Juicio por alerta fallida de tsunami
Es exigible que se persevere hasta el final en todos los casos, especialmente en los que tienen alta connotación pública, a fin de tener certeza de imparcialidad ante la ley. Al menos dos cosas: urge profesionalizar una institucionalidad de emergencias y sorprendente decisión del organismo persecutor en terminar en una salida de este tipo, un caso dramático que ya suma 6 años.
Hace unas semanas fue conocido el arreglo que propuso la Fiscalía Metropolitana Occidente, en el marco de la investigación por la fallida alerta de maremoto del 27 de febrero de 2010. Así se llegó a la audiencia donde se discutieron los acuerdos a los que llegó el Ministerio Público con las defensas de las seis personas acusadas por cuasidelito de homicidio.
Estos tienen que ver con la suspensión condicional del procedimiento a cambio de una serie de requisitos que incluyen una declaración pública respecto a qué sucedió la madrugada de los hechos y una compensación económica. De esta forma, el exsubsecretario de Interior Patricio Rosende Lynch debería pagar $75 millones, mientras que la exdirectora de la Onemi, Carmen Fernández, $39 millones. Por su parte, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, deberá desembolsar $4 millones, mientras que los marinos encausados entregarán una compensación económica que asciende a los $39 millones.
En este proceso se escucharon las voces de varias víctimas en contra de la medida buscada por la Fiscalía. Una fue Silvana Sanzana, quien recordó cómo murió su padre tras ser alcanzado por una ola la madrugada del 27 de febrero de 2010.
Al respecto, parece necesario señalar al menos dos cosas. La urgencia de profesionalizar una institucionalidad de emergencias y la sorprendente decisión del organismo persecutor en terminar en una salida de este tipo. Son inquietantes para la Justicia y la fe pública que la fiscalía entregue señales un tanto incomprensibles, como en este caso, o en la decisión de no iniciar investigaciones a la espera de acciones del SII en causas ligadas al financiamiento irregular de la política.
Puede ser cierto que la Fiscalía persevere con ganas en la mayoría de los casos, pero es exigible que ello sea efectivo siempre, especialmente en los que tienen alta connotación pública, a fin de tener certeza de imparcialidad completa ante la ley.
Para muchos, estas decisiones buscan impunidad y sería nefasto que eso se instalara.