La socia de Caval y nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon, compareció ayer en calidad de imputada en las dependencias del OS9 de Carabineros de Ñuñoa, tras ser citada a raíz de las diligencias por presuntos delitos de propiedad intelectual por informes copiados que fueron denunciados por el empresario Gonzalo Vial Concha.

Según informó Emol, citando fuentes que conocen el procedimiento, la esposa de Sebastián Dávalos fue requerida por orden del fiscal de Rancagua, Sergio Moya, luego de la querella por estafa que interpuso el dueño de Inversiones Graneles Ltda. contra la sociedad Caval.

De acuerdo con el libelo, los análisis que la firma de Compagnon le vendió al empresario fueron extraídos textualmente de Internet. Por ellos, agrega el documento, en 2012 se pagaron más mil millones de pesos.

Luego de la querella, la Fiscalía abrió una nueva arista en el caso Caval que busca establecer si existen antecedentes sobre una falsificación deliberada o violación de un derecho de propiedad industrial.

Para ello, el fiscal Moya ofició en junio al Instituto de Propiedad Intelectual para que informe de la titularidad de estos ocho informes y si están inscritos estos trabajos copiados.

Información "relevante"

El abogado de Compagnon, Antonio Garafulic, informó que la diligencia se extendió por cerca de tres horas y apuntó a obtener información "sobre el caso Caval en general y no exclusivamente por una arista en específico".

"Concurrimos de forma voluntaria a declarar y se entregó información relevante sobre la causa", indicó Garafulic al portal T13.cl.

Esta es la cuarta ocasión en que la socia de Caval declara por el caso.

El fiscal regional de Aysén, Pedro Salgado, asumió la investigación por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña política del diputado (Ind. pro DC) Iván Fuentes, debido a que el principio de ejecución de los hechos estaría radicado en la zona.

Con ello, el persecutor de O'Higgins, Emiliano Arias, deberá remitir todos los antecedentes que existan al respecto, luego que en un comienzo fuera designado por el fiscal nacional, Jorge Abbott, para dirigir la indagatoria.

La máxima autoridad del Ministerio Público ordenó una investigación de oficio luego que TVN diera a conocer el fin de semana que el parlamentario habría recibido pagos de Fipes, Industrias Pesqueras del Sur Austral, una de las asociaciones más importantes en la zona sur en el rubro pesquero.

Tales dineros habría sido utilizados, entre otras cosas, para financiar pasajes y estadías de Fuentes durante las discusiones de la materia en el Congreso.

De acuerdo con los antecedentes, los aportes mensuales entre los años 2012 y 2013 bordearían lo $ 1.500.000 mensuales.

Los dineros habrían sido gestionados por el senador de la Democracia Cristiana (DC) Patricio Walker y en total alcanzarían los $ 15 millones.

El martes, Fuentes aseguró que al momento de recibir los fondos en cuestión -que dijo le sirvieron para mantener a su familia durante la campaña-, desconocía su origen.

En medio del cambio de domicilio electoral que ha afectado a varias personas, el Servicio Electoral (Servel) informó que se habilitará un mecanismo electrónico para que quienes quieran, puedan revertir esta situación. "Basta con que nos envíen un correo electrónico de consulta Servel y nosotros vamos a poder ir registrando efectivamente si está el reclamo, y ahí nos indican el domicilio o la comuna donde quieren votar en la próxima elección", dijo el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría, en Canal 13. El titular del servicio indicó que este mecanismo "lo vamos a poner a disposición lo más rápido posible, si es posible la próxima semana". Además, dijo que cualquier persona que "desde el año 2014 al 2016 fue a hacer un trámite de renovación de sus documentos de identidad tendría que ingresar a la página www.servel.cl y puede chequear el domicilio que aparece", o bien hacerlo a través de un call center.

Mabel González

El Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inadmisible los nuevos requerimientos presentados por Chile Vamos contra la reforma laboral, por haber sido interpuestos fuera de plazo. El acuerdo fue adoptado en empate y con voto dirimente del presidente de la instancia, Carlos Carmona.

La acción, ingresada por un grupo de senadores y diputados del bloque opositor, apuntaba a un presunto "desacato" por parte del Gobierno, al presentar el veto presidencial que suprimía algunos pactos de adaptabilidad y el quórum para negociar.

De acuerdo al recurso -que el martes había sido acogido a trámite por el TC-, el Ejecutivo, de forma "explícita", habría resuelto desconocer el "efecto vinculante" del veredicto del tribunal.

Según explicó el secretario del tribunal, Rodrigo Pica, el motivo de inadmisibilidad que fue discutido se refiere a la oportunidad para formular los requerimientos.

Ahora el proyecto pasará por el "control preventivo y obligatorio", por contener algunas normas que son de ley orgánica constitucional, paso previo para su promulgación.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró la resolución y dijo que La Moneda "como siempre, acatará este fallo, como acató de buena fe el primer pronunciamiento del tribunal".

"Somos respetuosos de la institucionalidad y llamamos a la oposición a ser respetuosa también. Podrán no compartir la sentencia, pero deben acatarla", manifestó el secretario de Estado, en compañía de los titulares de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón, respectivamente.

Díaz sostuvo que este fallo "da cuenta del pleno respeto a las normas, en Chile las instituciones funcionan", y criticó la "forma y tono" que utilizó Chile Vamos para presentar el requerimiento, ya que "no corresponden al modo en que deben relacionarse los poderes del Estado".

"Esperamos el pronto término de esta etapa para proceder a la promulgación de la reforma laboral impulsada por la Presidenta Michelle Bachelet, con los avances que ella significa para los trabajadores y trabajadoras de Chile y para las relaciones laborales", dijo el vocero.

Desde la oposición, el timonel de la UDI, Hernán Larraín, afirmó que luego de la determinación del tribunal, "sobrevendrán numerosos fallos judiciales que irán precisando el fallo del TC".

"Lo que viene por delante es la judicialización del fallo laboral, lo que es de todos modos inconveniente y es lo que hemos tratado de evitar", indicó el senador.

El parlamentario sostuvo que "es tiempo de que el Gobierno se dé cuenta de que él tiene la reponsabilidad de evitar la judicialización a través de normas que permitan que los trabajadores no afiliados puedan negociar colectivamente, porque con las normas actuales difícilmente lo van a hacer, y si lo hacen, se producirá el caos judicial".