Ha llamado la atención el incremento que en los últimos meses ha tenido la venta callejera o comercio ambulante. En carros, tarimas, canastos o en el suelo, las personas se dedican a expender desde productos alimenticios, hasta abarrotes, gorros, ropa o DVD pirateados. Esta informalidad incluso llevó a que el fin de semana los comerciantes de la Feria Libre reclamaran con banderas negras ante la falta de control.
Hay que reconocer que cuando Carabineros mantiene una mayor presencia, la situación se ve controlada. No obstante, cuando no es así, seguramente por las múltiples tareas que recargan la función policial, el comercio informal y que no cumple con las exigencias legales establecidas para la actividad, reaparece, provocando la molestia en quienes efectivamente se organizan y cumplen con las disposiciones para esta actividad.
Durante muchos años, el comercio establecido ha planteado la necesidad de que se sancione tanto a quienes venden como a quienes compran en las calles. Hay que considerar que esta actividad informal es un buen negocio, ya que no se pagan impuestos, arriendos, servicios, etc. Sin embargo, sancionar a ambos actores no es suficiente, ya que se requiere que en los casos en que se dicten esas ordenanzas, haya policías e inspectores municipales encargados de su control.
Resulta evidente que no basta con dictar las normativas, pues hay que hacerlas cumplir. En caso contrario, se transforman en ordenanzas de poca aplicación. A la vez, la ciudadanía pierde credibilidad en toda esta normativa, pues sabe que existe pero da lo mismo cumplirla o no. Estas son razones de peso para que el control del comercio callejero informal sea controlado de manera efectiva, como también la necesidad de frenar cadenas delictivas que encuentran en el comercio ilegal eslabones como el de la reducción de especies. En otros casos, el comercio ilegal también genera inseguridad en las calles, aceras y en el tránsito en general.
Es por eso que este es un tema que debe seguir llamando la atención de la autoridad.