Alejandro Núñez
Durante estos días personal de Bienes Nacionales comenzó el levantamiento topográfico en las tomas costeras de El Pulpo y El Pulpito en Caldera, para luego determinar los lotes que se podrían en arriendo para su regulación. Por su parte la agrupación de tomas costeras destacó que en marzo comenzarán las reuniones con la autoridad para aclarar las condiciones del alquiler.
El seremi de Bienes Nacionales (S), Freddy Arancibia comentó que "nosotros estamos en una constante conversación con el borde costero y efectivamente en este minuto se están tomando medidas en el sector y se tiene que hacer un levantamiento topográfico en el lugar del fisco porque hay un punto que es particular".
En tanto la vocera de Voces del Borde Costero, Daisy Cortés indicó que son 4.500 familias en las tomas que buscarán en marzo un contrato de arriendo con la autoridad. La dirigenta explicó que "vamos a poner nuestras condiciones que son que tenga un compromiso de venta y que el contrato sea heredable".
Sobre la condición de que las zonas deben ser urbanizadas para tener opción a la compra, Cortés dijo que "ya estamos trabajando en la comunidad de El Pulpo".
Cabe recordar que el programa del Ministerio de Bienes Nacionales intenta regularizar la situación y proteger las zonas de alto valor patrimonial y turístico. Con este fin, se ideó un sistema de arriendo por macrolote acorde con la normativa legal vigente.
Además el plan considera que en los sectores donde no sea posible concretar los arrendamientos, se solicitará el inmediato desalojo. Tanto el ministro de Bienes Nacionales Víctor Osorio como la seremi Marcela Cepeda han enfatizado que "no se aceptarán nuevas ocupaciones ilegales".
Según el plan ofrecido, el arriendo será con personas jurídicas que representen a los macrolotes. En tanto la duración dependerá de si las ocupaciones están en sectores urbanos o rurales.
La normativa indica que en sector urbano el arriendo de un terreno fiscal puede ser de cinco años, y en rural, de 10 años. Cabe consignar que la normativa, indica que el ocupante ilegal debe pagar una indemnización por concepto de los años que ha ocupado ilegalmente el terreno fiscal.
Caldera
Ante este programa el concejal de Caldera Emilio Bianchi (RN) criticó la falta de información que ha tenido el Concejo Municipal por parte del Gobierno Regional. "Para nosotros es una incertidumbre con qué tomas se va negociar y con cuáles no".
En tanto el concejal Juan Morales (PS) destacó el avance en el proceso de regulación del borde costero. La autoridad dijo que "lo bueno que el Gobierno están tomando el tema de las tomas costeras de forma seria y responsable".
La concejala Soledad González (PPD) subrayó que "todo chileno debe ser tratado con igualdad de condiciones ante la ley. No puede ser que a un sector se le dé chipe libre como en las tomas". La autoridad valoró el proceso de regulación pero sinceró que "será difícil de aplicar".
"Hemos estado esperando noticia del Gobierno pero no ha pasado nada. Parece que ellos han negociado con cada una de las comunidades y a nosotros no nos han considerado".
Emilio Bianchi, Concejal Caldera
Cuestionamientos del Core
El consejero Regional, Fernando Ghiglino (RN) cuestionó el proceso de normalización porque "el contrato de arriendo es a plazo definido y si no hay urbanización esa gente no puede tener un terreno en la playa. Además el contrato solamente le da atribuciones al Ministerio de Bienes Nacionales y la gente está sujeta a la decisión política del Gobierno de turno". La autoridad enfatizó que "yo creo que este ministerio nos va desordenar más el territorio a nosotros".
500 familias fueron
las primeras en iniciar el proceso de regulación en la toma Flamenco en Chañaral.