Las encuestas lo dicen y lo reiteran: la aprobación ciudadana a los políticos es baja, bajísima. Y lo peor es que esas malas notas se traspasan a las instituciones. Así, la nota que se pone al Congreso también es deficiente. Y esta realidad contagia todo el sistema democrático.

Esta pobre apreciación no es un capricho. Es el resultado de una sumatoria de hechos, de variadas situaciones dudosas y criticables. Así, queda al descubierto una verdadera feria donde se transan facturas y boletas "ideológicamente falsas" para financiar a los políticos. A los de aquí y a los de allá.

Estas situaciones han llegado a los tribunales y las instituciones, en medio de atendibles dudas, han comenzado a funcionar.

Pero hay hechos que están más allá de las leyes, pero que son igualmente graves y añaden leña a la pira donde arde el prestigio de políticos e instituciones. Nada ilegal, pero si alejado de los márgenes morales en que deben situarse los servidores públicos, los designados y los elegidos.

Tal es el caso del senador DC Jorge Pizarro, quien en momentos en que la tragedia azota a la zona que representa, parte a Inglaterra para asistir al torneo mundial de rugby, su deporte favorito.

Como todas las personas es lógico y es bueno que los servidores públicos tengan aficiones. Puede ser el rugby, el fútbol, la filatelia, el yoga o la brisca. Pero aquel elegido como representante de miles de personas no puede (o debe), en momentos de aflicción de sus representados, priorizar su pasatiempo antes que su tarea junto a los que sufren.

Es cierto que tras el terremoto y maremoto Pizarro visitó la zona. Pero fue una visita breve, apuradito, mirando el itinerario aéreo. Es cierto también que los parlamentarios no tienen funciones ejecutivas y que no pueden disponer recursos o ayudas en la zona siniestrada.

Pero hay algo que vale mucho: la compañía a los que sufren, la presencia en medio de las aterradoras réplicas y ruinas; compartir, escuchar en medio del desolador cuadro que día a día nos presentan los medios de comunicación.

En el viaje del senador Pizarro no hay nada ilegal, pero si una actitud de frivolidad que sin duda lo podría afectar en futuras elecciones y que lesiona a las instituciones y también a su propia colectividad, la DC, que preside, nacida bajo la inspiración del humanismo cristiano, término que supone poner en primer lugar a las personas, especialmente a las sufrientes, como es el caso preciso de aquellos que con su voto lo llevaron a la Cámara Alta.

Una de las mayores reformas que hemos promovido como gobierno, es la Reforma a la Educación, la cual tiene como objetivo entregar igualdad de oportunidades a todos los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, sin importar la situación económica de su origen.

Uno de los pilares fundamentales en que se basa la Reforma Educacional promovida por la Presidenta Michelle Bachelet, es la Ley de Inclusión Educativa, que pone gradualmente fin al lucro, el copago y la selección. Esta Ley tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación del sistema escolar chileno e igualar las condiciones para que todos los colegios, que reciben subvención del Estado -ya sea municipales o particulares subvencionados- puedan entregar una educación de calidad.

Esta Ley propone, paulatinamente, un cambio de paradigma del sistema educacional, modificando la lógica en la que se sustenta, dejando atrás la visión de la educación como un bien de consumo y avanzando a garantizarla como un derecho de todos los niños, niñas, jóvenes y sus familias.

La Ley de Inclusión otorga más derechos a los estudiantes y apoderados, para escoger la escuela donde quieren que sus hijos estudien, sin estar condicionados a la capacidad de pago o a las capacidades académicas de las y los estudiantes.

La normativa aborda principalmente tres temas. En primer lugar, transforma gradualmente la educación subvencionada en gratuita, para que todas las familias tengan la posibilidad de elegir establecimientos con libertad sin que eso dependa de su capacidad económica. En segundo lugar, elimina el lucro en los establecimientos que reciben aportes del Estado, lo que significa que todos los recursos que recibe el establecimiento de nuestras niñas y niños deben ser invertidos en mejorar la educación. En tercer lugar, termina con la selección arbitraria, lo que permitirá que los padres puedan elegir el colegio y el proyecto educativo que más les guste para sus hijos.

En Atacama nueve fueron los colegios que, dentro del plazo que entrega la Ley, decidieron adscribir al nuevo régimen de gratuidad, manteniendo la administración de sus sostenedores y, de esta forma, asegurar la continuidad de su proyecto educativo, lo cual comenzará a regir desde marzo de 2016. Como Ministerio de Educación esperamos que al año 2018, el 93% de los Establecimientos Educacionales hayan pasado a la gratuidad total.

Pilar Soto Rivas

Seremi de Educación