Como "indignas" calificaron los vecinos de la localidad de El Salado, ubicada en la comuna de Chañaral, las medidas de mitigación provisorias realizadas por el gobierno, las que datan del aluvión de marzo de 2015.

Por esa razón ayer a primera hora de la mañana un grupo de pobladores se tomó la ruta C-13, que une la localidad minera con la comuna de Diego de Almagro, en forma de protesta por la tardanza en una solución definitiva a los problemas que aquejan al pueblo.

Humberto Esquivel, presidente de la Asociación Minera de El Salado, manifestó respecto a la protesta que "la gente se cansó de las autoridades, que vayan a cada rato a El Salado y no les solucionen los problemas. Están pidiendo que las obras de mitigación sean dignas, seguras, trabajos bien hechos, no al lote como tenemos ahora. No tenemos una pasarela peatonal, por allí pasan ancianos, mamás, alumnos. Necesitamos una pasarela de vehículos segura".

El dirigente adelantó que esperarán la respuesta en unos días más y no descarta que los mineros se unan a las movilizaciones ciudadanas.

En tanto, Ricardo Lock quien es concejal de la comuna de Chañaral, señaló que "esta es la única forma que las autoridades escuchen a los habitantes de los pueblos tan postergados, es teniendo revoluciones sociales".

Al respecto, el alcalde Raúl Salas informó que "conversé con el gobernador (s), quien indicó que a partir del lunes se comenzará a trabajar en una solución provisoria de pasarela. Por otra parte, ayer precisamente envié al intendente un oficio solicitando se aprueben los montos para la construcción de una pasarela, la que cumple todos los estándares de seguridad para ser instalada en el sector. Asimismo, le hemos pedido a la Subdere apresurar la aprobación de recursos para los proyectos del estadio de fútbol, gimnasio techado, plaza y limpieza fina en la localidad".

Los vecinos del sector de Jotabeche, en horas de la tarde de ayer, se movilizaron en la calle Ramón Freire de la capital regional, debido a que no han recibido soluciones concretas luego que se vieron afectados por las últimas lluvias.

Al lugar llegó Carabineros, ya que suspendieron el tránsito con una barricada. "Necesitamos ayuda, no podemos vivir en el barro. Pedimos seguridad en la noche, queremos que nos hagan llegar el bono. A algunos de nosotros nos están cobrando arriendo, queremos que nos ayuden, queremos que se sensibilicen", dijo el vecino Luis Maza.

Pamela Vásquez Fuentes

Cuatro concejales de Tierra Amarilla solicitaron al Tribunal Electoral Regional de Atacama la remoción del cargo del alcalde Osvaldo Delgado por notable abandono de deberes.

Los concejales Boris Pérez, Mario Morales, Cristóbal Zúñiga y Domingo Órdenes, mediante un comunicado de prensa, argumentaron que desde 2014 que la administración de la municipalidad ha sido cuestionada por "informes de auditorías e investigaciones especiales efectuadas por la Contraloría General de la República, los que han derivado en denuncias a la Fiscalía".

Agrega la misiva que el municipio "no cumple con las obligaciones previsionales en tiempo y forma, lo que conlleva a un detrimento patrimonial del municipio al pagar multas e intereses por pagos atrasados".

Leonardo Maturana, abogado que representa a los cuatro concejales, explicó que se argumenta notable abandono de deberes porque hay "un incumplimiento grave, manifiesto y reiterado en este caso de obligaciones, tanto legales como administrativas, relativas a la municipalidad. La segunda causa es el no pago de cotizaciones previsionales en forma oportuna y completa y la tercera es cuando se causa un detrimento grave al patrimonio de la municipalidad. Lo que señalan los concejales con los informes que se acompañaron es que esas tres causales se incurren por parte de la municipalidad en diferentes hechos".

Uno de estos aspectos es el no pago de cotizaciones previsionales de trabajadores de la educación municipal, los que se pagaron en diciembre de 2015, aunque se debió haber pagado mensualmente. "Hay un incumplimiento objetivo de la norma", expresó.

Explicó el abogado que se han dado "una serie de hechos, como fondos adquiridos a través del cobro de patentes como 450 millones de pesos, que la ley señala que deben ser usados para el desarrollo comunal inmediato. Lo que se hizo (municipio) fue pagar remuneraciones y otros tipos de gastos", detalló.

El abogado destacó que el alcalde debe supervigilar la administración de la municipalidad, algo que no habría realizado Delgado. "En el no pago de las cotizaciones, él debió supervigilar el pago de éstas, en el caso de los decretos de pagos financiados con fondos obtenidos a través de pagos de patentes mineras, el mismo fue quien dictó los decretos de pagos", finalizó.

La PDI presentó a las autoridades un plan para enfrentar los delitos que afectan a Caldera.

La iniciativa está sustentada en la labor investigativa conjunta con la Fiscalía de Caldera y un trabajo educativo por medio de campañas, charlas y visitas a radioemisoras para evitar la perpetración de delitos.

El jefe de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI de Copiapó, comisario Óscar Laporte expuso en el Consejo de Seguridad de la Comuna de Caldera, instancia en la que dio a conocer un plan para enfrentar delitos que afectan a esa comuna.

Según lo expuesto, hay delitos específicos que son de mayor ocurrencia en Caldera y la labor investigativa de la PDI se va a enfocar en dicho ilícitos para dar eficacia a las prestaciones de la policía civil. "Hay un diagnóstico de la realidad en materia de seguridad en Caldera, la que hemos efectuado a través de información levantada por medio de investigaciones que hemos desarrollado y los antecedentes aportados por nuestra Oficina Regional de Análisis Criminal", señaló el comisario Laporte.

El jefe policial agregó que "la semana recién pasada tuvimos una reunión con el fiscal Ariel Guzmán para afinar detalles respecto de las acciones conjuntas para mejorar procesos investigativos. Asimismo, ayer me reuní con el fiscal Álvaro Córdova, de la Fiscalía Local de Caldera, para fortalecer nuestra relación con el Ministerio Público, apuntando a delitos de mayor incidencia en Caldera y hacer más eficaz la labor de ambas instituciones en beneficio de la comunidad".

Laporte además señaló que tanto en el Consejo de Seguridad de Caldera como en la reunión efectuada con el fiscal Córdova, se dio a conocer la creación de un grupo operativo que se dedicará a la investigación de delitos de mayor complejidad y que afectan a los calderinos como robos, hurtos, entre otros.