"Le recomendaría quese defienda con argumentos técnicos y no tratando de enlodar a los persecutores"
Claudio Uribe
Presidente de Asociación de Fiscales por dichos del diputado Urízar
"A mí los plazos no me preocupan mucho, yo veré cuándo, a mí no me fijan plazos".
Ministro Jorge Burgos
Fallida reunión con camioneros para deponer movilización del lunes.
Pocas políticas públicas han provocado un descalabro económico tan impactante como el Transantiago. Lo peor es que su puesta en marcha hace ya nueve años ha significado una sangría económica para el país, que han pagado no sólo los habitantes de la Región Metropolitana, sino de toda la Nación.
El sistema no es rentable en absoluto y cada año exige ingentes recursos del sector público, con el fin de conseguir una tarifa viable para los usuarios.
Como fue conocido, el año pasado se hizo una propuesta legal que aumentaba el aporte estatal en $120.000 millones en los años 2015, 2016 y 2017; y de $260.000 millones el año 2018. Mientras en regiones (fondos espejo) el subsidio se destinará al financiamiento de iniciativas de transporte, conectividad y desarrollo local, en Santiago los nuevos recursos estarán dirigidos a financiar déficit del sistema.
Conviene tener presente aquello, considerando que el grueso de los errores estratégicos de este país han ocurrido en Santiago y no en provincias, que curiosamente resultan tan mal miradas desde el centro.
Como si fuera poco, otro de los principales problemas del sistema sigue siendo la evasión del pago de pasajes en buses, el que se duplicó entre 2007 y 2015, lo que genera una fuga de recursos estimados por expertos en US$ 150 millones al año.
El cóctel se completa con una mala evaluación del servicio, falta de puntos de recarga de la tarjeta Bip y una insuficiente infraestructura de zonas pagas. Ello explicaría el por qué casi de tres de cada 10 pasajeros no cancela la tarifa, según Transportes.
Debe insistirse, ese dinero sale del bolsillo de todos los chilenos, lo que no es justo, ni eficiente.
Debemos tener presente estas cuestiones cuando se trata de proyectos en regiones, donde siempre la autoridad central se encarga de enfatizar que todo debe ser negocio, o viable económicamente.
Esto es, por cierto lo óptimo, pero también es exigible que cuando ello no es posible (como la construcción de viviendas, tranvías urbanos, nuevos caminos y otros), se aplique la misma medida.
Lo peor es que nada indica que el desastre del Transantiago en vías de solucionarse.