Mabel González

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, se reunió ayer con la recién nombrada directora nacional del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Ximena Clark, con quien ratificó el compromiso del Gobierno de realizar un nuevo censo abreviado tras la fallida medición de 2012.

"Necesitamos tener un censo con estadísticas confiables y creíbles que pueda ser utilizado para la implementación de políticas públicas. Esa ha sido la evaluación de los expertos respecto de los fallos que ocurrieron en el censo anterior (Censo 2012)", apuntó el ministro, y enfatizó que "vamos a realizar un censo, vamos a tener estadísticas que nos permitan realizar nuevas políticas públicas".

Céspedes afirmó que la realización de un nuevo censo es una prioridad del Gobierno de Michelle Bachelet, pero indicó que aún no cuentan con los plazos establecidos.

"Respecto de los detalles del censo, los vamos a ir comunicando (junto con) la directora del INE conforme se vayan generando los programas" y se realice una serie de informes técnicos al censo 2012, señaló al respecto, y agregó que "Chile requiere un INE que genere estadísticas de calidad a nivel mundial, de forma tal de mejorar las estadísticas que nos permitan tomar mejores decisiones para las políticas públicas".

La directora del INE declaró que "hay varios temas asociados al censo que en el tercer día que yo estoy en ese cargo la verdad es que no sería muy serio ni justo con ustedes que empezara a dar detalle".

Sin embargo, Clark precisó que se está realizando una evaluación técnica y legal de los resultados del Censo 2012 para medir su nivel de confiabilidad para aplicaciones en la gestión del Ejecutivo.

"Son temas que se van a evaluar y que tienen prioridad y, además, nosotros vamos a tener una política de comunicar con anticipación a los medios en particular, para que puedan masificar esta comunicación lo más claro posible", señaló la directora.

El economista David Bravo, miembro de la comisión externa del proceso censal 2012, valoró la determinación de realizar un nuevo censo, ya que a su juicio la cifra final de 16,3 millones de chilenos no es confiable, por lo que sugiere el año 2016 como fecha tentativa para un nuevo sondeo.

"Va por el camino correcto, aunque se tiene que evaluar dentro del INE. Sería importante también retirarle el carácter oficial a los datos que están en la página y que solamente llevan a la confusión de las personas", sugirió Bravo, consignado por radio Cooperativa.

En noviembre, un informe de una comisión de expertos internacionales desestimó la realización de un censo abreviado y afirmó que los datos del proceso de 2012 son útiles para políticas públicas.

Frente a esas recomendaciones, el entonces director del INE, Juan Eduardo Coeymans, afirmó que apurar un censo para el año 2016 podría terminar con un proceso peor que el de 2012.

La Presidenta Michelle Bachelet, en tanto, se ha mostrado siempre a favor de hacer un nuevo censo, incluso durante sus días como candidata, cuando abrió la posibilidad de recurrir a esta medida.

Conocida la determinación del nuevo Gobierno, el ex subsecretario de Economía, Tomás Flores, defendió lo realizado por la administración anterior respecto del Censo 2012, y llamó a la nueva gestión a ser prudentes y esperar los estudios especializados antes de sacar conclusiones. "Los antecedentes que elaboró el profesor (Juan Eduardo) Coeymans (ex director del INE) pueden ser de bastante utilidad en esta materia y esa base de datos probablemente es la más completa sobre la caracterización de la sociedad chilena", señaló Flores en declaraciones a radio Cooperativa.

La ministra secretaria general de la Presidencia, Ximena Rincón, anunció que el Gobierno aplicará suma urgencia al proyecto de reforma constitucional para permitir el voto de los chilenos que se encuentren en el extranjero.

Tras una reunión con la Presidenta Michelle Bachelet, la secretaria de Estado informó que el Ejecutivo ingresará una indicación a la iniciativa para asegurar que las personas en el exterior no deban inscribirse cada vez que se desarrolle un proceso eleccionario.

"Es decir, basta la inscripción, de acuerdo a la Ley Orgánica, y cada vez que se cambie de domicilio, será necesario acudir al Consulado respectivo para oficializar ese hecho y quedar habilitado para votar en esa ciudad del exterior", explicó la titular de la Segpres.

Rincón recordó que "ésta es una iniciativa impulsada por las senadoras Soledad Alvear (DC) e Isabel Allende (PS), ustedes vieron todo el trabajo que ellas hicieron, y el acuerdo que se votó en el Senado fue negociado para contar con los votos del Gobierno en esa época".

La ministra afirmó que el única modificación que se le hará a la iniciativa es esa indicación sobre la inscripción. "El resto va a ser exactamente igual como se votó en el Senado, en el ánimo es que los chilenos que viven en el exterior puedan votar en las elecciones", sostuvo. Con este impulso, el texto legal tendrá 20 días de tramitación en el Congreso, periodo en el que el Gobierno podría asegurar uno de los compromisos de campaña de la jefa de Estado. De hecho, Rincón expresó su deseo de que el proyecto se convierta en ley antes del 21 de mayo.

El Gobierno resolvió invalidar los acuerdos tomados por el anterior Ejecutivo sobre el proyecto energético HidroAysén, y anunció que se pronunciará sobre el asunto en 60 días. La medida implica suspender los estudios de impacto ambiental del megaproyecto.

La construcción de las centrales hidroeléctricas en Aysén, un proyecto de US$ 3.200 millones, está paralizada debido a 35 reclamaciones medioambientales, las cuales fueron en su mayoría resueltas en una reunión ministerial celebrada en enero cuando todavía era Presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo, un comité de ministros del Gobierno decidió ayer invalidar los acuerdos alcanzados el 30 de enero pasado en una reunión encabezada por la entonces ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez.

El nuevo ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, explicó ayer que se invalidará la resolución de la reunión de enero pasado porque tiene "vicios de ilegalidad".

"Estimamos que lo pertinente es que los recursos de reclamación puedan verse integralmente. Creemos que con esta decisión las materias reclamadas vuelven a su cauce institucional", dijo Badenier al finalizar la reunión del comité.

"En el plazo legal de 60 días este comité de ministros se pronunciará sobre el fondo de las materias reclamadas de manera integral y simultánea como corresponde de acuerdo a la ley", agregó.

El proyecto HidroAysén consiste en la construcción y operación de cinco centrales hidroeléctricas, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, ubicadas en la Región de Aysén. El complejo hidroeléctrico aportaría 2.750 MW al Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de electricidad al centro y sur del país, con una capacidad de generación media anual de 18.430 GW.

El ministro de Energía, Máximo Pacheco, lamentó que la discusión sobre el déficit energético de Chile se haya centrado casi exclusivamente en el proyecto HidroAysén.

"El país sabe que este es un proyecto, tenemos que entender que tenemos muchos otros", señaló Pacheco.

Las centrales obtuvieron su aprobación medioambiental en 2011, pero la fuerte oposición de grupos ciudadanos y ambientalistas, que han interpuesto varios recursos judiciales y administrativos contra el proyecto, determinaron que fuera el Gobierno el que adoptara la decisión final a través del Comité de Ministros. En el consejo participan los ministros de las carteras de Medio Ambiente, Energía, Minería, Salud, Economía y Agricultura.

El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) celebró la decisión del Comité de Ministros y señaló que es "una señal de que la institucionalidad ambiental vuelve a su cauce". Esa institucionalidad, agregó la entidad, "incluso ya deficiente, fue sistemáticamente vulnerada por los anteriores Gobiernos". La entidad insistió en que, desde su origen, este proyecto "no debió haber sido acogido a tramitación".

La minorista del retail La Polar informó ayer que su salida del mercado colombiano tendrá un impacto en sus resultados de este año de $ 44.000 millones (unos US$ 77,3 millones). La firma anunció su retiro de Colombia, donde mantenía varias multitiendas que serán vendidas, para concentrar sus operaciones en el mercado chileno.

La compañía resolvió "castigar el 100% su inversión en Colombia, lo que implica un cargo de aproximadamente 44.000 millones de pesos contra el resultado para el año 2013", según señaló en hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS).

Según la comunicación, esa estimación corresponde a la valoración que dio a los activos en Colombia un estudio encargado a la firma Valtin Capitales Asesores Financieros.

La compañía se vio envuelta en uno de los mayores escándalos financieros en Chile en 2012, al reconocer prácticas ilegales en la renegociación unilateral de créditos de más de un millón de clientes, lo que derrumbó sus acciones y provocó que su capitalización bursátil bajara US$ 670 millones en un día.

La crisis financiera de La Polar arrastró al resto de las empresas minoristas en la bolsa local, salpicó al Banco BCI y al Banco Chile, a la auditora externa PricewaterhouseCoopers Chile y a algunas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Quienes eran los principales ejecutivos de la compañía en ese periodo se encuentran aún procesados por la justicia por su presunta responsabilidad en las irregularidades cometidas. La nueva administración de La Polar ha logrado la paulatina recuperación de la compañía en el mercado local, pero la venta de los activos en Colombia reflejan un nuevo traspié.