El vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores (CRUCh), Aldo Valle, cree que el proyecto de educación superior permitirá fortalecer la institucionalidad del sistema y establecer un marco regulatorio que contribuiría a "salir de la libertad de comercio que rige en gran parte de la educación superior y transitar a un mercado regulado".

Sin embargo, el también rector de la Universidad de Valparaíso afirma que esta reforma "no incrementará las oportunidades de elegir entre lo público y lo privado, ni termina con los incentivos a la privatización excesiva y hegemónica".

"El actual Gobierno ha optado porque esa valiosa relación social que se constituye en el proceso educativo sea predominantemente de carácter privado, no entre ciudadanos, lejos de la deliberación democrática y de los procedimientos públicos, pero a la vez todo financiado por el dinero público", sostiene.

- ¿Qué efectos sociales conllevará esta reforma?

- Esta propuesta no contribuirá a fortalecer la complejidad y calidad de las instituciones universitarias, porque confunde cobertura con desarrollo y porque consolida la oferta docente privada meramente. Establece regímenes económicos diferenciados para las universidades y con ello institucionaliza la segregación, manteniendo la transferencia de recursos públicos a manos privadas, con libertad de aranceles, mediante el Crédito con Aval del Estado (CAE). Este es un gran proyecto de gratuidad que a la vez sirve discursivamente para consolidar el predominio privado, pero está lejos de ser una reforma transformadora desde un punto de vista social.

- El proyecto otorga un fondo especial para las Ues. estatales y establece una red de instituciones de este tipo. ¿Con estas medidas se cumple el trato preferente que han solicitado los planteles estatales?

- No se crea ningún fondo especial. Lo que se hace es darle otro nombre a un fondo que ya existe, denominado Convenio Marco. De modo que en materia de recursos estamos lejos del trato que corresponde, lo que tenemos hoy es más bien incertidumbre de pérdida otra vez. La constitución de la Red es una medida necesaria para acercar el Estado o al menos al gobierno a las Ues. que le pertenecen, pero es solo una instancia de coordinación. En el proyecto hay una retórica favorable a las estatales, pero ningún compromiso acompañado de evidencias sustantivas. En consecuencia, tampoco se puede hablar de que se logra la diferenciación que debe haber, insertas en el sistema de amplia concurrencia privada que se crea en el proyecto varias universidades estatales arriesgan su futuro.

- ¿Qué instrumentos faltan para fortalecer lo público?

- Dejar de financiar el mercado de la educación con recursos públicos, por ejemplo, reduciendo gradualmente el CAE. Fortalecer a las instituciones del CRUCh y acentuar con ellas el carácter público de su relación con el Estado, fortalecer a las universidades regionales y ordenar a un conjunto de Ues., públicas o privadas, en unos objetivos nacionales de política pública.

- El proyecto elimina el Aporte Fiscal Directo para dar paso a un aporte para la investigación que será concursable para los planteles que estén en gratuidad, incluidos los privados. ¿En qué afectaría esta medida a las instituciones del CRUCh?

- En las universidades del CRUCh se produce el 90% de la investigación, se imparte el 90% de los doctorados acreditados y la mayor parte de las especialidades médicas. Todo ello ahora tiene un signo de incertidumbre, porque no se sabe cómo se implementará ese nuevo instrumento. No logro ver por qué era necesario hacer esto, más allá de las rectificaciones que se necesita en favor de las universidades con menos ventajas dentro del CRUCh. Si se iba a agregar nuevos fondos, lo razonable era que se abrieran a otras universidades debidamente calificadas.

- ¿El nuevo modelo de financiamiento permitiría a las Ues. estatales desarrollarse y aumentar su matrícula?

- Los efectos sistémicos que tiene el diseño del financiamiento público pueden arriesgar la quiebra de varias universidades estatales, básicamente porque todas las limitaciones de matrícula, de gestión y de recursos recaerán sobre tales universidades, que a su vez tendrán que lidiar con un mercado privado paralelo también financiado por el Estado.

"Este es un gran proyecto de gratuidad que a la vez sirve discursivamente para consolidar el predominio privado, pero está lejos de ser una reforma transformadora desde un punto de vista social". "Los efectos sistémicos que tiene el diseño del financiamiento público (que propone el proyecto) pueden arriesgar la quiebra de varias universidades estatales".