Constanza R. Álvarez
El pasado 17 de agosto el senador RN, Baldo Prokurica, ingresó en la Corte de Apelaciones de Copiapó un recurso de protección en contra del Ministerio del Interior, la intendenta de la región de Atacama, Alexandra Núñez y el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; además de la Seremi del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de la región, convocando al secretario regional, Rodrigo Ocaranza. Esto, alegando que ambas entidades habrían cometido discriminación a la hora de entregar los beneficios a las personas que resultaron damnificadas tras el aluvión de mayo. El recurso fue declarado admisible y ambas entidades, en este caso la Subsecretaría del Interior y el Minvu, fueron oficiados a contestar a la Corte.
En el intertanto del proceso judicial, el Consejo de Defensa del Estado asumió la representación tanto del Minvu de Atacama, como de la intendencia. Situación que Prokurica valoró diciendo que "creo que le han tomado peso a un recurso de protección que yo creo que es un recurso bien presentado".
"Lo que estamos pidiendo es la igualdad ante la ley, no estamos pidiendo ni mas, ni menos, solo estamos diciendo que si se va a entregar un beneficio que este se entregue de acuerdo al daño que tuvieron cada una de las personas", dijo el senador. Esto luego de la polémica por las familias que se quedaron sin ayuda económica de parte del Gobierno, primero por la falta de presupuesto, ya que solo se aprobaron 645 millones de pesos para la entrega de bono, que se llamó "Ayuda Económica de Habitabilidad". Monto que fue sacado del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Y segundo, por lo que acusó el senador Prokurica en la presentación de su recurso, "por haber realizado actos u omisiones arbitrarias", en relación a la entrega de este beneficio.
Protocolo
Consultada la Seremi de Vivienda y Urbanismo, indicaron que la presencia y representación del CDE es parte del protocolo del caso.
"Hay servicios públicos que tienen en su orgánica representación judicial y entonces ellos pueden defenderse con sus propios equipos jurídicos (...) pero hay otros servicios como el nuestro que no tienen esa representación judicial, es decir nosotros por nuestra estructura orgánica no tenemos la facultad de comparecer ante tribunales", dijo el abogado del servicio, Pablo Pizarro. Asimismo agregó que "es por eso que nosotros le pedimos esta intervención al Consejo".
Respuesta a oficios
La Subsecretaría del interior respondió a los requerimientos de la Corte de Apelaciones de Copiapó, e indicó mediante un informe expuesto ante el tribunal de alzada que "se realizó con absoluto y estricto apego a la legalidad vigente y no ha existido en su actuar ilegalidad ni arbitrariedad alguna". Asimismo solicitó que se rechace el recurso interpuesto por Prokurica "en todas su partes, con costas". Es decir, de fallar a favor de los ministerios, sería el senador quien debe asumir los costos de la acción judicial.
Análisis
Dentro del informe presentado el pasado 15 de septiembre, la Subsecretaría apela a que el recurso presentado por el parlamentario no sería "jurídicamente concebible" ya que, según lo evidenciado, hay participación de otros organismos y de la propia ciudadanía.
"En este tipo de determinaciones deben lidiar con necesidades permanentes en otras áreas que también resultan afectadas por las catástrofes como las de salud, educacionales o de seguridad social, e incluso lidiar con el resto de catástrofes que afectan a nuestro país", indicó a la Corte la Subsecretaría del Interior.
Además no solo la Subsecretaría pidió que se rechazara el recurso, también lo hizo la Intendencia de Atacama, que cree que, según lo presentado ante el tribunal el pasado 15 de septiembre; entre las razones que se deberían tomar en cuenta para el rechazo de la solicitud, explican, está "la extemporaneidad del mismo, la falta de legitimación activa del recurrente (senador Prokurica)".
Números
En el documento, sustentado en los número que dejó el aluvión de mayo, se indica que la emergencia en total tuvo u costo para el Gobierno de cuatro mil 911 millones de pesos y fracción. Y que de esa cantidad, dos mil 576 millones ya han sido ejecutados y que dos mil 335 millones se encuentran en fase de aprobación.
Sobre la forma de entregar los beneficios a los damnificados, se indicó que el proceso, realizado por el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fue mediante la ficha FIBE y Ficha N°2 respectivamente. Ambos cuestionarios permitieron la elaboración del listado de personas beneficiadas.
Plazos
En tanto el procedimiento sigue su curso legal, por lo que no hay un plazo definido para que ambas partes conozcan la resolución que la Corte de Apelaciones de Copiapó tendrá para este caso.
"Creo que le han tomado peso a un recurso de protección que yo creo que es un recurso bien presentado"
Baldo Prokurica, Senador RN"
"Se realizó con absoluto y estricto apego a la legalidad vigente y no ha existido en su actuar ilegalidad ni arbitrariedad alguna"
Subsecretaría del Interior"
millones costó la emergencia de mayo pasado, segú lo indicado por la Subsecretaría del Interior a la Corte de Apelaciones. $4.911