionales en el que definieron esperar el término del proceso de cambio de uso de suelo.
"El compromiso que nosotros teníamos con el actual Gobierno, y con el gobierno anterior de Sebastián Piñera, era que a Barranquilla se le vende", aseguró García. Quien explicó que esto sería porque "por suerte, estamos en un sector donde el plano intercomunal costero está en proceso de cambio de uso de suelo, de urbano a rural". Esta situación los excluiría, según lo indicado por el dirigente, del proceso de normalización del borde costero. García sentenció que "nosotros estamos a la espera".
Aunque confesó que sí ha conversado con otros dirigentes y habitantes sobre la posibilidad de que esto no llegue al término que ellos esperan y que deban acogerse al plan del Gobierno. Sobre eso mismo, aseguró que los habitantes de las tres mil casas que poblan el lugar no se acogerían al contrato de arrendamiento.
Asimismo, en la Comunidad Ecológica de El Pulpito, Luis Gordillo, dirigente del sector, indicó que ve con pocas posibilidades que la comunidad acceda a firmar el contrato con Bienes Nacionales, a pesar de que ellos han mantenido conversaciones con el ministerio.
En tanto, desde la Seremi de Bienes Nacionales indicaron que el proceso de normalización del borde costero continúa, por lo que la secretaría regional va a seguir trabajando en este plan hasta el 11 de marzo de 2018. También agregaron que actualmente están trabajando con dos comunidades más, con las que ya tienen conversaciones avanzadas y las que estarían ad portas de firmar el contrato de arrendamiento. Además confirmaron que la ministra, Nivia Palma, vendría en las próximas semanas y que estaría al tanto de la situación de lo que ocurre en Flamenco con la judicialización del conflicto.
"Yo hubiera agotado (...) todos los espacios de diálogo hasta que esto tuviera la posibilidad de cuajar en un camino en que las partes concuerden"
Lautaro Carmona, Diputado PC"
"Esto no puede ser incorporado como una situación similar a lo que ocurre en otros sectores costeros de la región de Atacama"
Yasna Provoste, Diputada DC"
"Yo esperaría que también tengamos la disposición y las facultades para darle solución a problemáticas como las que hoy enfrentan a los vecinos de flamenco"
Daniella Cicardini, Diputada PS"
"Es un macrolote que tienen concesión marítima en un 90% y es un macrolote muy pequeño"
Nilsa Guzmán, Presidenta Junta Territorial Flamenco"
"No firmamos, no porque alguien nos haya dicho que no firmemos, es porque nosotros vimos y pedimos asesoría jurídica y nos dimos cuenta de que eso era imposible de firmar"
Sandra Jofré, Secretaria Junta Territorial Flamenco"
"El compromiso que nosotros teníamos con el actual Gobierno, y con el gobierno anterior de Sebastián Piñera, era que a Barranquilla se le vende"
Eric García, Representante Unión Comunal Barranquilla"
macrolotes se negaron a firmar el contrato de arriendo con Bienes Nacionales. 16