'Debemos preocuparnos de bajar los índices de esta localidad en específico, a través de una alianza público privada y de la focalización de todos los instrumentos de gestión que tiene el Gobierno en materia de empleo', declaró el subsecretario del Trabajo, Zarko Luksic, quien realizó una visita a la región.
Desde las 8:30 de la mañana de ayer que los secundarios ya marchaban en la calle. Cerca de 3 mil estudiantes, recorrían algunas de las principales arterias de la capital regional, en una marcha que empezó a encaminarse a eso de las 10:20 de la mañana hacia la Municipalidad para hablar con el alcalde.
Katherine González Ahumada
Chile es uno de los seis países del mundo, donde se mantiene la más absoluta penalización de la interrupción del embarazo, independiente de cuales sean sus causas.
Esta prohibición no ha sido histórica en nuestro país, ya que en 1931, introducido en el código sanitario bajo el artículo 119, se permitía la interrupción del embarazo en las tres causales que hoy se discuten. Entre 1970 a 1972, se amplió la interpretación de la norma, otorgando a la mujer el derecho de decidir llegar a término con su embarazo, considerando variables psíquicas, sociales, culturales, económicas, entre otras. El aborto terapéutico fue prohibido en Chile en el año 1989, como una de las últimas medidas de la dictadura de Pinochet. Desde entonces, han sido varias las oportunidades que se ha planteado reponer la interrupción legal del embarazo, pero finalmente no se ha alcanzado el consenso necesario para reponer la norma.
En Chile, según datos oficiales se practican aproximadamente 33.000 abortos al año, es decir, cada hora 14 mujeres se practican un aborto (según el Movimiento por la interrupción legal del embarazo, se habla de 150 mil abortos al año). Las mujeres que lo practican, son de todos los sectores socioeconómicos, pero sólo mueren o se encarcela a mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, quienes se enfrentan a manipulaciones inseguras y clandestinas, ya que la posibilidad de obtener servicios médicos seguros depende de la capacidad económica que disponga la mujer. Esta situación lamentable es una realidad es nuestro país, constituyendo una injusticia social y un problema de salud pública, contraviniendo los compromisos contraídos por el Estado de Chile en la 4° Convención de la Mujer realizada en Beijín y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).
Es necesario y urgente tener un debate serio, amplio, profundo y con altura de miras acerca de este tema, un hecho que es una realidad en Chile. La penalización vulnera entre otros el deber de garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y el Estado debe garantizar que todas las mujeres puedan tomar decisiones informadas al respecto y si lo deciden, tenga acceso a la interrupción del embarazo de manera segura y sin castigos legales.
Hace unos días en Antofagasta se registró el fatal atropello de una joven de 17 años por un conductor que manejaba en estado de ebriedad y con su licencia vencida. El hecho, muy lamentablemente, es una dolorosa y repetida historia en los caminos y carreteras de nuestro país. Pese a las campañas informativas y los sucesivos controles por parte de Carabineros, este problema no se solucionará si no existe una verdadera cultura que aplique una simple ecuación: si maneja no puede beber alcohol.
La muerte de cada persona, especialmente de niños y jóvenes destroza para siempre a toda una familia y marca para mal, un antes y después en sus existencias. En la mayoría de los casos, estos irresponsables choferes tienen sus licencias vencidas, suspendidas o simplemente no cuentan con ella, situación que agrava aún más el dolor de los familiares de las víctimas, sin contar que los infractores quedan libres a las pocas horas de su detención.
De ser simples conductores se transforman en un peligro público.
El fracaso de Ley Emilia sólo viene a dejar en claro que hay un escasa voluntad de terminar con este problema de raíz, ya que técnicamente una persona que mata a otra y maneja bajo los efectos, a lo sumo tendrá como castigo la suspensión de dos años de su licencia de conducir y firmará una vez al mes en Gendarmería.
Es hora de generar un potente debate sobre el tema y de frenar una realidad que quita la vida a decenas de personas cada año, donde las penas parecen una cruel broma para quienes son protagonistas de estas historias que se repiten una y otra vez.
Durante el último fin de semana largo, Carabineros detuvo a varias centenas de conductores por manejar bajo los efectos del alcohol, lo que deja en claro que el problema alcanza niveles preocupantes.
No hay doble lectura en este tema: quien asume la responsabilidad de manejar bajos los efectos del alcohol tienta a la muerte, para sí y quienes le rodean.
La Corema solicitó en un segundo informe con observaciones, enviado la semana pasada, que la minera Barrick Gold no intervenga los tres glaciares que están sobre el yacimiento aurífero Pascua Lama que pretende explotar en la cordillera de la región. Señaló en el informe que la empresa replantee su método de explotación.