En una ceremonia pública que no estuvo exenta de cierta "incomodidad", por las protestas de los profesores y funcionarios públicos que coincidieron con la hora de la actividad, el intendente de Atacama, Miguel Vargas hizo entrega oficial del estudio de Impacto Ambiental de la Planta Desaladora, a la Empresa Nacional de Servicios Sanitarios, ECONSSA, quienes serán los responsables de gestionar el ingreso de este estudio al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Vargas en su discurso enfatizó que esta es la materialización de un compromiso del gobierno para enfrentar el escenario hídrico que viven las comunas de Copiapó, Caldera, Tierra Amarilla y Chañaral. Además reafirmó que el gobierno ser hará cargo del costo de construcción de la desaladora, que tiene como fecha tentativa de operación en 2018, para evitar el aumento de los valores de la boletas.
Mientras que Jorge Icaza, presidente del directorio de Aguas Chañar, indicó que "nosotros estamos muy contentos de escuchar lo que ha dicho el intendente, en el sentido de que va haber un mecanismo para que las cuentas no suban con la construcción de la planta. Nosotros somos los más contentos de que nuestros clientes no tengan el costo de asumir el alza en la tarifa".
Proyecto
Respecto a la construcción del proyecto, el intendente sostuvo que "CCIRA ya ejecutó un Estudio de Prefactibilidad para una planta desaladora que entre sus conclusiones señala que el mejor lugar para su instalación sería el sector de Punta Zorro en la ciudad de Caldera".
Cabe resaltar que durante un año y tres meses y bajo una inversión de 516 millones de pesos, financiados por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), los equipos de trabajo de la Corporación para la Competitividad e Innovación de Atacama (CCIRA), la empresa Aguas Chañar y la secretaría regional ministerial de Obras Públicas, trabajaron arduamente para finalizar el Estudio de Impacto Ambiental de la Planta Desaladora.
Las autoridades esperan que durante la semana el documento sea ingresado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Por ley los proyectos debieran demorar en el orden de los 180 días y en ese sentido Vargas subrayó que "esperamos que la evaluación sea rápida porque necesitamos que la planta se empiece a construir en el menor tiempo posible de acuerdo a las urgencias que tenemos en la región de Atacama y esperamos que esté construida para el 2017 y en operación para el 2018. Con esto estamos en condiciones de asegurar el abastecimiento".
El proyecto global contempla además de la planta desalinizadora, las obras de captación de agua de mar, la descarga de salmuera al mar, las obras de elevación y conducción del agua producida hasta los estanques de regulación de Caldera y de Copiapó, y las obras anexas correspondientes: alimentación eléctrica, re cintos, estanques, plantas elevadoras, obras anexas, etc.