Gobierno hizo hincapié en cambio al Código de Aguas tras el caso Manflas
DGA. Se pretende que las regularizaciones del recurso hídrico las realice el ámbito administrativo y no judicial.
En el marco del fallo realizado por la Corte de Apelaciones de Copiapó, respecto al caso Manflas, el intendente de Atacama, Miguel Vargas, manifestó que "esta resolución hace necesario trabajar con sentido de unidad por el cambio del código de aguas", precisando además que "no le corresponde al Gobierno referirse a un fallo del poder judicial por respeto al Estado de derecho. Estamos en democracia ".
La Corte de Apelaciones de Copiapó ratificó la sentencia del Primer Juzgado de Letras de Copiapó de noviembre de 2014, que regulariza 300 l/s de aguas superficiales del río Manflas a la Hacienda Agrícola Manflas.
Al respecto, Vargas fue categórico en declarar que "por este tipo de situaciones es que el Gobierno de la Presidenta Bachelet está trabajando en modificaciones del Código de Aguas. Dentro de ellas, en el artículo 2° transitorio que permite este tipo de regularización circunscribiéndolo exclusivamente al ámbito administrativo y no judicial como actualmente ocurre. Es decir, una vez aprobadas estas modificaciones, será la Dirección General de Aguas (DGA), que por acto de autoridad pueda regularizar o no, determinados derechos consuetudinarios e históricos, y no los tribunales, por cuanto se requiere un importante grado de especialización en la materia".
Por su parte, Rodrigo Alegría, director regional de la (DGA), afirmó que "paradójicamente es la propia Junta de Vigilancia del Río Copiapó la que ha sido crítica a las modificaciones del Código de Aguas que ha impulsado el Gobierno. Si agrícola Manflas pudo regularizar estos 300 l/s fue porque la Junta de Vigilancia permitió estas extracciones por más de 20 años sin oponer resistencia alguna e incluso sin haber cobrado las cuotas sociales que le correspondían a esta empresa, configurando así lo indicado en el citado artículo segundo transitorio del Código de Aguas".
"Paradójicamente es la propia Junta de Vigilancia del Río Copiapó la que ha sido crítica a las modificaciones del Código de Aguas que ha impulsado el Gobierno".
Rodrigo Alegría, Director regional DGA"