El Ministerio de Educación abrió una investigación contra la Universidad Andrés Bello por presunto lucro en ese plantel, controlado por el grupo Laureate. Según el diputado Mario Venegas (DC), miembro de la Comisión de Educación de la Cámara y quien solicitó una indagación a ese plantel, el Ministerio aplicó en este caso la Ley de Administrador Provisional, lo que implica que primero se realizará una "investigación previa" para posteriormente, si se constatan irregularidades, nombrar a un Administrador Provisional.

Si en esas circunstancias no hay solución, agregó el parlamentario, se puede designar un Administrador de Cierre.

Luego de participar en la sesión de la Comisión de Educación de la Cámara donde expuso el proyecto de educación superior, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, confirmó que "en este momento estamos en un proceso de investigación de una de las universidades de Laureate".

"No podemos permitir que instituciones sigan aprovechándose de los sueños de jóvenes que buscan nuevas oportunidades en la vida", comentó el diputado Venegas.

El plazo

A este proceso, en el que se abrirá un plazo de 120 días para que se realicen las diligencias en el plantel, se suma la investigación que reabrió el Servicio de Impuestos Internos (Sii) en contra del grupo Laureate, controlador de la entidad, y la investigación del fiscal Carlos Gajardo.

Se trata de la segunda investigación que el Ministerio de Educación inicia en contra de la Universidad Andrés Bello. En 2014 también indagó si el plantel lucraba, luego de la información proporcionada por la Comisión Nacional de Acreditación y el Consejo Nacional de Educación sobre los contratos que mantenía con su controlador, lo que finalmente no logró establecerse. La Fiscalía no ha podido avanzar debido a que el lucro no se encuentra tipificado y es resorte exclusivo del Servicio de Impuestos Internos (SII) querellarse sobre eventuales delitos tributarios.

"Esperamos que todas estas acciones contribuyan a aclarar lo que ocurre en las universidades vinculadas al grupo Laureate", subrayó el parlamentario de la DC.

El ex comandante en jefe del Ejército, general (R) Juan Emilio Cheyre, quedó detenido y procesado junto a otras ocho personas en el Regimiento de Policía Militar n°1 de Santiago como presunto cómplice de la muerte de 15 personas en el caso de la Caravana de la Muerte.

El ministro en visita Mario Carroza "dictó auto de procesamiento de nueve ex uniformados, en calidad de autores y cómplices de 15 homicidios calificados", dijo un comunicado publicado en el sitio del Poder Judicial.

Al ex general se le investiga por homicidios y secuestros en el Regimiento "Arica" de La Serena en 1973, por instrucción del juez Mario Carroza. En ese lugar, Cheyre se desempeñaba como teniente tras el 11 de septiembre de 1973.

Según T13, Cheyre se entregó en la Brigada de DD.HH de la PDI, para luego ser trasladado al Batallón de Policía Militar de Peñalolén.

Los demás detenidos

Junto a Cheyre, Carroza decidió someter a proceso y dejar en prisión preventiva a otros 8 militares en retiro. Se trata de Ariosto Lapostol Orrego, Víctor Hugo Alegre Rodríguez y Amando Fernández Larios en calidad de autores; y de Jaime Ojeda Torrente, Hernán Valdebenito Bugmann, Guillermo Raby Arancibia, Hugo Leiva González y Mario Vargas Miguieles como supuestos cómplices del delito de homicidio calificado.

Cheyre, que comandó el Ejército entre 2002 y 2006, período en el cual impulsó un compromiso de "nunca más" a las violaciones de los derechos humanos, será notificado hoy de su situación procesal.

Hace un mes el Programa de DD.HH del Ministerio del Interior había solicitado al ministro en visita Mario Carroza someter a proceso a Cheyre, por su presunta participación en calidad de encubridor. Pero Carroza decidió ir más allá y procesarlo cómplice.

El 12 de abril pasado Cheyre participó en la reconstitución de escena en el Regimiento de Infantería N° 21 de Coquimbo.

En la actualidad, Cheyre es miembro del consejo directivo del Servicio Electoral y director del Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica.

El procesamiento de Cheyre en esta causa fue solicitado a mediados de 2013 por el abogado Cristián Cruz.

"Mis representados están profundamente emocionados, hemos vuelto a creer en la justicia, es difícil comprender todo lo que ellos y los que hemos estado cerca, hemos pasado", dijo el abogado Cruz tras conocer los detalles del fallo.

Respecto de al resolución, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, agregó que "lo más doloroso es que hablamos de un comandante en jefe del Ejército en transición".