A través de un comunicado de prensa, el Consejo Regional informó que las objeciones del documento emanado de la Contraloría General de la República están siendo revisadas por la comisión de Régimen Interno del Consejo Regional.

Agrega el texto que "por primera vez se realizó una fiscalización a todos los consejos regionales del país, para el período comprendido entre enero y junio 2014. Por esta razón, en esta fiscalización se menciona a consejeros del consejo anterior y consejeros actuales".

Según el documento se señala que "en este proceso se observaron por parte de la Contraloría una serie de situaciones y/o errores administrativos, y por no existir procedimientos al respecto, hoy están siendo revisados por la comisión de Régimen Interno del Consejo Regional".

También se señala que "desde el inicio de este Consejo Regional ha sido de interés y preocupación de estos consejeros regionales actualizar el Reglamento Interno del Consejo Regional, instrumento que norma las actuaciones de los consejeros y que debe ser concordante con la nueva ley de gobiernos regionales".

Además se explica que "mientras no se aprueben estas modificaciones, el actual Consejo Regional debe funcionar con el reglamento existente y que data de 2008".

Asimismo, se busca que los hechos que realizan sean de conocimiento de la comunidad. "Paralelamente con la actualización del reglamento Interno del Consejo estamos solicitando mejorar la accesibilidad y actualización de la página pública de transparencia donde cualquier ciudadano o ciudadana podrá conocer el detalle de nuestras actividades, actas de comisión, actas de plenos y demás gastos en los que incurra cada consejero, en el cumplimiento de las funciones inherentes a nuestro cargo", señala el texto.

Finalmente dice que "aún cuando nos corresponde acatar lo indicado en el informe de Contraloría, es dable señalar que como Consejo Regional tenemos diferencias con el contenido de dicho informe. Por tal motivo, hemos acordado apelar ante dicho órgano contralor, respecto de aquellas materias propias de nuestra función, en las que aún mantenemos diferencias y que hasta hoy nunca fueron observadas por la Contraloría.

El informe de la Contraloría General de la República respecto a la fiscalización de los gastos de los consejeros regionales y que evidenció presuntas falencias en la gestión de algunos de los actuales y ex integrantes del Consejo Regional, se encuentra en manos del Ministerio Público, organismo que ya inició las diligencias para indagar un supuesto hecho que puede revestir carácter de delito, el que no fue denunciado en su oportunidad.

En particular, se trata de la situación del consejero regional Manuel Reyes (PC), quien de acuerdo a la fiscalización de la Contraloría entregó tres boletas, las que supuestamente fueron adulteradas. Según el texto, en una de ellas el monto original era de $3.190 y el presentado fue $43.190. En otro de los casos el monto alcanzó los 5.990 y el entregado de 65.990 y la última de ellas de 1.000 y el presentado $32.180.

Las boletas tienen fecha de 28 de abril de 2014 y 27 de abril del mismo año y generaban una diferencia respecto del monto que correspondía a los recibos sin adulterar que alcanzaba los $131.180. Luego el consejero las retiró, por lo que no fueron cobradas.

Según el documento, esta presunta adulteración fue informada por el jefe de Departamento de Administración y Personal a la jefa de División Administración y Finanzas del Gobierno Regional (Gore) en julio de 2014. Sin embargo, no se denunció al Ministerio Público.

En el documento, el Gore al ser consultado por la Contraloría General de la República informó que "los sistemas internos de control establecidos operaron oportunamente, de tal forma que el hecho le fue representado verbalmente al interesado y él de motu proprio, pidió que fueran retiradas (boletas), no existiendo perjuicio".

Agrega que "teniendo presentes las exigencias de tipo penal, particularmente ante la imposibilidad de acreditar la efectiva producción de un perjuicio, al impacto social, moral y físico (consejero se encuentra en tratamiento de quimioterapia) no se estimó procedente formalizar la denuncia".

FISCALÍA

Consultado el fiscal Alexis Rogat explicó que el caso de las supuestas boletas adulteradas debió haber sido denunciado al Ministerio Público o a las policías, según el artículo 175 del Código Procesal Penal. "El estatuto administrativo establece la obligación de todo aquel que es funcionario público de denunciar hechos que sean constitutivos de delito, que le consten o de los cuales tenga conocimiento. Estarán obligados a denunciar los fiscales y los demás empleados públicos los delitos que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones y especialmente en su caso los que notaren en la conducta ministerial de los subalternos", explicó.

Respecto a la situación de los funcionarios del Gobierno Regional que tomaron conocimiento de esta presunta acción y no la denunciaron ante el organismo competente, estos también podrían ser sancionados penalmente. "Podrían ser perseguidos por esa responsabilidad que establece el artículo 175 del Código Procesal Penal, si la acción penal se encuentra prescrita podrían ser sancionados por las normas bases de la administración pública", dijo.

El fiscal solicitó a personal de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI efectuar las diligencias respectivas para iniciar las indagatorias.

Asimismo, la Fiscalía de Atacama también derivó el informe al Consejo de Defensa del Estado para que se haga parte del proceso.