El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, respondió a las nuevas acusaciones del Presidente de Bolivia Evo Morales, quien acusó a Chile de vulnerar normas de la Corte de La Haya al dar a conocer los detalles de la demanda que presentó contra su país por el uso de las aguas del río Silala.

"Bolivia ha llevado a los medios internacionales la discusión no solo sobre su demanda marítima, sino que también puso en la agenda pública el tema del río Silala. Fue Chile el que recurrió a los medios pacíficos de solución de controversias", dijo el Muñoz en una conferencia de prensa tras encabezar una reunión con el consejo de ex cancilleres en las dependencias de la cartera.

"Fue Chile el que recurrió a los medios pacíficos de solución de controversias. En vez de responder por la prensa, nosotros fuimos a La Haya", agregó el ministro.

Asimismo, el jefe de la diplomacia local aseveró que "nos sentamos con Bolivia durante numerosos años para llegar a un acuerdo sobre el río Silala. En ese momento, cuando Bolivia nos amenazó y empezó a utilizar políticamente la causa del río Silala, es que nosotros concurrimos al tribunal internacional".

El canciller insistió en que Bolivia reconoció durante más de un siglo que el Silala era un río internacional y "cambió de versión en 1999, cuando acusó a nuestro país de robar aguas del Silala" y destacó el respaldo que recibió la demanda por parte de los ex ministros.

Contrademanda

Las declaraciones de Muñoz desestimaron así las acusaciones de Morales, quien dijo que la Presidenta Michelle Bachelet y el canciller Muñoz, "que no solo vulneran las disposiciones reglamentarias de la Corte, al revelar de manera interesada e inexacta los alcances de la disputa, sino que provocan abiertamente un debate público en los medios, innecesario".

El Mandatario boliviano además confirmó que el 3 de julio de 2018, cuando se entregue a la CIJ la contramemoria, también se presentará una "contrademanda" por el mismo tema contra esa nación.

Chile presentó el lunes en La Haya la memoria de la demanda contra Bolivia para que el tribunal resuelva si las aguas del Silala constituyen un río de carácter internacional, como alega el país.

Carolina Collins

Contar con guardias armados o con vidrios reforzados serán algunas de las medidas de seguridad adicionales que se le exigirá ahora a los casinos, luego de que el Gobierno firmara ayer un decreto que los convierte en entidades obligadas, tal como lo son los bancos.

Así lo informó el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quien tras reunirse en el Palacio de La Moneda con la superintendenta de Casinos, Vivien Villagrán, detalló que quedó firmado el decreto que estaba siendo trabajado desde hace ya seis meses, dos días después del incidente ocurrido en el casino Monticello de San Francisco de Mostazal, donde un veterinario asesinó a dos personas al interior del recinto, donde se quitó la vida.

"Se dictó el decreto con fecha de hoy día para declarar como entidad obligada a todos los casinos de Chile. Carabineros en un plazo máximo de 60 días va a determinar exactamente cuáles son las medidas adicionales que tienen que tomar los dueños de los casinos", detalló Aleuy.

"Eso incluye el uso de guardias armados y otras medidas adicionales que se requieran. Esperamos que con esto podamos efectivamente haber dado un paso importante en la seguridad que requieren los chilenos que asisten a este tipo de casinos de juegos", añadió la autoridad de Gobierno.

El subsecretario asimismo explicó que para declarar a una entidad obligatoria, se lleva a cabo un proceso con Carabineros de Chile "que determina los niveles de vulnerabilidad de un determinado sector industrial".

Aleuy puntualizó que les medidas de seguridad no son estándares, y se determinan según los niveles de vulnerabilidad de cada recinto.

Demora en las medidas

La superintendenta de Casinos, en tanto, fue consultada respecto a por qué no se implementaron estas medidas tras el incidente en el Casino Monticello de principios de junio pasadi, cuando un guardia resultó herido luego de que un hombre que quería seguir jugando, disparara.

"El decreto no estaba. Ahora, no es la única medida que uno puede adoptar y tomar y efectivamente, en ese marco, estábamos en conversaciones con el casino para fortalecer las medidas de seguridad y eso es lo que se ha venido haciendo en el último tiempo", respondió Villagrán quien agregó que "no son procesos estos de incrementar los estándares de seguridad que ocurran de la noche a la mañana".

Luego de las denuncias surgidas durante las primarias de afiliaciones erróneas a partidos políticos, desde el Frente Amplio aseguraron que los casos no sólo ocurrieron relacionados a su bloque, sino también a Chile Vamos. Revolución Democrática (RD) y el Movimiento Autonomista habilitaron un espacio para hacer denuncias, y hasta ayer acumulaban unas 500. Así observaron tres tipos de anomalías: "Personas que siendo independientes estaban afiliados a algún partido del Frente Amplio; personas que pensaban que eran independientes y estaban afiliados a algún partido de Chile Vamos y no pudieron participar de la primaria; y personas que militaban dentro del Frente Amplio y aparecían como independientes dentro de sus papeletas", explicó Rodrigo Echecopar, presidente de RD. El presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, en tanto, enfatizó que "el abuso en uso de firmas o delitos sólo puede saberlo por denuncias".

El 40% de colegios que pasarán a pagados cobra menos de $50 mil

La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, detalló ayer los alcances de la Ley de Inclusión e informó que en total son 77 los colegios y 41 los jardines infantiles cuyos sostenedores decidieron pasar a ser de pago en 2018, cifra que calificó como "menor". Quiroga destacó que un gran porcentaje de esos colegios tiene bajo copago y que, de hecho, un 40% de ellos cobra una mensualidad inferior a $50 mil (el copago máximo posible es unos $90 mil), varios cobran menos de $20 mil e incluso hay algunos que son gratuitos. Por eso, desde el Mineduc dialogarán con los sostenedores de esos colegios en las próximas semanas, con la intención de que echen pie atrás. "Nuestra intuición es que hay base para pensar que (esos establecimientos) podrían reevaluar su decisión, porque obviamente pasar de ser un establecimiento gratuito a un establecimiento particular pagado significa un cambio muy importante para la comunidad", dijo Quiroga.

Luego de que concluyera, el lunes, el análisis en particular del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales en la Comisión de Salud del Senado, que amplió la objeción de conciencia a todo el equipo y no sólo al médico, la titular de la cartera, Carmen Castillo, aseguró que en caso de riesgo de vida de la madre este criterio no debe imperar. "Frente a una urgencia, ahí no vale la objeción de conciencia. Es la vida de la persona; por lo tanto, si hay un riesgo de vida de la mujer, uno tiene que intervenir y en este caso la objeción de conciencia hay que dejarla de lado por la emergencia de muerte que pudiera tener la mujer", comentó.