El reclamo del fiscal Carlos Gajardo en contra de la petición de la defensa de Orpis viene de una experiencia propia. La defensa de los controladores del grupo Penta, pidió citar a declarar como testigos en esa causa los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, solicitud que fue visada por la Corte de Apelaciones de Santiago y que fue vista por el Ministerio Público como una estrategia para inhabilitar a los persecutores de sus investigaciones.
El candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Piñera, confirmó ayer que recibió un crédito del BancoEstado, para financiar su campaña, aunque no precisó el monto.
El ex Mandatario habría solicitado un crédito a esa entidad bancaria "por un monto cercano a los mil millones de pesos", según publicó ayer La Tercera.
"Efectivamente tenemos un crédito de BancoEstado. Lo solicitamos, el BancoEstado puso exigencias -y muy rigurosas- en materia de garantías", confirmó Piñera al respecto.
"Hemos financiado parte de nuestra campaña con un préstamo que será devuelto con la devolución que haga el Servel en función del número de votos", agregó el ex Presidente que aseguró que "los partidos no han hecho aportes a nuestra campaña".
La polémica por el financiamiento de las campañas se abrió esta semana tras la negativa del BancoEstado a darle un crédito al candidato del pacto "Fuerza de la Mayoría", Alejandro Guillier, por una disposición legal que impide que parlamentarios celebren contratos con el Estado.
El senador acusó que existe un "bloqueo" bancario, crítica que respaldó la candidata presidencial de la DC, Carolina Goic. Desde el BancoEstado aclararon que "por razones de prudencia y para los efectos de no perjudicar a ningún parlamentario, BancoEstado ha resuelto desde 1995 abstenerse de realizar operaciones crediticias con diputados y senadores".
"Dos senadores de la República tienen que conocer la Constitución y tienen que conocer la ley que ellos mismos aprobaron", comentó Piñera sobre esas críticas.
La candidata presidencial de la DC, la también senadora Carolina Goic, se plegó a las críticas de Guillier al decir que "pareciera que solo los millonarios como Piñera pueden participar de una campaña" y emplazar al Gobierno a que "tome cartas en el asunto".
Luego de que se supiera del crédito otorgado a Piñera, la abanderada falangista reaccionó diciendo que "me parece bien que Sebastián Piñera entre al debate del financiamiento. Él ha sido despectivo con los planteamientos que hemos hecho nosotros. Pero me parece que sólo ese tema es el que le interesa, porque envió sólo a representantes en los foros de minería y de los derechos de la infancia".
Goic emplazó al ex Presidente a que sea "transparente y entregue a la ciudadanía la información de cómo ha financiado él su campaña. Me encantaría que no tratemos de desviar el debate y que Piñera también se pronuncie con las medidas de transparencia y probidad, porque ahí no hay ninguna sola palabra".
En cuanto a los recursos para su campaña, que también se ve afectada por la disposición legal que impide que parlamentarios firmen contratos con el BancoEstado, la senadora señaló que "uno no tiene ningún trato especial, uno pide igualdad de condiciones para poder competir. Esta es una campaña resiliente porque debe reponerse ante cualquier dificultad".
Y anunció que continuarán haciendo las gestiones con la banca privada en la búsqueda de lograr conseguir financiamiento. "Esta campaña no tendrá una barrera en ese sentido, porque a diferencia de otras, no se centra en el debate por el financiamiento. Nosotros planteamos ideas y generar coherencia entre los dichos y acciones", dijo Goic.
Guillier, por su parte, habría recibido una oferta de un crédito de hasta $ 500 millones, por parte de la institución no bancaria Tanner Servicios Finanieros, ligada a los empresarios Ricardo Massú y Jorge Sabag, según publicó el medio citado.
La firma habría llegado a ese monto proyectando que el abanderado oficialista podría lograr el 20% de los votos en la primera vuelta de noviembre, por lo que el tope máximo que le devolvería el Servel sería de $1.300 millones.
El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, se sumó al debate, y señaló que "más grave que eso (el crédito solicitado por Piñera) es que la derecha gana cuando nos tiene hablando de dineros. Las campañas no se canjean por la capacidad de conquistar bancos. (...) El debate no es si nos prestan o no dinero, es quién tiene las mejores ideas".
La candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, se sumó al debate por el financiamiento de las campañas y prometió que la suya será "austera y ciudadana". "Me encantaría que las campañas no dependieran solo de lo lleno que está la billetera y que dependiera más de la voluntad y de las ideas", aseguró Sánchez, que ayer relanzó la iniciativa "Pesito a pesito" que usó para las primarias, para obtener donaciones voluntarias de quienes la respaldan. "La unión hace la fuerza", sostuvo la periodista.
El persecutor Carlos Gajardo, salió ayer en defensa del fiscal nacional, Jorge Abbott, luego de que la defensa del senador desaforado, Jaime Orpis, pidiera que el jefe del Ministerio Público sea citado a declarar en la el caso Corpesca en calidad de testigo.
Gajardo emitió su opinión al respecto y apuntó sus críticas en contra de la estrategia legal del desaforada parlamentario ex UDI, quien fue formalizado por delito de cohecho, fraude al fisco y delito tributario.
El fiscal jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad Oriente manifestó a través de su cuenta de Twitter que la decisión de la defensa de Orpis no es más que "un intento de desviar la atención sobre graves conductas de corrupción y fraude".
Asimismo agregó que con esta solicitud "extiende la práctica anómala de pedir que declaren fiscales".
La reacción de Gajardo se produjo luego de que El Mercurio publicara ayer que el abogado del desaforado senador, Sergio Rodríguez Oro, le envió un escrito al fiscal regional del Biobío, Julio Contardo, para que cite a declarar a Abbott. La petición también incluyó a la jefa de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Marta Herrera y a dos abogados penalistas, quienes intervinieron en la Comisión de Constitución del Senado el pasado 10 de enero donde se discutía un proyecto de ley que busca modificar el delito de cohecho y soborno.
Según publicó el medio anteriormente citado, ambos profesionales tomaron la palabra cuando se abordaba una indicación ingresada por el senador Antonio Horvath, que proponía eliminar la frase "para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo" en la tipificación del delito de cohecho, lo que finalmente fue rechazado.
En el acta de esa instancia parlamentaria, consta que Abbott argumentó que ese cambio era "fundamental" para poder perseguir a funcionarios públicos "aunque nunca ejecuten un acto de su cargo que se puede vincular a un pago" sospechoso de ser un soborno.
Por su parte, Herrera planteó que ley debía "sancionar al funcionario público que está permanentemente a disposición de un privado a cambio de una dádiva periódica".