La Comisión de Constitución del Senado citará a los miembros del Consejo Ciudadano de Observadores del proceso constituyente y al ministro de la Segpres, Nicolás Eyzaguirre, con el fin de abordar las diferencias que han surgido entre ambos actores.

El presidente de la comisión, Pedro Araya (Ind. pro DC), anunció que "a raíz de toda la polémica que se ha suscitado con algunos observadores del proceso constituyente y que queremos que este proceso sea lo más transparente posible de forma tal que nadie pueda cuestionarlo, hemos acordado citar para una próxima sesión a los observadores y también al Gobierno, especialmente al ministro Secretario General de la Presidencia".

El legislador indicó que espera que en esa sesión especial el secretario de Estado "nos venga a explicar en qué está el proceso y por qué se han suscitado estas diferencias".

El parlamentario argumentó la determinación señalando que "la ciudadanía necesita claridad en esta materia, necesitamos tener certezas y no podemos seguir en esta polémica que se ha armado en estos días".

En ese sentido, el senador aseguró que "el Gobierno tiene que ser lo más cuidadoso posible, tenemos que evitar cualquier tipo de suspicacias en torno a cómo se lleva adelante el proceso constituyente, sobre todo cuando la propia Presidenta instó por la vía institucional de crear este Consejo de Observadores".

A su juicio, "no podemos pretender que los observadores se enteren por la prensa de algo que va a hacer el Gobierno en materia del proceso constituyente".

Mabel González

Luego que algunos miembros del Consejo de Observadores del proceso constituyente criticaran la campaña comunicacional presentada por la Presidenta Michelle Bachelet y aseguraran que se enteraron por la prensa de ella, el Gobierno se defendió de esos cuestionamientos asegurando que han respetado los acuerdos alcanzados con la instancia. Sin embargo, dijo que están dispuestos a mejorar el trabajo con el equipo ciudadano.

"Ha sido todo resuelto de común acuerdo con el consejo, hemos sido estrictamente rigurosos en respetar los acuerdos con el consejo", señaló el ministro secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, en TVN.

Las críticas surgieron de los observadores Patricio Fernández, Francisco Soto y Salvador Millaleo, quienes cuestionaron al vocero de La Moneda por no revisar con ellos el fondo de esta campaña comunicacional.

Al respecto, Díaz señaló: "Yo quiero decir con muchas franqueza, como lo dijo otro consejero, Roberto Fantuzzi, que efectivamente el Gobierno no tiene obligación de mostrar los spots. Nos encantaría poder hacerlo, pero no tenemos tiempo para hacerlo".

El titular de la Segegob agregó que los observadores "se enteraron por la prensa probablemente del contenido, no de la existencia de material de difusión. Ellos saben que va a haber un spot en televisión, saben que va a haber un video infrográfico".

En ese sentido, descartó que se esté actuando de manera apresurada y que exista una "jugarreta" en la iniciativa, como apuntaron los integrantes del consejo. "Hemos renunciado al itinerario original para que el consejo tenga todas las condiciones para poder avanzar", aseveró.

Más tarde, en un punto de prensa en La Moneda, el vocero del Ejecutivo se mostró dispuesto a mejorar el trabajo con el Consejo de Observadores. La postura la dio a conocer luego de una reunión que sostuvo con el presidente de la instancia ciudadana, Patricio Zapata, con quien se citará nuevamente la próxima semana para llegar a un consenso que permita una mayor coordinación en esta materia.

Al ser consultado por el encuentro, la autoridad insistió en que a los observadores les "hicimos presente que era muy difícil que estuviéramos en condiciones de tener cada uno de estos productos (comunicacionales) terminados con la antelación suficiente para que ellos los conocieran".

Desde la oposición, la UDI acusó que La Moneda "está entrando en el camino de la manipulación de los medios de comunicación" en esta etapa de la iniciativa, con lo que a su juicio se intenta "influir en el proceso de la forma como el Gobierno quiere".

"Todavía el Gobierno no ha podido garantizar un proceso neutral, donde realmente se va a oír a la gente, puesto que todo el diseño incluye siempre una forma que a mí me parece discutible, que es de vender una pomada", reprochó el timonel gremialista, Hernán Larraín, en Tele 13 Radio.

El Consejo de Rectores (CRUCh) informó ayer los tres criterios mínimos que deberán cumplir las universidades privadas que deseen adscribirse al Sistema Único de Admisión (SUA) correspondiente al Proceso de Admisión 2017, que permite a los estudiantes postular a la educación superior vía PSU.

En reuniones desarrolladas en marzo y abril, el pleno del organismo acordó que los planteles privados deberán tener al menos cuatro años de acreditación y que sus controladores sean personas naturales o jurídicas sin fines de lucro. Estas exigencias son las mismas fijadas para acceder a la gratuidad.

Según esos criterios establecidos, solo tres universidades privadas que aún no están adheridas al sistema cumplirían con esos requisitos: la Universidad San Sebastián, la Universidad Católica Silva Henríquez y la Universidad Autónoma de Chile, según consignó Emol.

Todas ellas ya han solicitado poder entrar al sistema, pero hasta ahora se les había negado la posibilidad.

Los rectores de esas tres instituciones confirmaron que su interés sigue en pie y que harán todas las gestiones para poder ingresar.

"Sí vamos a participar, y no veo ninguna razón por la que podamos quedarnos fuera", dijo al citado medio electrónico el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados.

El segundo requisito determinado por el CRUCh es que las universidades privadas "comprometan el cumplimiento íntegro de las normas y procedimientos del SUA, así como de los acuerdos del Consejo de Rectores referido al Proceso de Admisión".

Por último, las casas de estudio deberán demostrar "compatibilidad de la misión y visión institucional con los principios del SUA del Consejo de Rectores".

La solicitud de cada universidad privada será sometida a decisión del pleno del CRUCh, que determinará la aceptación o rechazo de cada postulación.

Hace cinco años, ocho universidades privadas ingresaron al SUA y desde entonces el ingreso de nuevos planteles se había mantenido congelado, pese a que varias instituciones habían manifestado su interés por sumarse.