Mauricio Mondaca

El canciller Heraldo Muñoz afirmó ayer que el fallo que emitirá la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya el jueves sobre su competencia en la demanda marítima de Bolivia es solo "procesal" y subrayó que no pone en juego la "integridad territorial" de Chile.

"Tarde o temprano Bolivia tendrá que entender que no puede obligar a Chile a concederle territorio, pero ese no es el tema de hoy día, ahora es meramente si la Corte se declara competente para conocer o no la demanda boliviana", afirmó Muñoz.

El jefe de la Cancillería encabezó junto al agente en La Haya, Felipe Bulnes, una reunión con el comité asesor para la demanda de Bolivia, integrado por una treintena de expertos en derecho internacional, diplomáticos, historiadores y otros personeros.

El ministro de Relaciones Exteriores dijo que no va a responder los últimos dichos del Presidente de Bolivia, Evo Morales, quien acusó a Chile de invadir territorio boliviano con el apoyo de Inglaterra y convocó a sus ciudadanos a una vigilia ante el fallo.

"No voy a responder las reiteradas agresiones verbales del Presidente de Bolivia", comentó el secretario de Estado.

Los equipos jurídicos de Chile y Bolivia comparecieron en mayo pasado en las audiencias de alegatos orales convocadas por la CIJ para tratar la petición chilena de que el tribunal se declare incompetente para juzgar la demanda boliviana, que quiere que la Corte obligue a Chile a negociar un acceso soberano al mar.

Argumentos chilenos

La Moneda objetó la competencia del tribunal con el argumento de que los límites fronterizos quedaron sellados en el Tratado de 1904, firmado 25 años después de la guerra en la que Bolivia perdió su acceso al Pacífico.

"Chile tiene mucha confianza en que vamos a defender muy bien el interés nacional y que esto será resuelto ahora o más adelante, pero no nos cabe la menor duda que lo que interesa es proteger, defender, salvaguardar la integridad territorial de nuestro país y esto está fuera de toda cuestión", declaró el canciller.

Muñoz agregó que el jueves presenciará la lectura del fallo de la CIJ en La Moneda junto a la Presidenta Bachelet.

Según fuentes gubernamentales citadas por la agencia EFE, la Mandataria analizaría ayer la demanda boliviana en un encuentro con los parlamentarios de las Comisiones de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y del Senado.

El Presidente de Bolivia, Evo Morales, declaró ayer una vigilia en ese país y ordenó hacer flamear la bandera de la reivindicación marítima hasta el jueves, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronuncie su resolución sobre la objeción preliminar de Chile a la demanda boliviana.

"Hemos declarado una vigilia y convocamos a todas las instituciones del Estado, a todos, izar la bandera de reivindicación marítima", dijo el Mandatario en un acto en San José de Chiquitos del departamento de Santa Cruz.

"Esta semana será histórica e inédita porque el jueves 24 la Corte de La Haya anunciará si es o no competente en tratar el tema del mar. Estoy convencido que se dé su competencia. Esperamos buenas noticias desde La Haya porque tenemos la verdad", agregó.

Bolivia presentó en abril de 2013 una demanda para que la Corte Internacional de Justicia obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar.

El Mandatario instó a la población a "esperar con paciencia y humildad" el fallo.

Según Morales, el jueves es una jornada "crucial, histórica e inédita" para los bolivianos porque -a su juicio- La Haya dará una buena noticia al país.

"Desde el momento que ha admitido la demanda de Bolivia (la CIJ) sabe que es de su competencia por eso estamos convencidos que habrán buenas noticias el jueves desde La Haya", recalcó.

Morales echó a andar la ofensiva por el fallo en la Corte de La Haya después de que el "No" mostrara ayer una amplia victoria en un referendo para dotar de mayor autonomía a cinco de las nueve regiones de Bolivia, proceso impulsado por el Gobierno de Morales, según resultados preliminares.

El Órgano Electoral de Bolivia dijo que la opción por el "No" superaba el 70% de los votos sobre el 10% del total en las cinco regiones, incluyendo La Paz.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, firmó ayer un protocolo de acuerdo con el Congreso para congelar las dietas de las principales autoridades del país a partir del 1 de diciembre de este año.

La medida incluye al sueldo del Presidente de la República, de los ministros de Estado, subsecretarios, los intendentes regionales, senadores y diputados.

El secretario de Estado participó en la firma del documento junto a los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, Patricio Walker y Marco Antonio Núñez, respectivamente.

El titular de Hacienda explicó que estas autoridades van a mantener sus remuneraciones en términos nominales al menos hasta noviembre del 2016.

Según Valdés, "queremos buscar una solución permanente a este tema y conformar una comisión con representantes del Senado, de la Cámara y del Ministerio de Hacienda para revisar el sistema actual que tenemos de reajustes, de dietas y los criterios para su determinación".

Agregó que dicha instancia "también va a trabajar junto con la comisión que existe hoy de Asignaciones Parlamentarias, que nos va a ayudar en este proceso. Queremos darle cuatro meses a esta comisión para presentar sus propuestas".

Valdés destacó que "esto es un signo concreto en que el tema de la austeridad, de las reglas, cómo se determinan distintas cosas en el sector público importan. Queremos agradecer la buena disposición que han tenido tanto el Senado como la Cámara".

Posible ahorro

Respecto del ahorro del erario por esta medida, Valdés afirmó que "va a depender de cuánto termine siendo el reajuste del sector público y en caso particular de las altas autoridades va a depender cuánto sea la inflación. Lo que está pasando es que el salario real está cayendo en lo que aumenta la inflación y eso no se va a recuperar en el caso de las autoridades más altas del Estado".

El presidente del Senado, Patricio Walker (DC), dijo que la medida se trata de "una señal, yo diría mínima, de austeridad, de querer ayudar a reducir las desigualdades que existen, las diferencias entre los altos sueldos del Estado y aquellos que ganan menos".