La investigación parlamentaria sobre robos y despilfarros de dinero público por el Gobierno de Venezuela será "de dimensiones verdaderamente colosales", anunció ayer el presidente electo de la Asamblea Nacional (AN), el opositor Henry Ramos Allup.

"Se puede y se debe revisar todo y me temo que es tal el volumen de dinero público despilfarrado, apropiado o robado que esta va a ser una investigación de dimensiones verdaderamente colosales", declaró Ramos, quien desde hoy presidirá la unicameral AN.

Los 112 diputados opositores al Gobierno del Presidente Nicolás Maduro jurarán hoy e inmediatamente comenzarán a fiscalizar al Ejecutivo, así como a revisar "todas las leyes que haya que revisar, modificar, en el buen sentido de la palabra, cuando haya que modificar", declaró al canal privado Globovisión.

La corrupción en la llamada Revolución Bolivariana, iniciada por el fallecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013), principalmente en el marco del control estatal de divisas que rige desde 2003, fue una de las denuncias que marcó la campaña electoral opositora de cara a las elecciones parlamentarias que ganó el 6 de diciembre pasado.

Con 112 diputados, la oposición obtuvo dos tercios del total de 168 escaños de la AN, y 55 las fuerzas afines a Maduro, aunque el Tribunal Supremo de Justicia aceptó impugnaciones en contra de tres diputados opositores y uno chavista, a quienes prohibió jurar cuando hoy arranque la labor del Parlamento.

Ramos Allup reiteró que la mayoría opositora no acatará tal prohibición por tratarse de una "decisión burocrática" de un poder del Estado cuyos miembros fueron elegidos por el oficialismo y que no pueden hacer "negatoria, ilusoria o fantasiosa las facultades de un poder electo directamente por el pueblo" como es la AN.

Sobre la posibilidad de que la mayoría parlamentaria promulgue una ley que eleve el número de magistrados del Supremo, para así dejar en minoría a los acusados de ser jueces afines al Gobierno, Ramos remarcó: "No voy a emitir juicios de valor sobre reformas legislativas". No obstante, sostuvo que en las filas opositoras parlamentarias "hay ánimo de constituir en poder autónomo, pero sin desafíos, pero tampoco sin aceptar agresiones".

Los gobiernos suníes de Baréin, Sudán y Emiratos Árabes Unidos confirmaron ayer su apoyo a su aliado Arabia Saudita al romper o disminuir sus relaciones diplomáticas con Irán, después de que el domingo por la noche lo hiciera Riad, y acrecentaron así la ruptura entre suníes y chiíes en Medio Oriente.

Tras los asaltos a la embajada saudí en Teherán y al consulado en la ciudad iraní de Mashhad después de la ejecución del disidente clérigo chií Nimr Baqir al Nimr, Arabia Saudita decidió el domingo romper sus relaciones diplomáticas con Irán, medida que ayer siguió en primer lugar el Ejecutivo bareiní.

Manama anunció la ruptura de sus lazos diplomáticos con Teherán y dio 48 horas de plazo para que los diplomáticos iraníes abandonen el país.

El gabinete bareiní informó que tomó esta decisión en respuesta a "la flagrante y peligrosa injerencia" de Irán en los asuntos internos de Baréin y de los demás países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). Esta organización está integrada por Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Arabes Unidos, Catar, Omán y Baréin.

Manama denunció los "ataques cobardes" contra las representaciones diplomáticas saudíes en Irán, que tildó de "reflejo de las políticas sectarias" iraníes que hay que "afrontar con toda la fuerza" para "preservar la seguridad y la estabilidad" de la región.

Sudán, aliado de Arabia Saudita en la coalición que esta lidera en el Yemen en su lucha contra el grupo rebelde chií de los hutíes, se sumó a Baréin y cortó sus relaciones diplomáticas con Irán "de forma inmediata".

El Ministerio sudanés de Asuntos Exteriores condenó en una nota las "intervenciones iraníes en la región" basadas en el sectarismo y la "negligencia del Gobierno iraní" en los asaltos a las legaciones saudíes, que calificó de "práctica hostil y extremista".

Emiratos Arabes Unidos (EAU) no tomó una medida tan drástica, pero decidió reducir su representación diplomática en el país de mayoría chií.

Así, el Gobierno emiratí ordenó a su embajador en Teherán, Saada Seif al Zaadi, que regrese a casa y redujo su presencia oficial en el país al nivel de un encargado de negocios. EAU motivó esta "medida excepcional" en la "injerencia continuada iraní en los asuntos internos de los países árabes del Golfo (Pérsico), que ha llegado a niveles sin precedentes".

Las autoridades iraníes criticaron la decisión de Arabia Saudita de romper las relaciones y la tacharon de "apresurada" y de resultado de la "frustración" y una muestra de "debilidad".

Mientras, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hizo un llamado a Irán y Arabia Saudita a que eviten cualquier medida que pueda exacerbar las tensiones entre los dos países y calificó como "deplorable" el ataque sufrido por la embajada saudí.

Esta situación no ha hecho más que acrecentar el cisma existente entre suníes y chiíes en Medio Oriente. Algo que Arabia Saudita no parece dispuesta a revertir tras la suspensión ayer de todos sus vuelos con destino y origen en Irán, como anunció la Autoridad General de Aviación Civil del reino ultraconservador.

La escalada de tensión también dejó escenas de violencia en Arabia Saudita e Irak. El domingo por la noche, un hombre murió y un niño resultó herido en enfrentamientos en la localidad saudí de Al Auamiya, pueblo natal del clérigo chií, en la región de Al Qatif.

También se han registrado ataques contra las sedes diplomáticas saudíes en Irán. Con el objetivo de condenar estos hechos, la Liga Árabe convocó a una reunión para este domingo.

Esta creciente tensión entre chiíes y suníes se ha producido debido a la ejecución del disidente clérigo chií Al Nimr, a manos de las autoridades saudíes. Al Nimr fue ejecutado junto a otros 46 condenados acusados de terrorismo, entre los que figuraban suníes radicales y algunos destacados miembros de Al Qaeda, pero también activistas chiíes.